El Parlamento debería controlar a la empresa pública

La necesidad de que la empresa pública esté sometida al control parlamentario se puso de manifiesto en un coloquio sobre el Instituto Nacional de Industria (INI) y su futuro en la industrialización de España, que se celebró el pasado lunes en Madrid, organizado por Empresa y Democracia.

Aunque quedaron delimitadas dos posturas distintas, la que defendía que el crecimiento del sector público puede ir en detrimento de la libertad de empresa y la que defendía que el crecimiento de la empresa pública no se contradice con esa libertad -siempre y cuando la empresa pública y la privada concurran en el mercado en igualdad de condiciones-, en las intervenciones durante el acto todos los ponentes coincidieron en señalar que la existencia de un sector público empresarial es conveniente para cubrir aquellas necesidades que no están atendidas por la empresa privada.Este control de la empresa pública, según Carlos Solchaga, diputado del PSOE, debe producirse a tres niveles: interno -mediante auditorías-, externo -a través de los tribunales de cuentas- y parlamentario. A su juicio, sólo mediante ese control puede garantizarse la transparencia en la gestión, que es "una de las cualidades que debe reunir la empresa pública, junto a la economicidad, productividad y rentabilidad social".

Eugenio Triana, director del Programa Organización y Gestión (Ogein) de la fundación del INI, especificó, por su parte, que el control parlamentario debe ser fundamentalmente apriorístico, desde el momento en que el Parlamento debe marcar las directices por las que tiene que guiarse la empresa pública en función de los intereses sociales a cubrir por ella. Víctor Mendoza Oliván, director del Instituto de Estudios Económicos, y Jaime Montalvo Correa, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, coincidieron en subrayar la necesidad de que, previamente al ejercicio de ese control, se establezca un marco jurídico que ordene a la empresa pública, sobre todo teniendo en cuenta las posibles contradicciones y desigualdades en el trato legal que originan los distintos preceptos recogidos en la Constitución, por una parte, y en los diferentes estatutos autonómicos, por otra.

Concretamente, Víctor Mendoza señaló que el marco jurídico que ordene el funcionamiento de la empresa pública debería incluir se dentro de la propia ley general de Ordenación de la Economía que está siendo elaborada. Solchaga y Triana, sin embargo, se mostraron partidarios de una ley aparte, mientras que Pedro López Jiménez, presidente de la Empresa Nacional de Electricidad, y Carlos Bustelo, presidente del INI, no eran favorables a un estatuto regulador para la empresa pública.