Crítica del Ayuntamiento

Treinta y dos meses de Ayuntamiento de izquierdas en Madrid han sido suficientes para verificar el grado de voluntad política existente y de capacidad ejecutiva puesta al servicio de la ciudad.Es evidente que estos 32 meses se han saldado con importantes realizaciones en materia urbanística, en política de transportes y circulación y en actuaciones puntuales en los dieciocho distritos de nuestra ciudad. Esta es una realidad que a nadie que siga de cerca la singladura municipal le ha pasado por alto. Es más, se han puesto sobre el tapete temas como el Plan General de Madrid, que en su intento por definir una nueva ciudad, corregida y limitada de la que hoy padecemos, supone estar librando una gran batalla frente a los intereses especulativos y políticos que hasta hoy han influido en Madrid.

Ha sido una actuación, la de nuestros concejales, en casos, progresiva; en otros, timorata y a medio camino de las realizaciones que reclamaba el vecindario. Una política poco agresiva en los ritmos, y en la radicalidad de las actuaciones, muy distanciadas de las expectativas ciudadanas.,

En cualquier caso, pocos vecinos verían con nitidez la relación entre lo prometido a nivel electoral y lo realizado en estos 32 meses de mandato.

Hay una gran mancha en la actuación municipal. Nos referimos a la política impositiva del Ayuntamiento madrileño, aunque afirmemos que esta es una deficiencia común a todos los ayuntamientos de la izquierda. Nuestros ayuntamientos han caído en la trampa que el Gobierno les tenía preparada. A la evidencia de la crisis económica se complementaron las razones políticas que vinieron a reducir el gasto público. Argumentando, eso sí, razones de crisis fiscal y de excesivo proteccionismo del Estado sobre empresas y servicios públicos y negando el tutelaje económico a los nuevos municipios, cuando desde el Gobierno se incidía en un mayor control político de los mismos.

Cerrado el grifo del dinero a los ayuntamientos, todo era decirles: aumentad las tasas y contribuciones, buscaros nuevas razones impositivas -decretos de financiación-, e incluso sugiriendo una ley de Financiación del Transporte Público claramente lesiva para el usuario del mismo.

Hay un dicho en política que habla de lo importante que es no sólo hacer las cosas bien, sino que los demás se enteren de que así lo hemos hecho. Está muy claro que este principio no ha rezado para nuestro Ayuntamiento, que tan sólo se ha dirigido a nuestro ciudadano de manera directa y confidencial para comunicarle el aumento de tasas y contribuciones sin que complementariamente se añadiese un capítulo sobre los presupuestos, la política de ingresos y gastos y las razones políticas que justificasen esa nueva imposición. Por otra parte, el vecino ha recibido el bombardeo de otras soluciones técnicamente eficaces, como la ORA, aunque inicialmente impopulares por lo que tenían de afloja-bolsillos para los automovilistas. ¿Qué decir de las subidas de la EMT, los taxis e incluso del Metro?

Hace falta más información de lo que se ingresa y de lo que se gasta en la ciudad. Pero también mayor capacidad de endeudamiento municipal, mayor agresividad a la hora de exigir al Gobierno recursos económicos, apoyándose cuanto sea necesario en los vecinos y en su voluntad de oponerse a nuevos gravámenes económicos, y también, ¿por qué no?, mayor conciencia autonómica, capaz de arrancar las contrapartidas obligadas por el hecho de los tres millones de ciudadanos, por soportar la capitalidad y por haber sufrido un crecimiento interesadamente desordenado.

Escasa participación

Los madrileños no estamos participando en la actividad municipal. Falta una línea de integración del ciudadano en las cosas del municipio y un instrumento regulador que de verdad permita informarse, sugerir cuentas a tiempo -y no en el balance final del mandato- y participar de pleno en todas y cada una de las tareas que el Ayuntamiento y el propio movimiento vecinal ponen en marcha.

Es lamentable que el Ayuntamiento madrileño no haya sabido hacer otro uso de sus facultades reguladoras, instrumentalizando a favor de los vecinos la ley especial de Madrid. Todos sabíamos que se partía de una ley de Régimen Local gestada bajo el fascismo y poco susceptible de ser utilizada a favor de la participación vecinal. Es más, UCD ha tenido buen cuidado en proponer algún decreto que paliase en parte ese desfase entre ley y realidad. Bastante lógico si se piensa que nadie tira piedras a su propio tejado, pero inaceptable por arte de la izquierda, que debiera haber forzado con voluntad política esa situación. El Ayuntamiento, la Corporación de izquierdas, lamentablemente, se ha arrugado ante las presiones de la Administración central, sin realizar una interpretación progresiva del derecho a la participación por los ciudadanos.

Las primeras normas de participación que en su momento parió Acción Vecinal fueron contestadas por las asociaciones de vecinos y otros sectores populares. Se abría paso a la participación sin contar con los interesados. Enorme desatino, que a la larga se ha vuelto en contra del Ayuntamiento y que ha distanciado a éste mucho más de los vecinos organizados y, como consecuencia, del ciudadano normal de miestros barrios.

Sin participación vecinal no puede desarrollarse un ayuntamiento democrático ni una política orientada a la gran mayona de los ciudadanos. ¿Quién no quiere entender el papel de los vecinos y sus organizaciones como instrumentos de dinamización y cambio social? ¿Quién niega la capacidad de este movimiento organizado para hacer ciudad y para asentar todo un tejido amplio de relaciones y apoyos a esos grandes planes progresistas de transformación de Madrid?

Falta desde el Ayuntamiento de Madrid una auténtica política de animación y apoyo a los movimientos vecinales. A quienes en los últimos años, y ahora mismo, han demostrado capacidad y fuerza para resolver muchos de sus problernas; (remodelaciones de barrios, logro de equipamientos, pa ralización de grandes obras mono polísticas ... ).

En esta situación es preciso que el Ayuntamiento haga un esfuerzo de imaginación y voluntad política que de verdad aproxime a los ciudadanos al conocimiento, a la colaboración y al control del municipio. Por los datos, el Ayuntamiento no ha recogido esa colaboración crítica tal y como debiera, y prepara otra normativa de participación, elaborada a hurtadillas y al margen de lo que preocupa a los vecinos. Y es que todavía no se ha caído en la cuenta de que, en primer lugar, regular la participación ciudadana exige participación.

En segundo lugar, abrir el Ayuntamiento a la participación de los vecinos precisa de amplitud de criterios para aceptar, incluso a nivel experimental, iniciativas y propuestas profundamente defendidas por el movimiento ciudadano.

En tercer lugar, poner en marcha la participación vecinal en el Ayuntamiento exige una voluntad coordinada y común de todos los concejales, de todo el aparato político y administrativo, de llevarlo a cabo, sin abandonar esa decisión a la discrecionalidad o a la buena o mala voluntad del concejal de turno.