Demoras judiciales

NADA MENOS que cuatro años han sido necesarios para que la Audiencia Nacional haya dictado auto de procesamiento contra los componentes de un grupo ultraderechista que hizo estallar una bomba en la revista El Papus y causó la muerte del conserje, además de varios heridos. Las sucesivas negativas del juez instructor a dictar auto de procesamiento contra los detenidos por la policía como presuntos autores dio lugar a que se le abriera un sumario por retraso malicioso en la Administración de justicia, finalmente sobreseído; pero el resultado es esta llamativa demora, de la que resulta difícil no sustraer significado.Con una reiteración que sólo acaso cabría atribuir al azar, los actos delictivos cometidos por presuntos integrantes de la ultraderecha registran en sus trámites judiciales un camino lleno de interrupciones y aplazarnientos. El caso de El Papus es uno de ellos, pero también cabría referirse a la larga espera para el procesamiento de Martínez Loza, acusado de la muerte de Yolanda González, y a otros de menor resonancia.

Una suerte de laberintos adicionales parece introducirse en la ya de por sí lenta y compleja maquinaria judicial española, Y es también notable cómo en la mayoría de estos supuestos los retrasos se producen en los escalones inferiores del poder judicial, al punto que resulta necesaria y ha sido decisiva la intervención de las instancias más altas. Una intervención que sin duda contribuye a neutralizar, si bien con excesivas demoras, las posibles suspicacias que en todo Estado de derecho nunca debiera despertar la justicia.