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La Comisión Delegada estudia hoy la reconversión del acero común

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estudiará hoy el borrador de Decreto de Reconversión del Acero Común sobre el que se baraja en círculos del sector la posibilidad de que rebaje la capacidad de producción en 1,5 millones de toneladas.La capacidad de producción actual de las empresas españolas dedicadas al acero común se estima en 5,7 millones de toneladas, oferta que resulta excesiva para la demanda existente, tanto en el mercado interior como en el exterior.

En el mercado interior se consumen actualmente alrededor de 2,9 millones de toneIadas. Las ventas, según los indicadores del sector, podrían ascender hasta 3,1 millones de toneladas. Esta posibilidad, no obstante, se contempla con ciertas reservas porque los compradores tradicionales de acero común, los sectores de construcción de viviendas y obras públicas, no tienen previsto un desarrollo importante a medio plazo.

Competencia desleal

Las exportaciones españolas de acero común suponen alrededor de 0,9 millones de toneladas anuales. El crecimiento de esta actividad está en la actualidad sostenido y no se espera que en los próximos años sufra un gran incremento debido a la existencia de una fuerte competencia mundial.En algunos círculos empresariales del sector del acero común se espera que el Gobierno renuncie a aplicar apoyos de sostenimiento a empresas individuales. Estas fuentes, según recoge Efe, entienden que este sistema conduciría a la nacionalización del sector y supondría una competencia desleal entre las empresas que están, de alguna forma, subvencionadas en sus pérdidas y lais que tienen que hacer frente a la crisis sólo con su capital privado. Por otra parte, fuentes de la Administración han informado que el decreto que se estudia sólo afectará a la producción de redondos y perfiles ligeros, cuya capacidad de producción instalada es en la actualidad de 3,5 millones de toneladas anuales.

Para reducir esta capacidad de producción en un millón de toneladas la Administración arbitrará ayudas financieras y facilidades para que las empresas procedan a la reducción de sus plantillas. Según fuentes sindicales, en el sector trabajan unas 30.000 personas, que, tras la reconversión, se verán reducidas en 7.000 trabajadores.

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