El abogado Sanz de Bremond notifica al juez que no entregará sus ficheros a la policía

El abogado penalista madrileño Jaime Sanz de Bremond, cuyo nombre figuraba en la factura de compra del televisor que los presuntos secuestradores del doctor Iglesias regalaron a éste en pago a unas declaraciones a supuestos reporteros de televisión alemanes, se presentó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, que lleva el sumario relacionado con el secuestro, para ponerse a su disposición y manifestarle que no entregará el archivo de sus clientes a la policía por entender que tiene obligación de guardar el secreto profesional.

La policía opina que, dado que el individuo que compró el televisor utilizó el nombre del letrado, los presuntos secuestradores podrían haber sido clientes de Jaime Sanz de Bremond y, en este sentido, viene insinuando al abogado la facilidad que supondría para las investigaciones en torno al secuestro disponer de la lista de todos sus clientes.La tesis de los abogados del despacho de la calle de Conde de Xiquena, número 9, al que pertenece Sanz de Bremend, es que su nombre pudo ser recogido de cualquier listín telefónico, dado que hasta hace dos años llevó principalmente temas laborales, y el número de teléfono de su despacho obra en poder de muchas empresas. Esta tesis vendría avalada, a juicio de los letrados, por el hecho de que la factura de compra del televisor tiene su nombre y su teléfono, pero no el domicilio profesional, ni el personal, sino uno de la calle de la Princesa. «Nadie dejaría una pista tan clara», dijo el letrado, «como hacerse pasar por su propio abogado».

En este sentido. Sanz de Bremond recibió ayer la llamada del encargado de la tienda Feymar, donde se compró el televisor. Esta persona, de apellido Jiménez, le avisó, para evitarle molestias, de que iban a protestar las letras y a poner una denuncia, y le dijo que el hombre que compró el aparato dio su número de teléfono con gran seguridad, pero titubeó al facilitar su dirección.

Jaime Sanz de Bremond ha pedido al juez que, en el caso de que la policía solicite un mandamiento de entrada y registro en su despacho, esté presente en el mismo, junto con el secretario del juzgado. Además, dirigió ayer una petición formal de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, que hizo llegar a su decano, Antonio Pedrol, para que el citado colectivo estudie, en su reunión del próximo martes, el tratamiento dado a la información del secuestro por el diario Ya -que, entre otras cosas, ha dicho que «no cabe pensar que los delincuentes pusieron de pantalla a este abogado de forma casual»- y el derecho al secreto profesional por lo que hace referencia a sus archivos de clientes.

Nervios en la familia

En su escrito, Jaime Sanz de Bremond explica a la junta de gobierno que desde el primer momento se ha puesto a disposición de las autoridades, pero que no puede aceptar que la clave del misterio del secuestro se encuentre en sus archivos ni quebrantar las obligaciones con sus clientes «facilitando alegremente datos confidenciales a la policía». En la hipótesis de que algunos sectores policiales pudieran ponerse nerviosos y con el conocimiento de que en la familia del doctor Iglesias se han utilizado frases amenazantes contra Sanz de Bremond si éste, no entrega su fichero de clientes a la policía, el letrado termina su escrito pidiendo protección a la junta de gobierno del Colegio para poder preservar el secreto profesional.

La junta directiva del Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Madrid, de la que forma parte Jaime Sanz de Bremond, emitió ayer un comunicado en el que considera «intolerable e injurioso» para aquél «el tratamiento informativo tendencioso y novelesco que algún redactor de temas policiales ha dado al suceso en cuestión»; rechaza el calificativo de «defensor de vulgares chorizos» que le daba el diario Ya, por significar menosprecio para los clientes y los abogados penalistas, y opina que tales informaciones significan «un claro atentado al principio de libertad en el ejercicio de la defensa. Los archivos de un abogado», dice el comunicado, «están amparados no solamente por el secreto profesional, sino también por la trascendencia que tal secreto tiene para salvaguardar la intimidad y los derechos constitucionales de cualquier ciudadano».