Los cuatro principales partidos políticos acuerdan seguir una estrategia conjunta de cara al consejo de guerra

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, llegó ayer a un compromiso con los letrados defensores de los 33 procesados por el fallido golpe de Estado, en el sentido de que, durante el tiempo que dure el consejo de guerra, estos no realicen declaraciones individuales a los medios de comunicación. Paralelamente, representantes de los cuatro principales partidos políticos parlamentarios se reunieron en un almuerzo y fijaron criterios para seguir una estrategia conjunta de cara al desarrollo del proceso.

Los políticos asistentes al almuerzo fueron Iñigo Cavero, secretario general de Unión de Centro Democrático; Enrique Múgica, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español; Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular, y Nicolas Sartorius, vicesecretario general del Partido Comunista de España. En el encuentro se estudió la posibilidad de observar una actitud política conjunta de cara a la celebración del juicio sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero.Precisamente ayer trascendió que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha considerado la oportunidad de que entre los invitados al juicio figuren parlamentarios de los distintos partidos políticos, aunque se pretende que estos tengan la condición de abogados y asistan a las sesiones en condición de tal, vistiendo en este caso la toga.

Pedrol informará a la prensa

El acuerdo a que llegaron Pedrol y los defensores del 23-F, que incluye el compromiso del primero de actuar, cuando los letrados lo estimen oportuno, de interlocutor con los periodistas, se produjo en el curso de una reunión celebrada a primeras horas de la tarde de ayer en el decanato del Colegio de Abogados, poco después de que los letrados defensores abandonaran la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar, donde fueron informados oficialmente por su Alvarez Rodríguez, del señalamiento de la vista.

Pedrol informó, al término de la reunión, que se había llegado a un "pacto de caballeros" en algunos aspectos relacionados con el desarrollo del juicio. Además del acuerdo ya expresado, se adoptaron otros, centrados en las normas de conducta de los colegiados, de cara a "evitar las menores tensiones posibles para que el consejo de guerra se desarrolle dentro de la mayor corrección y con la mayor libertad de defensa posible". El propio Pedrol, que no quiso revelar otros aspectos tratados en la reunión, admitió que la propuesta de limitar las declaraciones a la prensa se había llevado a cabo a propuesta suya.

En la reunión estuvieron presentes la práctica totalidad de los abogados defensores, muchos de ellos acompañados de sus suplentes, entre los que se encontraba Jesús Barros de Lis, político de origen democristiano, hoy día cercano a las tesis de la extrema derecha. Barros de Lis es suplente del defensor del teniente general Jaime Milans del Bosch.

A media tarde de ayer, el decano del Colegio de Abogados de Madrid transmitió a EL PAIS unas declaraciones suyas matizadas, mediante las que precisa que los defensores del 23-F convinieron ayer no hacer declaraciones a los medios de comunicación, "lo cual justifica", según sus palabras, "que cuando sea oportuno yo me entreviste con estos medios para hacer un resumen, como decano, de la marcha del proceso". Pedrol añadió que "no seré, por tanto, un portavoz de la defensa, porque ese no es mi papel, sino que explicaré el punto de vista de la corporación en relación con los valores de la libertad de defensa, cuya protección nos compete"."En el cumplimiento difícil su misión", dijo, "los abogados tienen a veces que correr riesgos de impopularidad. En estos casos es cuando resulta necesaria la intervención colegial para amparar su libertad de defensa, sin que tal intervención pueda representar en ningún caso la solidaridad del Colegio con determinadas tesis defensivas ni mucho menos con la conducta de los clientes de los abogados".

Los defensores de los procesados por el fallido golpe de Estado acudieron a mediodía a la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar, donde, en presencia de su presidente, se les facilitó un oficio en el que se daba cuenta de la fecha del próximo 19 de febrero para el comienzo de la vista y se les comunicaba la relación de procesados, defensores y codefensores (ver cuadro adjunto), así como el nombre del ponente, en este caso el general consejero togado José de Diego López, así como la composición del tribunal, que lo forman la totalidad del citado organismo.

Por otra parte, a lo largo de la jornada de ayer se produjeron algunas reacciones, todas ellas relacionadas con el inmimente comienzo del consejo de guerra. El director general de la Guardia civil, teniente general José Luis Aramburu, manifestó que creía que la justicia iba a resplandecer en cl proceso. El ex ministro Francisco Fernández Ordóñez dijo que confiaba que el juicio fuera justo y se mantuvo partidario de mantener una actitud de serenidad. Jordi Pujol, presidente del Generalidad, aseguró, por su parte, que no tenía especial preocupación por el desarrollo del consejo de guerra.