García Añoveros niega que se hayan producido irregularidades en la adjudicación de la informatización fiscal

Hacienda ha detectado 205.000 casos de presunta evasión fiscal, correspondientes a declaraciones de renta en 1979, según informó ayer el ministro, Jaime García Añoveros, ante la Comisión correspondiente del Congreso. La comparecencia del titular de Hacienda, a petición propia y a solicitud del PSOE, tuvo como objetivo explicar a los diputados la polémica adjudicación por su Ministerio de un concurso público de informatización fiscal por valor de 753 millones de pesetas.

García Añoveros, que en todo momento rechazó cualquier tipo de irregularidad en la concesión de estos equipos, acusó a IBM y Univac de provocar una campaña de prensa, iniciada incluso con anterioridad -según dijo a la convocatoria de concursos. "Ha sido una campaña de prensa muy fuerte, cuyas dimensiones sólo son comparables a la difusión que se da a los grandes temas políticos o algunos económicos de tanta trascendencia como los Presupuestos, y ha estado promovida desde fuera y no por los partidos políticos". Posteriormente, ante las preguntas de los socialistas haciéndole ver la gravedad de estas insinuaciones, García Añoveros aclaró que sólo constataba lo extraño de esta campaña de prensa, pero que nunca ha dicho que los periodistas hubieran escrito al dictado, y que tenía gran respeto a los medios de comunicación.El ministro de Hacienda resumió la gestión del Centro de Proceso de Datos, desde el inicio de la Reforma Fiscal (noviembre de 1977) hasta abril de 1980, comparándola con la misma gestión en el período de mayo de 1980 -fecha en que tuvo lugar la reestructuración- hasta el presente. La comparación, obviamente, fue muy favorable a su gestión ministerial. En este punto habló de la planificación informática de su departamento y de la necesidad de desarrollar estas nuevas tecnologías para poder gestionar con rapidez y eficacia los mandatos de la Reforma Fiscal.

Dentro de estos planes se convocó un concurso público el 13 de abril- de 1981 para la adquisición, por un monto de 650 millones de pesetas, de un sistema integrado de informatización fiscal distribuida. Hubo una preselección de ofertas y un período de pruebas reales -trabajando sobre datos facilitados por Hacienda- de tres meses. Al concurso se presentaron dos ofertas: una agrupación de la multinacional Univac y la empresa Secoinsa (54% del INI) y otra de la multinacional IBM. La Comisión Interministerial de Informática se inclinó por la primera de las fórmulas, pero Hacienda insistió en que era mejor -aunque fuera más cara y no diera participación a la industria nacional- la oferta de IBM. El enfrentamiento entre Hacienda y la Comisión Interministerial, aunque esta solo tenga carácter consultivo, trascendió a la opinión pública.

Hacienda, ante esta situación, decidió declarar desierto el concurso y convocar otro nuevo incluyendo en el mismo dos sugerencias de la Comisión Interministerial de Informática: la utilización de la red de transmisión de datos de la Compañía Telefónica y la participación de la industria nacional. Con esto se obviaba la imposibilidad legal de importar equipos que se fabrican en España y se sacaba fuera de concurso la adjudicación del software (el programa), que IBM no había incluido en su primera oferta aunque era preceptivo en el pliego de condiciones. El Consejo de Ministros aprobó un incremento de 200 millones en el presupuesto del segundo concurso y se produjo una solución salomónica: los centros provinciales para Secoinsa (340 millones) y los regionales para IBM (413 millones).

Calidad de equipos

García Añoveros insistió en la mejor calidad de los equipos IBM, que en las pruebas previas realizadas en Valladolid habían detectado una importante bolsa de contribuyentes que no declaraban. Dijo que había sido ajeno personalmente a las adjudicaciones y que en cualquier caso no se hubiera encontrado invalidado para decidir por su parentesco con un alto directivo de IBM. Comentó que Univac no ha respondido bien últimamente en sus servicios de atención técnica y mantenimiento, y aseguró que la solución aportada respeta los intereses de la industria nacional

El ministro resaltó, asimismo, que han acelerado al máximo el segundo concurso, aún cumpliendo con celo todos los trámites legales exigibles, para no dejar de recaudar este año unos 150.000 millones. Este incremento se logrará, según precisó a preguntas de los socialistas, mediante la agilización del control contable y acortamiento de actuales demoras en recaudación (50.000 millones); por detección de fraude (90.000 millones); y por mayor eficacia en la inspección (10.000 millones).

Otilio Fernández, director del Centro de Proceso de Datos (le Hacienda, descalificó "por faltas de rigor" muchas de las críticas realizadas y dijo que había que entender que las comisiones interministeriales estaban compuestas por funcionarios de distintos departamentos, siempre muy ocupados, que no entran en el fondo de las cuestiones. De ahí que la Comisión de Informática no opinara como Otillo Fernández, ya que él sí que conocía a fondo las prestaciones que necesitaba de los equipos informáticos sacados a concurso.