La nueva regulación limita los márgenes de beneficio de las agencias de transportes

Las agencias intermediarias de transportes temen que el real decreto del pasado día 19, que dicta las normas básicas para la creación de centros de información y distribución de cargas, suponga el fin de los márgenes ilegales de los que hasta ahora se venían beneficiando, manifestaron fuentes de Cesintra, asociación patronal asturiana integrada en Fenadismer.

Las mismas fuentes de la asociación asturiana aseguran haber detectado intensas presiones sobre UCD para que el ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, recorte desde el BOE las ventajas concedidas por el citado decreto a los transportistas, entre las que destacan la exigencia a las agencias de poner a disposición del centro un mínimo del 75% del total de los portes que capten en el mercado y la creación de la figura del delegado de la comunidad autonómica -o preautonómica- cuya misión consistirá en velar por la legalidad de los acuerdos de la junta rectora y por el buen funcionamiento del centro.Por otra parte, el decreto transfirió a las comunidades autonómicas y preautonómicas todas las competencias sobre autorización, control, sanciones y clausura de los centros de información y distribución de cargas en el transporte terrestre de mercancías.

El decreto ha sido publicado en el BOE en vísperas de la huelga nacional convocada por Fenadismer para el próximo día 9 en apoyo de los centros de información y distribución. Aunque la convocatoria no ha sido anulada, en Asturias, donde las acciones de protesta de los camioneros han registrado una mayor violencia en los últimos años, se vislumbra la posibilidad de un acuerdo.

La huelga de 1979

Los autopatronos asturianos, que en 1979 protagonizaron una huelga que supuso la muerte de un camionero, cerca de 15.000 millones de pesetas de pérdidas y numerosos expedientes de crisis, han decidido aceptar el decreto y abrir las negociaciones sobre el estatuto del centro de información y distribución, que habrá de ser aprobado por el Consejo Regional de Asturias. Para ello exigen que dicho estatuto se adapte a las condiciones generales establecidas por la ley en materia de transporte, tarifas, comisiones y forma de pago.Los transportistas han denunciado de forma reiterada el monopolio de la comercialización de las cargas por parte de una minoría de agencias que, en general, ni siquiera tienen camiones propios y que además exigen primas ilegales. Su solicitud relativa a la puesta en marcha de los centros de información y transporte tenía como finalidad convertir a éstos en centros de estacionamiento de camiones, donde esperen, como los taxis, las ofertas de los usuarios y las agencias.