La Administración de justicia no se ha adaptado aún a la Constitución
El debate celebrado ayer en la Fundación para el Progreso y la Democracia sobre «La justicia y el imperio de la ley» resultó una crítica generalizada a la actual situación de la Administración de justicia en España, que fue calificada por algunos de los participantes en el acto de escandalosa. Intervinieron, por este orden, Fernando Ledesma, miembro del Consejo General del Poder Judicial; Jesús V. Chamorro, fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid; Rafael Pérez Escolar, abogado, y Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y actuó como moderador Manuel Cobo del Rosal.
A manera de introducción, Cobo del Rosal realizó una breve referencia histórica sobre el origen del concepto imperio de la ley, que se centra en el nacimiento del Estado de Derecho en el siglo pasado. Según Cobo del Rosal, referirse al imperio de la ley es hablar de una ley que tenga origen democrático y contenido igualitario, lo que, a su vez, implica seguridad jurídica.El primer ponente en intervenir, Fernando Ledesma, afirmó que sólo se puede ser juez en el ámbito de la legalidad democrática, ya que fuera de esa realidad el juez sólo es un burócrata constreñido por consignas políticas. Declaró expresamente que el juez debe oponerse a cualquier fórmula blanda o dura que atente al actual sistema constitucional de libertades, y afirmó que los enemigos de la Constitución, del pluralismo político y de las libertades son también enemigos de los jueces. Como ejemplo de una situación en que los jueces estaban sometidos al poder político, recordó el pasado régimen, en el que fueron frecuentes los golpes a la inamovilidad judicial, los nombramientos políticos de los cargos importantes de la judicatura y la abundancia de jurisdicciones especiales sustraídas al control judicial. Fernando Ledesma, si bien consideró un avance el actual marco constitucional de la judicatura, reconoció que ésta todavía no es totalmente independiente, entre otras cosas por no disponer de una política judicial y por no estar facultada para elaborar su propio presupuesto.
El fiscal Jesús Chamorro fue el ponente más crítico respecto a la situación de la justicia, si bien advirtió que su crítica no era desde el pasado, sino a favor del futuro. Con ironía y humor, el fiscal Chamorro alegó que la justicia, «más que del pueblo, emana de las facultades del Derecho», queriendo poner con ello de manifiesto que la justicia era un poder político dimanante de una cierta clase social. Su intervención se centró en poner de manifiesto las contradicciones de la justicia real, tal y como se manifiesta en la práctica, con lo que de ella dice la Constitución. Afirmó que los grupos sociales poderosos y las instituciones económicas han elaborado sus propias leyes en defensa de sus intereses, mientras que los ciudadanos particulares tienen grandes dificultades para hacer respetar sus derechos constitucionales.
Rafael Pérez Escolar denunció en su intervención la insensibilidad social sobre los problemas que afectan a la Administración de justicia, e invitó al auditorio a acompañar con la imaginación a un juez de guardia de Madrid durante las veinticuatro horas ininterrumpidas de su periódica permanencia en tales menesteres. Pidió mayor comprensión social, adecuada dotación presupuestaria, respeto a la independencia del poder judicial y mayor número de magistrados, fiscales y auxiliares.
Antonio Pedrol, finalmente, puso tres ejemplos que demostraban la falta de cumplimiento de la Constitución. Uno de ellos es el retraso con que se celebran los juicios, lo que hace que las cárceles estén llenas de presos preventivos; otro, la sospechosa renuncia de los detenidos al derecho de asistencia letrada, y, finalmente, la laguna legal que impide la asistencia técnica del abogado en los pleitos contencioso-administrativos con el Estado.
