Decretada la libertad provisional, bajo fianza de diez millones de pesetas, para Edmundo Alfaro

El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Francisco José Castro Meije, confirmó ayer en un auto dictado a las nueve de la noche la prisión incondicional de Miguel Soriano Carrasco, quien fue detenido en la noche del pasado martes y está desde el miércoles en la cárcel de Alcalá de Henares. Para el otro encausado en la querella por presuntos delitos de estafa en el caso Fidecaya, Edmundo Alfaro, el juez ha elevado su situación de detención a prisión y ha dispuesto la libertad provisional bajo fianza de diez millones de pesetas.Según informó ayer a este periódico el abogado Santiago Segura Ferrís, defensor de Edmundo Alfaro, último propietario de Fidecaya, el citado empresario quedará en libertad aproximadamente a las 11.30 horas de la mañana de hoy. No salió ayer de los calabozos del Juzgado de Guardia, donde ha estado dos días detenido, porque previamente la fianza debe constituirse en la Caja General de Depósitos que no abre hasta las nueve de la mañana.

Las mismas fuentes judiciales señalaron que este auto sobre la situación personal de los inculpados no se pronuncia sobre el eventual procesamiento de alguno o los dos mencionados empresarios. A partir de ahora, el juez no está sujeto a plazo alguno para decidir el procesamiento si aprecia indicios racionales de criminalidad en las diligencias que realiza.

De las veintitrés personas llamadas hasta ahora a testificar ante el juez, a seis se les pudo tomar declaración el jueves por la tarde; a otros cuatro el viernes por la mañana y los restantes quedaron emplazados para el miércoles próximo, según medios jurídicos. Además de altos cargos de Fidecaya figuran, entre quienes han declarado, tres inspectores de la Dirección General de Seguros: Luis Tejero, Jesús Carretero y Raquel Angulo.

El lunes, plazo máximo

Por otra parte, los ministerios de Hacienda y Economía se han dado de plazo hasta el lunes próximo para superar sus discrepancias sobre el contrato de venta de los restos de Fidecaya al grupo Rumasa, firmado el día de Nochebuena y defendido por Hacienda, según fuentes autorizadas. Si la operación es confirmada, el inicio de la devolución de ahorros se generalizaría inmediatamente.Mientras el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional proseguía la toma de declaraciones a la veintena de testigos propuestos por el fiscal que denunció a Miguel Soriano y Edmundo Alfaro por presuntos delitos de estafa, la comisión interministerial encargada de liquidar Fidecaya trataba de tranquilizar a los ahorradores que esperan la devolución de sus depósitos. Según el presidente de la comisión, Jaime Isac, el medio millón de ahorradores afectados recibirán todo el dinero garantizado por el Estado, que asciende a casi 15.000 millones de pesetas. Añadió que los 5.600 millones de pesetas disponibles todavía en el Banco de España, a la espera de una solución definitiva con Rumasa u otras entidades, son inembargables e indisponibles por nadie ajeno a la comisión.

Discrepancias sobre la venta

De otro lado ha transcendido que las discrepancias del Ministerio de Economía y del Banco de España sobre la venta a Rumasa no se han superado todavía. Aunque el grupo de Ruiz-Mateos retiró de su oferta de devolución de ahorros a sus dos mayores bancos, Industrial del Sur y Atlántico, dejando a los otros dieciséis, Economía ha tratado de negociar de nuevo con la Confederación Española de Cajas de Ahorros una solución alternativa a Rumasa.Por ello, Hacienda -que defiende la solución Rumasa como la más rápida y favorable para el Estado, los ahorradores y los trabajadores de Fidecaya- llegó con Economía al consenso de esperar hasta el lunes la materialización de dicha alternativa. No obstante, ésta no ha podido ser concretada hasta ahora, debido a la falta de acuerdo entre las principales cajas de la Confederación.

Hacienda ha pedido un informe a la Dirección General de lo Contencioso del Estado sobre la viabilidad de una decisión inmediata y parece dispuesto a confirmar el contrato entre los liquidadores y Rumasa.

La síntesis del contrato es que Rumasa recibiría del Tesoro los citados 5.600 millones para encargarse de su devolución a los ahorradores, se quedaría con el resto del patrimonio y de los trabajadores de Fidecaya y a cambio devolvería al Estado las garantías prestadas, en un plazo superior a diez años, con cuatro de carencia. Las condiciones concretas dependen de la valoración de los inmuebles y otros bienes de Fidecaya que puede terminar en varias semanas.

Rumasa, o la entidad u entidades que reciban el encargo de las devoluciones, centrarían principalmente su tarea en Cataluña, Galicia, Levante y parte de las dos Castillas, lugares donde no se ha registrado hasta la fecha ninguna devolución, casi cinco meses después de que cerrara Fidecaya. En el resto de España, distintas cajas se ocupan de las devoluciones después de quedarse con los trabajadores y oficinas de sus demarcaciones. Una estimación facilitada ayer a este periódico por los liquidadores señala que, de los 8.000 millones de pesetas girados por el Tesoro a dichas cajas, han sido ya devueltos aproximadamente el 60%. En muchos casos, los ahorradores prefieren abrir cuentas en las cajas o en las entidades que les ofrecen la devolución.