Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El procesamiento de David Martínez Loza posibilita el total esclarecimiento de la muerte de Yolanda González

«Aun cuando considero que los tipos de delito por lo que se le procesa no son todos por los que se le debería haber procesado es, sin duda alguna, un gigantesco paso en orden a la más profunda investigación de los hechos y de las personas que tomaron parte en los mismos». Así ha enjuiciado a EL PAIS el reciente procesamiento por la Audiencia Nacional, del antiguo jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, el abogado de la acusación particular, José Mariano Benítez de Lugo, que representa los intereses de los padres de la joven Yolanda González, asesinada por miembros del grupo ultra Comando 41 en la madrugada del 1 de febrero de 1980 en las proximidades de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Después de la negativa del juez instructor Ricardo Varón Cobos a las reiteradas peticiones de procesamiento de la acusación particular, basadas no sólo en datos del atestado policial, sino en posteriores declaraciones de Emilio Hellín ante el propio juez, la Audiencia Nacional ha resuelto procesar a Martínez Loza como presunto autor de un delito de coacciones y de otro de omisión del deber de poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito contra la vida, el primero por inducción y el segundo en concepto de autor material.La decisión de la Audiencia Nacional se ha producido cuando el sumario ya estaba concluido, y en respuesta al último intento de la acusación particular y el propio ministerio fiscal de que no se procediese a la apertura del juicio oral sin haber procesado previamente el antiguo jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva.

«La resolución de la Audiencia Nacional», ha manifestado a este respecto el abogado Benítez de Lugo, «constata una realidad que el juzgado instructor nunca quiso ver. Trayendo al proceso a Martínez Loza que, no debe olvidarse, era jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva cuando se produjeron los hechos que se le imputan, pensamos que es factible llegar a un pleno conocimiento de las circunstancias y personas involucradas en este execrable crimen». Por ahora, como dice la resolución de la Audiencia Nacional, no existe ningún indicio suficiente para suponer que Martínez Loza pretendiera la muerte de Yolanda, pero sí existen indicios racionales bastantes para suponer que el antiguo jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva ordenó a los miembros del Comando 41 que interrogasen a Yolanda, y se enteró, pocas horas después de cometida, de la muerte de aquélla, sin poner el hecho en conocimiento de la autoridad.

Funciones instructoras

En realidad, la Audiencia Nacional, en cuanto tribunal de apelación respecto de las decisiones del juez instructor, ha asumido de hecho funciones instructoras en la conducción de la investigación sumarial hacia la presunta culpabilidad de Martínez Loza y hacia el descubrimiento de algunos trazos de la infraestructura del terrorismo, de extrema derecha en España.En el auto dictado en febrero pasado por la Audiencia Nacional, ordenando por primera vez la reapertura del sumario por el asesinato de Yolanda González, el cual había sido cerrado por el juez en octubre del año anterior, se ordenaba expresamente que «una vez realizadas dichas pruebas se recibirá declaración al procesado Emillo Hellín y, a la vista de dichos informes y de las declaraciones de éste, se acordará lo procedente respecto del procesamiento de don David Martínez Loza».

También la Audiencia Nacional ha debido intervenir directamente ordenando la práctica de numerosas pruebas testificales, periciales y documentales que el juez instructor no creyó necesarias para la investigación de los hechos.

Aunque la tardanza en la práctica de determinadas pruebas hicieron que alguna de ellas resultara inviable, como ocurrió con el dictamen pericial sobre el ordenador marca Pet 2001, serie Comodore, por el que Hellín emitió el télex que reivindicaba el asesinato de Yolanda, otras lograron su efecto, principalmente las nuevas declaraciones de Emilio Hellín, los careos entre los procesados, la nueva comparecencia de David Martínez Loza ante el juez y la declaración judicial de varios destacados miembros de Fuerza Nueva sobre el apoyo económico dado a Hellín, según declaraciones de éste, para comprar armas en Verín (Orense).

El procesamiento de Martínez Loza se convirtió desde el primer momento en el caballo de batalla del sumario sobre la muerte de Yolanda González, entre el juez instructor y los abogados de la acusación particular. Para estos últimos era muy importante demostrar en la fase sumarial del proceso la existencia de indicios sobre la complicidad del entonces jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, en los hechos que llevaron a la muerte de Yolanda González.

Era la forma judicialmente viable para poder llegar a demostrar en el acto definitivo del juicio oral que la responsabilidad de los hechos no se ceñía sólo a los presuntos autores materiales de los mismos, sino que se extendía a una infraestructura más amplia, de la que procedían las órdenes y los medios económicos.

En esta batalla, que se ha prolongado durante un año y diez meses, el tesón y la capacidad profesional de los abogados de la acusación particular han conseguido su primera victoria a favor de la justicia: llevar a Martínez Loza a juicio para que el tribunal que juzgue los hechos pueda establecer su culpabilidad o su inocencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de noviembre de 1981

Más información

  • La Audiencia Nacional llevó la iniciativa de la investigación sumarial