España solicita a la CEE un período transitorio de 10 años

España solicita a la Comunidad Económica Europea (CEE) un período transitorio de diez años, aplicable tanto en términos generales a los productos industriales como a los agrícolas. El período transitorio es el tiempo que transcurre entre la firma del tratado de adhesión y la aplicación de todos los reglamentos comunitarios.Hasta ahora los negociadores españoles se habían limitado a hablar de la necesidad de establecer un período transitorio único que permita la adaptación de la economía española a las reglas de la CEE, pero nunca se había concretizado la duración exacta. Ayer, el secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad, Raimundo Bassols, desveló la posición negociadora española. En la reunión mantenida con los representantes permanentes de los diez, Bassols hizo entrega de un documento en el que España se compromete, tal y como exige la CEE, a implantar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) desde el mismo día de la adhesión, sin período transitorio alguno. "Les he explicado que España está dispuesta a realizar ese esfuerzo, pero que, simultáneamente, espera que la CEE comprenda que es necesario un período transitorio largo para proteger a nuestros empresarios y trabajadores".

No es un 'toma y daca', según Bassols

Bassols resaltó que no se trataba de ningún toma y daca, puesto que el compromiso español de adoptar el IVA en esa fecha no está vinculado directamente a la obtención de un período transitorio de dichas características. El secretario de Estado negó también que un período transitorio de diez años fuera sólo conveniente para la industria española (que se vería así protegida de la competencia de los diez) y que perjudicará a la agricultura.

La Comunidad Económica Europea mantiene, por el momento, que el período transitorio para la industria debe ser corto (cinco años, aproximadamente), mientras que el fijado para la agricultura debe ser largo (más de diez años).

Raimundo Bassols concedió una gran importancia al documento presentado por los diez, en el que se resume la posición comunitaria sobre los seis capítulos que pueden quedar cerrados en la sesión ministerial prevista para el 22 de marzo próximo.

España ha realizado, por su parte, un gran esfuerzo y ha presentado en solo un mes siete documentos destinados a fijar y justificar la posición negociadora de nuestro país respecto a esos mismos seis capítulos.

El secretario de Estado afirmó que, a su juicio, los seis capítulos podrían ser cerrados como está previsto, aunque algunos puntos -no más de dos en alguno de los seis sectores- podrían quedar sin resolver hasta la ronda final de negociaciones.

En relación con el importante documento sobre unión aduanera y libre circulación de productos industriales, presentado ayer por los negociadores españoles, Bassols resaltó que la implantación del IVA era una necesidad nacional, independientemente de la exigencia comunitaria y que permitiría despejar todas las suspicacias de nuestros socios comerciales respecto a los llamados ajustes de frontera.

Los comunitarios (y también Estados Unidos) consideran que ese sistema permite subvenciones encubiertas a la exportación, prohibidas en las prácticas internacionales de comercio. El secretario de Estado insistió en que el período de diez años solicitado para la integración total es necesario "para una integración armoniosa" de la economía española en la comunitaria.

En el mismo documento sobre unión aduanera se fija la lista de productos industriales para los que España solicita períodos transitorios especiales, así como la posición española respecto a los derechos de base, que querría ver fijados de acuerdo con los que existan el día 1 de enero del año de la firma del tratado (caso de que se realice en el primer semestre) o el día 1 de junio (caso de que se efectuara en el segundo semestre).

Igualmente se rechaza la tesis de la CEE según la cual las exportaciones españolas de textiles estarían sometidas a un régimen especial. En el documento español no se alude al problema planteado por los monopolios ni al ámbito territorial de la Unión Aduanera, es decir, a las especifidades de Canarias, Ceuta y Melilla.