Las Sociedades de Garantía Recíproca, sin respaldo del Estado, han facilitado 8.000 millones de pesetas en avales a las 'pymes'

Más de 4.500 millones de capital en poco más de un año de funcionamiento, lo que significa un peso nada desdeñable en el sistema crediticio, y el respaldo de un colectivo de enormes repercusiones económicas y electorales, como es el de las pequeñas y medianas empresas (pymes), ha provocado un radical cambio de actitud de la Administración, los partidos políticos y la banca privada hacia las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Estas sociedades, que son un instrumento fundamental para la financiación de las pymes, han logrado superar las divisiones existentes entre las distintas patronales que las auspician (Unipyme y Cepyme, entre otras), llevar a una mesa de negociaciones a cerca de cuarenta bancos y arrancar a la Administración un compromiso de una regulación más eficaz del segundo aval del Estado a sus operaciones de crédito.Diversos partidos políticos, como el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y el partido socialista, se han preocupado en varias ocasiones -principalmente con motivo de las discusiones presupuestarias en 1980 y 1981- de la promoción de las SGR y del segundo aval a cargo del Estado. La Administración, que nunca ha regateado palabras de apoyo a dichas sociedades, ha seguido una política titubeante y poco uniforme con respecto a las mismas. "En el Gobierno habría que distinguir las intenciones políticas y las disposiciones administrativas. Hay una gran diferencia entre las palabras de total apoyo del vicepresidente del Gobierno Juan Antonio García Díez y las disposiciones que aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, a la vista de los últimos contactos, estamos esperanzados de que en un futuro muy breve las palabras tengan su reflejo en hechos concretos", afirma Javier Pomes, secretario general de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), institución que desde el pasado martes agrupa a todas las SGR existentes.

La creación de la Sociedad Mixta del Segundo Aval y la designación de una de las personalidades más relevantes de UCD, el ex vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell, para presidirla supuso un importante avance en la actitud del Gobierno. El presidente de Cesgar, Luis Acín Boned, reconoce que "la Sociedad Mixta del Segundo Aval ha demostrado un interés claro de favorecer a ¡as SGR, pero su acción se ha encontrado hipotecada a las cortapisas de las propias disposiciones administrativas. Sus manos están tan atadas como las nuestras por la regulación del segundo aval. Sin embargo, en los últimos días se está gestando un cambio de actitud de la Administración que es una prueba de su voluntad de apoyo a las SGR".

Las Sociedades de Garantía Recíproca, que se habían negado a utilizar el segundo aval del Estado por disconformidad con su regulación, pese a lo cual habían otorgado avales a las pymes sin su refrendo por más de 8.000 millones de pesetas, han logrado la creación de una comisión mixta de estudio con la Administración para modificar la concesión del segundo aval (a cambio de empezar a utilizarlo). También gestionan la recuperación de las exenciones fiscales por el impuesto de transmisiones patrimoniales, fundamental para estas sociedades de capital abierto.

A lo largo de este año, sin embargo, ha habido un gran apoyo a las SGR por parte de algunas entidades oficiales, como el Banco de Crédito Industrial, la Caja Postal de Ahorros y el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria (IMPI). Los grandes bancos, que, salvo excepciones de convenios concretos con algunas SGR, se mostraron reticentes y desconfiados hacia estos nuevos competidores en la intermediación del dinero (extremo que se les ha reconocido, por ejemplo, en relación con los bonos del Tesoro), se muestran ahora muy dispuestos a colaborar. Prefieren que las SGR se conviertan en instrumentos complementarios del sistema financiero y no en sus competidores. La elevada cifra de avales concedidos por las SGR (más de 8.000 millones), la seriedad de su funcionamiento (han rechazado el 44% de las operaciones que se les han propuesto y sólo han tenido un fallido, y lo están cobrando), la gran dispersión del riesgo (créditos promedio de 4,5 millones y reaval del 30% de cada operación por la sociedad de seguros Sogasa), han hecho reconsiderar su postura a los bancos.

A finales de año, representantes de unos cuarenta bancos se reunieron en la Asociación Española de Banca Privada con representantes de las SGR. Dos de los siete primeros bancos del país están a punto de suscribir convenios con la Confederación de SGR, y no ha habido grandes objeciones a un proyecto del IMPI que va a suponer un importante abaratamiento del crédito para las pymes. Este proyecto, que hoy será anunciado por el ministro de Industria, Ignacio Bayón, consiste en subvencionar con trescientos millones de pesetas los intereses de los créditos solicitados para inversiones por las pymes, con el objetivo concreto de rebajar tres puntos el coste del dinero en estas operaciones. La concesión se hará en función de las condiciones del proyecto de inversión y de la empresa solicitante del crédito, ya que no se trata de implantar una ayuda indiscriminada. La idea es conseguir un tope razonable en el coste del dinero para estas inversiones, inferior al tipo de interés preferente, y, en principio, supone una importantísima innovación en las ayudas a las pymes.