Fiscal Chamorro: "Las injurias al anterior jefe del Estado se penaban con más de seis años"

«Las injurias graves al anterior jefe de Estado, según la aplicación del Código Penal, se penaban entonces con condenas entre seis años y un día a doce años», ha sido el comentario que hizo ayer en Murcia el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, Jesús Vicente Chamorro, sobre la sentencia provisional dictada por un tribunal militar contra el capitán Milans del Bosh, hijo del general Jaime Milans del Bosch.

Chamorro no quiso hacer ninguna otra declaración sobre el tema, afirmando que no conocía bien dicha sentencia y que había que esperar la confirmación de la misma por parte del capitán general de Madrid. Sin embargo, el fiscal observó que el caso que se juzga es complejo, porque se trata de unas presuntas injurias contra el Jefe del Estado, que a su vez fueron pronunciadas por un militar contra su jefe superior, recordando que el Rey es capitán general de los tres Ejércitos.El fiscal Chamorro pronunció ayer una conferencia sobre la soberanía popular y el poder judicial, organizada por el Aula de Humanidades de la Universidad de Murcia, en la que afirmó que «es imprescindible que puedan revocarse algunas decisiones de los jueces, porque las resoluciones de éstos deben ser criticables». Recordó que, este aspecto sobre la Administración de justicia estaba contemplado en el anteproyecto constitucional, «pero debió ser por obra del consenso, porque desapareció del texto definitivo».

«En realidad», dijo, «donde no existe el derecho de crítica, sólo existe el derecho de aplauso».

Por otra parte, según informa nuestro corresponsal en Bilbao, Javier Angulo, Herri Batasuna denunció ayer, por medio de un comunicado, el contraste que supone la condena de un mes y un día de prisión impuesta al capitán Milans del Bosch, para el que existía una petición fiscal de seis meses por injurias al Jefe del Estado, y la pena de seis años y un día que se pide para los concejales del Ayuntamiento de Larrabezúa, pertenecientes a la agrupación electoral Herriguitza -próxima a HB-, que en un pleno celebrado con motivo de la visita de los Reyes a Euskadi acordaron declarar a la Monarquía «indigna de pisar suelo vasco».

Indica HB en su escrito que los concejales, elegidos democráticamente por el pueblo de Larrabezúa, han sido procesados por una «declaración política» aprobada en el pleno de la Corporación -en el que el PNV se abstuvo- y no por insultos al Rey. Entiende HB que tampoco profirieron insultos al Rey los cargos electos de la coalición procesados en la actualidad «exclusivamente por cantar el Eusko gudariak».

Ambos procesamientos, al igual que los que se siguen contra el senador Miguel Castell y el diputado Francisco Letamendía, han sido valorados repetidamente por portavoces de HB como un intento de contrarrestar los efectos que el juicio contra los implicados en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero pueden provocar en los sectores más ultras del Estado español.