El juez investiga la cuantía de las estafas en Fidecaya antes de decidir sobre el procesamiento de los encausados

Las diligencias judiciales de la causa por presuntos delitos de estafa en Fidecaya seguirán la próxima semana, con más tomas de declaraciones a testigos y valoraciones de bienes, según fuentes jurídicas. Para realizar estos trabajos antes de decidir sobre el posible procesamiento de uno o los dos encausados, el juez tuvo que pronunciarse sobre su situación, al cumplirse las 72 horas de las detenciones. Por ello, Miguel Soriano Carrasco sigue en prisión y Vicente Edmundo Alfaro salió ayer en libertad provisional, después de entregar fianza de diez millones de pesetas. Mientras el último propietario y presidente de Fidecaya salía de los calabozos, avanzaban las gestiones para determinar quién se ocupará de los restos de la empresa y devolverá sus ahorros a los varios cientos de miles de personas que no han recibido todavía un duro, decisión esperada para mañana.

Vicente Edmundo Alfaro abandonó el Juzgado de guardia, en la madrileña plaza de Castilla, pasadas las doce del mediodía, en compañía de varios colaboradores y abogados. Con gabardina encinchada, aspecto cansado, resaca en sus labios carnosos y erupciones en la barba, que parecían consecuencia de un afeitado accidentado, el último presidente de Fidecaya, y actual propietario de Cemesa y otras empresas, sonrió a los periodistas situados en la puerta."Me siento muy bien", declaró, "porque eso de estar aquí (en la calle) es una cosa maravillosa, y confiando en lajusticia española, porque creo que todo esto ha sido una cosa muy extraña, muy rara, y yo espero que la justicia española, como siempre, haga justicia"

"Soy el primero que deseo que surja la verdad"

A la pregunta de cómo se ven las cosas desde los calabozos, respondió: "Se ven con calma y se ven con deseos de que todo se solucione y salga la verdad, porque la verdad es muy importante que salga de una vez para siempre, dado que la opinión pública, de alguna forma, está muy intoxicada con este tema. Y yo soy el primero que deseo, sinceramente deseo, que la justicia intervenga, y que de verdad diga la verdad, que de verdad surja la verdad".

Su defensor, Santiago Segura Ferns, abogado de dos de los procesados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, añadió: "Realmente estamos encantados de que la justicia intervenga en este asunto".

Posteriormente, en su domicilio, Alfaro declaró a este periódico que "se está investigando bien", y que en los calabozos, donde ha comido normalmente, ha tenido un trato excelente y humano. Añadió, que su ocupación preferente durante los tres días y medio ha sido "pensar, pensar, pensar", pues un empresario en esa situación no debe deprimirse. No obstante, declinó dar sus impresiones actuales, por entender que "cualquier declaración puede ser perjudicial". Y su respuesta a la pregunta de si espera ingresar en prisión fue: "En absoluto".

En torno a si es cierto que ha estado detenido dos veces anteriormente, la última en mayo de 1968, por pagar con cheques en descubierto, contestó que es falso, y que su único problema con la justicia ocurrió en 1951, a raíz de un accidente de coche que le deparó un día de detención.

Claves de la investigación

Por otra parte, ha trascendido que el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José Castro Meije, encargado de tramitar la denuncia que le envió el fiscal como consecuencia de los papeles recibidos de la Administración y los liquidadores de Fidecaya, ha centrado prioritariamente su labor en el esclarecimiento de dos de los hechos denunciados (EL PAÍS 22 de enero): la compra de dicha empresa por Miguel Soriano Carrasco, a finales de 1978, y la venta de Gráficas Cosol por parte de éste, a Edmundo Alfaro, coincidiendo con la transferencia de Fidecaya, en la pasada primavera.

A tal efecto, ha tomado ya declaración a diez testigos, y continuará con el resto (entre 23 y una treintena de personas, según los últimos datos) durante la próxima semana, mientras se inician los trabajos de peritaje o valoración de los bienes empleados para los presuntos delitos de estafa.

No obstante, parece que el juez ha mostrado también interés por la posibilidad de que Fidecaya hubiera sobrevivido sin que el Gobierno tuviera que decidir su cierre el 20 de agosto pasado.

Vicente Edmundo Alfaro ha reiterado en varias ocasiones que la empresa podría haber seguido adelante, de no ser por las retiradas de depósitos (unos mil millones de pesetas) siguientes a las noticias sobre una demanda de embargo interpuesta por el grupo holandés Hilders, que financió a Cemesa (Conservaciones Electromecánicas, SA,) Ia construcción del puerto deportivo de Benalmádena (Málaga). Su defensa mantiene esta línea. Todavía ayer, Alfaro declaraba que "se van a investigar las razones del hundimiento de Fidecaya".

Como informó este periódico, Miguel Soriano regresó a la propiedad de Fidecaya en 1978, al vender a ésta y a varias de su medio centenar de filiales inmobiliarias y financíeras la finca "Prado largo", de unas 500 hectáreas, situada en Aranjuez (Madrid). El dinero, unos 2.000 millones de pesetas, pese a que luego el terreno fue valorado en unos 400 millones, salió de créditos concedidos por el grupo Fidecaya, y sirvió al empresario de Albacete para comprar esta entidad.

En cuanto a la venta de Gráficas Cosol por Soriano a Alfaro, cifrada en 850 millones de pesetas, precio considerado excesivo al conocerse la operación, fue efectuada con letras que libró Cemesa y aceptó Fidecaya, ya en manos del segundo. La operación fue realizada sin que se sepa que Fidecaya debiera nada a Cemesa, aunque posteriormente la comisión liquidadora interministerial no pagó ninguno de dichos efectos.

La forma del segundo desembarco de Soriano en Fidecaya fue descubierta por una inspección de la Dirección General de Seguros y el consejo que nombró después la Administración, el 23 de julio de 1980.

Tenía éste el encargo de auditar el grupo (descubrió un déficit patrimonial de 4.056 millones de pesetas, aunque ahora se estima provisionalmente en más de 7.000 millones), revisar los bienes aportados a la ampliación de capital exigida a Soriano y diagnosticar la viabilidad futura de la empresa.

Por ello, entre los testigos que han testificado figuran dos inspectores de seguros (Luis Tejero Lamarca y Antonio Fernández Toraño) y varios de dichos consejeros, incluido su presidente, Antonio Masa Godoy, diputado de UCD por Badajoz.

Discrepancias en torno a la venta a Rumasa

Finalmente trascendió ayer, en relación con el debate entre los Ministerios de Economía y Hacienda (véase EL PAÍS de 23 de enero), que los liquidadores se sienten apoyados por este último Ministerio y han hecho constar su disgusto por la actitud de Economía.

En su opinión, ellos son los únicos capacitados por decreto-ley para buscar soluciones, y el contrato firmado con el grupo Rumasa el 24 de diciembre para que se encargue de las devoluciones que faltan y de los restos de Fidecaya es el más barato para el Estado y el más rápido para los ahorradores.