Siete detenidos en la huelga de la construcción de Madrid

La primera jornada de huelga del sector de la construcción de Madrid se saldó con un paro estimado por las centrales sindicales en torno al 75% de los trabajadores y la detención y posterior puesta a disposición judicial de siete miembros de piquetes informativos, entre los que figuraban el secretario general de UGT de la construcción, Manuel Garnacho, y Salvador Oliva, de la ejecutiva provincial de CC OO.Estas detenciones motivaron la redacción, a lo largo del día de ayer, de notas de protesta de varias organizaciones. El PSOE denunció la "actitud antisindical del gobernador civil de Madrid al reprimir el ejercicio de este derecho (el derecho de huelga) de los trabajadores subordinándose a los intereses de los empresarios del sector en el intento de romper antidemocrática mente la huelga". El vicesecretario general del PCE, Nicolás Sartorius, calificó de coacción para los trabajadores la existencia de "amenazas de sanciones y despidos por parte de la patronal" y anunció su propósito de presentar hoy en el Congreso una pregunta acerca de la pasividad de la Delegación de Trabajo en el conflicto y la actuación de las fuerzas de orden público. Las centrales sindicales CC OO y UGT han calificado los acontecimientos como una "agresión a los derechos sindicales".

El gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, en una reunión mantenida con dirigentes de CC OO y UGT el pasado lunes, sugirió para evitar alteraciones del orden durante el desarrollo de la huelga que se le facilitara una lista con los nombres de los responsables de los piquetes informativos. Al día siguiente, según fuentes sindicales, el gobernador civil advirtió que no permitiría la presencia de piquetes informativos a pie de obra. Según fuentes del Gobierno Civil, fueron los sindicatos quienes los que se negaron a ofrecer las mencionadas listas.

La huelga legal, que continuará hoy y los próximos días 19, 20 y 21, responde a la negativa de la patronal a revisar el convenio colectivo para 1982, salvo en los puntos referentes a salarios.

La patronal defiende su postura alegando que UGT, signataria del convenio, no lo denunció en el plazo reglamentario. Por su parte, UGT asegura que el convenio se denunció el pasado día 29 de septiembre.