La Iglesia se opone a que la universidad sea definida como "servicio público"

La Comisión Episcopal de Enseñanza hizo públicas ayer "reservas fundamentales" sobre algunos puntos del proyecto de ley de Autonomía Universitaria (LAU) actualmente sometido a debate en el Parlamento. Especialmente, objeta el texto aprobado esta semana en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, según el cual las universidades "asumen y desarrollan sus funciones como servicio público, en los términos establecidos por la presente ley".

Según la nota difundida por la secretaría de la comisión episcopal citada, "la concepción de la Universidad como 'servicio público', sin más limitaciones que la de los términos establecidos por la presente ley" justifica la reserva formulada, "por entender que, en el actual derecho español, puede significar el inicio de la estatificación de las universidades privadas".

Otros puntos objetados son "la discriminación que se establece para los alumnos de las universidades privadas", siempre según la Comisión Episcopal de Enseñanza, "en cuanto a beneficios y ayudas de carácter económico", y "la insuficiente libertad reconocida a las universidades privadas, respecto a la selección de sus profesores". Fuentes oficiosas manifestaron a EL PAIS que, una vez conocido el comunicado episcopal, no se había producido ninguna reacción a su contenido por parte de los responsables gubernamentales de la tramitación de la LAU.

Esta toma de posición de un órgano oficial de la Iglesia española ante los debates de la LAU —la nota recuerda "la permanente posición de la Iglesia" ante "las sucesivas redacciones conocidas de este proyecto de ley"—, es explicado como una respuesta necesaria "ante algunas consultas formuladas estos días a la Comisión Episcopal de Enseñanza sobre una supuesta y plena conformidad de los obispos al contenido del actual proyecto de ley".