Decisiva renovación de asambleas y consejos en cajas de ahorro

Las cajas de ahorros están sumidas en un callado proceso de renovación de asambleas y consejos de administración. El silencio que rodea el proceso contrasta, según medios financieros, con su importancia capital. No sólo se ventila por segunda vez desde 1977 quién manda en este tercio del sistema financiero, sino una parte sustancial de la financiación de las próximas elecciones generales y el propio futuro de dichas entidades, cuya función se debate entre su papel tradicional y el de verdaderas instituciones bancarias.

El proceso renovador ha trascendido parcialmente a la opinión pública con motivo de la revocación oficial del intento de reelección por aclamación del presidente de la Caja de Madrid, Felipe Ruiz de Velasco. Sin embargo, ha de afectar durante el presente año a casi todas las cajas. La razón estriba en que el decreto de 1977 sobre órganos rectores, que propició la primera renovación global de 1978, preveía un mandato de cuatro años, que ahora ha terminado o está a punto de finalizar en las 79 cajas existentes.

Primer estatuto de la propiedad

Con una perspectiva de cuatro años, se ha extendido la opinión de que el decreto de 1977 fue casi un estatuto de la propiedad. En efecto, las cajas nacieron con fines de beneficencia hace dos siglos, para poco a poco transformarse en importantes intermediarios financieros, aupados por su carencia de accionistas y su dedicación a captar ahorro popular barato y a destinar gran parte de sus beneficios a obras benéfico-sociales.La indefinición de su propiedad empezó a limitarse en 1975, cuando fueron introducidas en los órganos rectores pequeñas representaciones de los impositores (varias decenas de millones) y de la Organización Sindical verticalista. El fenómeno se acentuó en 1977, con la implantación de la normativa democratizadora ahora vigente, que diversos medios, incluso de la Administración, han considerado seudo-democrática.

Desde entonces, los órganos de gobierno dependen de una asamblea, integrada, en resumen, por tres tipos de delegaciones: entre 60 y 150 impositores (uno de cada veinte, en promedio), que son elegidos por 3.000 ó 4.000 compromisarios, extraídos por sorteo; entre 15 y 30 más nombrados por las entidades representativas relacionadas con la caja de que se trate, sobre todo culturales y benéfico-sociales; y la veintena de miembros del consejo de administración.

El consejo incorpora a su vez las siguientes representaciones: por los impositores, la mitad menos dos (en la práctica, ocho ó nueve); por el personal, otros cuatro; y por las corporaciones o personalidades, ocho más.

En su día, tal sistema de representación suscitó reticencias de la oposición parlamentaria, aunque se rumoreó la posibilidad de que hubiera sido pactado. En líneas generales, además de considerar inapropiada la norma a la importancia del asunto -estaban en juego ideas de propiedad formal y real-, el PSOE se mostró partidario de mayores representaciones institucionales y el PCE de la incorporación de fuerzas económico-sociales.

Escasas renovaciones

El resultado fueron unas renovaciones escasas, como consecuencia también de que los estatutos de distintas cajas fijaban cambios bianuales. Según medios informados, la Confederación Española de Cajas de Ahorros ha estimado en un estudio confidencial que apenas cambiaron la mitad de los administradores. No obstante, el sistema permitió que en las 26 cajas provinciales o municipales fuera consolidado el poder de las corporaciones locales, mientras en las restantes, de fundación privada, los impositores fueron movilizados en favor de las candidaturas aglutinas por personalidades relacionadas anteriormente con las cajas.En opinión de medios que siguen el tema, a nivel estatal UCD y Alianza Popular obtuvieron posiciones similares, aunque en casos particulares les desbordaron simpatizantes de la ultraderecha. La excepción fueron varias cajas vinculadas a corporaciones locales en manos de los socialistas, junto a Cataluña y el País Vasco, donde las respectivas burguesías, representadas por Convergencia y PNV, reafirmaron el reflejo del mapa político, quizá salvo en La Caixa, primera entidad catalana y primera caja española.

Los mismos medios han señalado que en el panorama actual destacan los intentos de perpetuar dicho poder, sobre todo a la vista de que las cajas pueden financiar las campañas electorales de los partidos con criterios más apartados de la comercialidad que siguen buena parte de los bancos. En varios casos, el calendario electoral ya ha cumplido (por citar las más importantes, el 12 de marzo en Alicante y Murcia, 28 de enero en "La Caixa", 30 de enero Guadalajara, 1 de marzo Ronda, y 12 de febrero Santander y Cantabria), si bien el sistema de candidatos individuales y la mínima información facilitada no permite analizar los resultados políticos.

Madrid, el próximo domingo

En el presente mes habrán finalizado los procesos en Almería (día 26), Barcelona (31), Cuenca y Ciudad Real (30), Madrid (domingo próximo), Murcia (26), Palencia (30), Toledo (26), Torrente (28), Plasencia, Pollensa, Pontevedra, Soria, Tarragona, y Valencia. Para abril está previsto en General de Ávila (día 2), Provincial de Córdoba (12), Baleares (19), Antequera, Ávila, Burgos, Cáceres, Ceuta, Manresa, Orense, Asturias, Sabadell, Segorbe, Sevilla, Vigo, Penedés, Inmaculada de Zaragoza, Carlet y Mataró.Ya en mayo pueden celebrar asambleas, aunque se desconoce que hayan sido convocadas oficialmente, Badajoz, General y Provincial de Granada, Huelva, Jerez, Málaga, Malleu, y Popular Valladolid. El resto deben convocarlas para el verano, excepto Municipal de Bilbao (noviembre), Galicia (septiembre), Gran Canaria (diciembre), Municipal de San Sebastián (septiembre), y Álava (diciembre).

El único proceso que hasta ahora ha registrado notorios incidentes ha sido el de la Caja de Ahorros de Madrid. La Dirección General de Política Financiera, con informe del Banco de España, revocó el nombramiento provisional efectuado por el consejo en favor del presidente de los últimos ocho años, Felipe Ruiz de Velasco, por entender que debía tener igualdad de condiciones con los otros candidatos y no ser simplemente aclamado. Para los cargos sometidos a renovación, se presentan 115 candidatos, que fueron proclamados ayer tarde. Entre ellos figuran, por el grupo de personalidades, el propio Ruiz de Velasco, Jesús López Ricardo (último vicepresidente), y el notario Augusto Gómez. Por entidades figura el abogado José María Stampa Braun, de la fundación del colegio de abogados.

Fuentes oficiosas han señalado que el Ministerio de Economía no ha obrado en función de denuncia o pacto alguno, sino por interés de que el proceso se desarrolle en todos los casos escrupulosamente; es decir, que se cumpla al pie de la letra el decreto de 1977. Similares intenciones, según dichas fuentes, aconsejaron hace unos meses al Banco de España parar la avanzada organización de un club de impositores en la Caja de Madrid, creado por un grupo de consejeros, entre ellos el presidente, al parecer con la finalidad última de impedir la nacionalización de las Cajas. El proyecto iba a extenderse a otras provincias y fue gestado poco después de que el último Congreso del PSOE fijara el objetivo de convertir las cajas en sociedades anónimas de capital público.

En medios financieros se especula estos días con la futura configuración de las cajas, especialmente tras conocer los sondeos para que La Caixa adquiera la mayoría de banca Mas Sardá, lo que sentaría un precedente. Fuentes de la autoridad monetaria han reconocido que existe gran expectación, pues cualquier paso que se dé en adelante definirá la nueva configuración de las cajas. En los aspectos operativos están equiparadas formalmente a los bancos, salvo en que sus coeficientes de inversión obligatoria son el doble.