Roto el pacto de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba

El pacto de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba, única capital de provincia con alcalde comunista, ha quedado roto tras el desacuerdo de los concejales socialistas con ciertas decisiones del alcalde, Julio Anguita. Este decidió, con sendos decretos, privar de competencias en el municipio a dos concejales socialistas, y los corporativos de este partido se coaligaron con los de UCD para votar la negativa a legitimar una gestión económica del alcalde.

Los hechos se centran, por un lado. en dos decretos del alcalde por los que relega de la primera a la última tenencia de alcaldía al socialista Antonio Zurita y destituye de la Delegación de Abastos, Mercados y Mataderos al también socialista Enrique Rivas, y, por otro lado, en la negativa del pleno a convalidar las actuaciones del alcalde en orden a legitimar y satisfacer los intereses y gastos derivados de la operación de compra de unas casas para asilo de ancianos. Dichos intereses fueron devengados a partir de un documento privado de aval para el que el poder de Julio Anguita no estaba respaldado por la Corporación y puede obligarle al pago, de su pecunio personal, de más de siete millones de pesetas.Los decretos de la alcaldía son consecuencia de un programa surgido en torno a la contratación del abogado y economista Emilio Hap como gerente de la empresa municipalizada de autobuses públicos, de la que el alcalde es presidente nato, al igual que lo es de la de aguas potables, implicadas ambas en el caso. En una nota, sospechosamente trascendida a los medios de información, dirigida al alcalde, los concejales socialistas inquieren sobre la situación del citado Hap, en cuya persona concurrieron o se sucedieron relaciones contractuales con Aguas Potables, Autobuses de Córdoba y Administración Especial de Tráfico, del propio Ayuntamiento, así como con la empresa ENASA-Pegaso, a la que Autobuses de Córdoba adquirió autobuses para su flota por casi trescientos millones de pesetas.

"Queremos gobernar con el PSOE"

Tras documentar con certificaciones oficiales el secretario de la Corporación-estatutariamente también secretario de ambas empresas municipalizadas- que de todos estos trámites tuvieron conocimiento los concejales socialistas, algunos de los cuales los suscribieron y rubricaron como representantes de su grupo en ambos consejos de administración, así como de la desvinculación previa de Hap con ENASA, el alcalde, tras señalar «que hemos querido y queremos gobernar con el PSOE», afirmó que no pueden seguir gozando de su confianza aquellas personas que, debiendo fidelidad a la alcaldía, «porque están cogobernando con ella», no la observan, por lo que, dijo, «hay que obrar en consecuencia».El socialista Antonio Zurita seguirá con las delegaciones que el alcalde le tiene encomendadas, pero al pasar de primer a octavo teniente de alcalde, ya no le sustituirá en sus ausencias, pasando esta suplencia al hasta ahora segundo teniente, el independiente por la lista del PCA, Rafael Sarazá. Por su parte, el también socialista Antonio Rivas continuará con su tenencia de alcaldía, pero privado de las delegaciones hasta ahora atribuidas.

Nada más terminar el alcalde de anunciar en conferencia de Prensa estos decretos, «previamente a la celebración del pleno, para que sus acuerdos no se consideren causantes de dichos decretos», comenzó la reunión del consejo municipal para tratar de hallar solución al defecto de forma en que incurrió el alcalde con la firma de un aval a la empresa Provienco, propietaria de un inmueble en la zona.

Esta empresa era propietaria de un edificio en la zona antigua de la ciudad, y el Ayuntamiento acordó comprarlo por 33 millones de pesetas para destinarlo a asilo de ancianos. La Caja de Ahorros Provincial colaboró en la operación, anticipando fondos al municipio en tanto la burocracia municipal tramitaba la gestión. La demora en entregar el inmueble y en la aprobación del presupuesto extraordinario de urbanismo que dotaba de partida a estos efectos han determinado unos intereses ante la Caja Provincial de Ahorros de más de siete millones de pesetas, que, al no obviarse los defectos formales, exoneran al Ayuntamiento como corporación de la obligación de sufragarlos, recayendo ésta sobre la persona del alcalde, que firmó tal documento de aval.

En el pleno se explicó que mediaba acuerdo unánime previo de una permanente, así como encargo de hacer la compra, pero, según el PSOE y UCD, que votaron en contra, se ocultó dicha compra a la Corporación, mientras se preparaba el trámite formal de un concurso de adquisición; por contra, PCA y PSA manifestaron que todos conocían y estaban de acuerdo en el tema.