Silencio de los antiguos admistradores del Banco de Descuento ante la querella interpuesta por la nueva gerencia

La crisis del Banco de Descuento, la última entidad intervenida por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (FGD), parece haber tomado un nuevo rumbo con la interposición de una querella contra cuatro de los anteriores administradores de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y múltiples falsedades en los balances. El hermetismo de los actuales administradores de la entidad -y la imposibilidad de localizar ayer a los anteriores reponsables del Descuento- hacen muy difícil establecer las circunstancias por las que se ha llegado a la actual situación.

Las acciones penales iniciadas ante el Juzgado número 8 de Madrid tienen su origen, según todas las fuentes consultadas, en las denuncias sobre la existencia de una serie de operaciones presuntamente irregulares que realizaron al actual equipo directivo empleados de la entidad.El actual consejo de administración del Banco de Descuento tomó posesión de sus funciones el pasado 18 de noviembre de 1981. Dos días después de que los hombres del FGD iniciasen sus funciones, y según medios próximos a la entidad, recibieron, el día 20 del mismo mes, una denuncia de un empleado de categoría media de la entidad, en la que se ponía de manifiesto la posible existencia de operaciones irregulares en la contabilidad del banco, que se concretarían en créditos concedidos a las empresas vinculadas a los anteriores responsables e incluso la autoconcesión de créditos en operaciones particulares. Algunas de estas irregularidades estarían destinadas a la financiación de negocios inmobiliarios de dificil justificación desde el punto de vista de las operaciones bancarias típicas.Resultados de la investigación

Los actuales administradores, empleados del FGD, se hicieron eco de la denuncia y abrieron una investigación sobre los hechos de forma casi inmediata. Los resultados de las pesquisas vinieron no sólo a confirmar la importancia de los hechos denunciados, sino que se apreció la existencia de una serie de operaciones que no cumplían la legalidad vigente. Las estimaciones que se barajan en medios conocedores de la trastienda del Descuento, como volumen total de las operaciones irregulares de los anteriores administradores, apuntan por varios miles de millones de pesetas, aunque insisten en que su cuantificación es muy complicada, ya que se trata de operaciones bastante recientes.

Estas fueron las razones por las que los responsables del banco interpusieron una querella por la vía penal contra cuatro miembros del anterior equipo directivo: el ex presidente, Diego Prado y Colón de Carvajal; el antiguo vicepresidente, Angel Paradejordi; los consejeros cesados Enrique García Ramal y López de Haro (hijo del ministro de Relaciones Sindicales del régimen anterior), y Jorge López Dóriga y Tovar, junto con el ex director general, Vicente de Miguel Lasanta.

Los actuales administradores del banco se mostraron reticentes a confirmar o ampliar la información apuntada, al estar sometidos todos estos puntos al secreto del sumario.

En la historia del Banco de Descuento hay que distinguir tres etapas fácilmente diferenciables. La primera de ellas corresponde a la de un banco de reciente creación y estableció una estrategia claramente orientada hacia la operativa comercial a corto plazo. La segunda parte se inicia en los últimos días de 1974 y los primeros de 1975, cuando se fragua la operación de venta de un paquete de acciones que representa el 27,97%. del capital del banco, por parte de algunos de los socios; fundadores de la entidad, a Rumasa.

La tercera parte de la historia comienza en mayo de 1979, y es en la que tienen su origen, según todos los testimonios recogidos, las acciones penales que recientemente han emprendido los administradores del FGD contra algunos miembros del anterior equipo directivo. La negativa por parte de éstos últimos a hacer frente a este pago se basaba en que, según la normativa legal del año 1974, específica para los bancos de nueva creación, no se podía realizar ninguna transmisión de acciones en aquella época sin una autorización expresa del Banco de España, requisito que no había sido cumplido.

Este argumento fue enriquecido con la cláusula que figuraba en el contrato de compra por parte de Castellana 13 de las acciones del Descuento en poder de Rumasa, por la que al pago del último plazo podrían devolverse las acciones al holding de José María Ruiz Mateos, y éste habría de reembolsar su importe en un plazo de tres años.

Un nuevo argumento fue esgrimido por los anteriores administradores del Banco de Descuento. La operación tenía unas características en cuanto al beneficio generado que no resultaba legal.

Todos estos términos fueron utilizados en las sucesivas juntas de accionistas, e incluso ante los propios empleados del banco, para justificar los resultados poco brillantes que presentaba la entidad. Sus administradores, antes de aceptar la intervención del FGD, intentaron vender la entidad, operación que no llegó a fraguar por la exigencia de una auditoría previa por parte de los posibles propietarios.