El sistema electoral y el papel de la Diputación, temas de desacuerdo entre PSOE, UCD y PCE de cara a la autonomía

La conveniencia de un régimen especial de capitalidad para Madrid, el sistema electoral, el ámbito y la celeridad en la transferencia de competencias y el papel a jugar por la Diputación Provincial en el proceso preautónomico madrileño fueron algunas de las cuestiones más importantes debatidas en el trascurso de una mesa redonda a la que asistieron representantes de los tres partidos políticos con mayor implantación en la provincia, PSOE, PCE y UCD. Tal y como resaltó el presidente de la Diputación, José María Rodríguez Colorado, falta escasamente un mes para que termine el plazo legal de adhesión de los ayuntamientos al proceso, y sólo 68 de ellos lo han hecho, cuando son necesarios un mínimo de 117 para que la iniciativa tenga validez.

El debate celebrado ayer fue el colofón de las Primeras Jornadas sobre la Autonomía de Madrid, organizadas por la Diputación y la Asociación Madrileña de Ciencia Regional. A través de una veintena de ponencias referidas a la demografía, procesos industriales, agricultura, medio ambiente, sistema electoral, aspectos de financiación, etcétera, entre otros, se ha puesto de relieve la realidad actual de la provincia y las dificultades previsibles para encauzar la solución de los problemas, así como los recursos con que se cuenta.A la mesa redonda, presidida por José María Rodríguez Colorado, asistieron Miguel Doménech, presidente provincial de UCD; Julio Rodríguez y Emilio Ramón Rodríguez, de las ejecutivas provinciales de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y el PCE de Madrid, respectivamente. Posteriormente, Miguel Doménech tuvo que ausentarse y fue sustituido por Jaime Rotondo. Todos ellos coincidieron en que acceder al autogobierno era necesario para Madrid, por razones de Estado, puesto que una provincia del peso de Madrid no puede quedar al margen de la nueva estructura del país, y por razones de conveniencia para los propios ciudadanos.

Las discrepancias surgieron en casi todo lo demás. Emilio Ramón Rodríguez, por el PCE, se mostró contrario a que la capital goce de un régimen especial de capitalidad, aunque reconoció que el tema era para estudiarlo más a fondo. Los representantes socialista y centrista se mostraron favorables, en cambio, a dicho régimen especial, aunque tampoco se profundizó en su contenido. Los debates no alcanzaron gran altura en ningún momento y, por lo general, las intervenciones se perdieron en confusionismos y frases poco concretas, lo que motivó, en el coloquio posterior, la protesta de varias personas del público.

En cuanto al sistema electoral del futuro Gobierno autonómico, el socialista Julio Rodríguez propuso la división de la provincia en circunscripciones basadas en los actuales partidos judiciales, lo que fue rechazado por el representante comunista, quien se mostró favorable, por la escasa extensión territorial de Madrid, a la circunscripción única. Miguel Doménech no se definió en este tema, y sólo apuntó que su partido no está de acuerdo con la idea de una persona, un voto, por lo que parece acercarse más a la postura socialista. UCD defendió continuamente la idea de que la nueva comunidad no caiga en un nuevo centralismo respecto a los pueblos más pequeños, con menos recursos y más alejados de la capital. Julio Rodríguez y Emilio Ramón Rodríguez ofrecieron garantías de que todos los pueblos, grandes y pequeños, saldrían beneficiados. En cualquier caso, el pacto autonómico suscrito por PSOE y UCD en julio de este año establece que en las futuras comunidades uniprovinciales el sistema electoral será de circunscripción única.

Miguel Doménech se mostró contrario a que la Diputación Provincial sea el órgano que asuma los trasvases de competencias en el intervalo preautonómico, en tanto no se constituya el gobierno de la región, cuestión esta firmemente defendida por los partidos de la izquierda. Jaime Rotondo, también de UCD, afirmó incluso que tal vez sea más conveniente para los madrileños renunciar a alguna de las competencias previstas en el artículo 148 de la Constitución, en razón a que podrían resultar demasiado gravosas para ellos, lo que no obsta, sin embargo, a que se recabaran otras no incluidas en dicho artículo y reservadas para las comunidades que acceden a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.