El Banco de los Pirineos

LOS EXTRANJEROS que visitan nuestro país suelen sorprenderse ante el gran número de establecimientos bancarios que encuentran al pasear por pueblos o ciudades. Sin embargo, la actividad bancaria, el oficio de banquero, ha estado severamente controlado en España. La apertura de nuevas sucursales de los bancos existentes exigía ímprobos trabajos de gestión y trámites largos y complicados.El statu quo bancario, defendido a capa y espada incluso en épocas de gran prosperidad y sostenido crecimiento económico, concedía a esa actividad los beneficios de un mercado de oligopolio y protegía a los participantes de los riesgos del mercado de libre competencia.

Este esquema restrictivo comenzó a flexibilizarse a comienzos de los setenta, en momentos de gran especulación financiera. Sin embargo, los años de las vacas flacas pronto echarían por tierra los alegres e irresponsables cálculos a los que se habían entregado algunos promotores de negocios fáciles. En 1974, cuando comienzan los problemas del petróleo y empiezan a dibujarse las sombrías perspectivas de la crisis económica mundial, la especulación crecía desbordad amente, como muestran las cotizaciones bursátiles del ejercicio. De añadidura, las anteriores férreas restricciones a la actividad bancaria en España habían suscitado esas expectativas desmesuradas que despiertan los mundos prohibidos y hacen sospechar la existencia de Eldorados tras las puertas cerradas a cal y canto.

Pero las puertas, en realidad, sólo fueron entreabiertas y el temor a la libre competencia siguió orientando la política de autorizaciones. La añoranza del statu quo continuó lastrando las posibilidades de estimular una actividad bancaria robusta y competitiva. La gran banca extranjera ha ido penetrando sólo de puntillas en el recinto de nuestro sistema financiero, y la experiencia profesional o la solidez de los capitales invertidos no garantizaban de antemano la autorización de nuevos bancos. A la vez, algunas autorizaciones fueron dadas con una generosidad y frivolidad que merecerían una investigación meticulosa.

En cualquier caso, la oleada especulativa de los comienzos de la década de los setenta se manifestó en las actividades bancarias de nuevo cuño en forma de captación de dinero caro, que era luego invertido en activos a veces ficticios y muchas veces de dudosa rentabilidad. Primero se realizaba una captación agresiva de depósitos mediante el pago de intereses más altos que los usuales en el mercado. Luego se colocaba el dinero en bolsa para apoyar la cotización de los nuevos bancos o de financieras filiales, y se concertaban préstamos con sociedades subsidiarias, muchas veces relacionadas con la especulación inmobiliaria. El despertar tras los dulces sueños fue que la crisis del petróleo y el descenso de la actividad económica hacían imposible la devolución de los depósitos que los ahorradores habían confiado a algunos de los nuevos bancos. Porque la triste realidad es que los activos de esos especuladores no son realizables, están hinchados o son ficticios, y sus obligaciones exigibles superan su capacidad de pago.

Para evitar el pánico de los depositantes, el Estado ha intervenido, a través del Banco de España, los bancos en crisis y ha venido asegurando a los ahorradores, mediante el Fondo de Garantía, -al 50% con el conjunto de la banca privada-, unos depósitos mínimos, primero cifrados en.500.000 pesetas y más tarde en cantidades hasta 1.500.000 pesetas.Hasta ahora, el Fondo de Garantía de Depósitos se cuidaba de comprar, sanear y vender los bancos en crisis. Sin embargo, la suspensión de pagos del Banco de los Pirineos ha roto, por vez primera, esa línea de acción preventiva y de saneamiento a cargo de la Administración pública y del conjunto de la banca privada. Si este caso no es un suceso aislado, los ahorradores se verán obligados de ahora en adelante a meditar mejor sus elecciones y a tener mayor cuidado al confiar su dinero a quienes les ofrecen mayores intereses, pero frágiles garantías. Porque es necesario plantearse con seriedad el problema de que la especulación no siga, en última instancia, protegida por el manto benefactor de la Administración pública.