La Administración proyecta medidas urgentes para hacer frente a la caótica situación penitenciaria

El Ministerio de Justicia trata de hacer frente a las principales reivindicaciones planteadas por los presos en huelga de hambre: la situación de hacinamiento, el elevado porcentaje de reclusos preventivos y la reforma del Código Penal, mediante la aceleración de los proyectos pendientes que ya están elaborados para resolver esta situación anómala por la que atraviesan las cárceles españolas. Entre ellos, la agilización de los procesos judiciales y la construcción de veinticinco nuevos centros penitenciarios en los próximos cuatro años.

De los 22.028 presos que componen actualmente la población reclusa, 12.653 son preventivos (es decir, se encuentran encarcelados en espera de sentencia judicial), lo que supone un porcentaje próximo al 60%. Las causas de este atasco en la administración de Justicia hay que buscarlas en el artículo 503 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo texto dificulta la obtención de la libertad provisional.Con el fin de agilizar los procesos pendientes, el ministro de Justicia, Pío Cabanillas, se entrevisto ayer con el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Ríus, quien, poco después, anunció la convocatoria de una asamblea general para el próximo viernes, donde los 1.800 abogados del Colegio de Madrid tratarán de colaborar renunciando a algunos de los plazos marcados por la ley, lo que significará una notable reducción de la duración de los procesos.

Con igual motivo, el presidente del Gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo recibió ayer al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Sainz de Robles. Asimismo. Pío Cabanillas presentará en el próximo Consejo de Ministros un informe sobre la situación carcelaria en el que solicita la urgente tramitación de los proyectos de ley sobre reforma del Código Penal, así como sobre creación de nuevos juzados y aumento de la plantilla de funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Los próximos días 7 y 8 de octubre se reunirán las ponencias parlamentarias que informan sobre los dos proyectos mencionados, y el día 14, Pío Cabanillas comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de los últimos conflictos carcelarios y las medidas adoptadas por su departamento.

La reforma del Código Penal, otra de las reivindicaciones de los presos en huelga de hambre, está pensada con el objetivo de que los reclusos «cumplan más, sentencias más cortas». Esta expresión, en principio paradójica, significa que se van a acortar los plazos de cumplimiento de las condenas -incluso van a quedar reducidas, probablemente, en cumplimiento de fines de semana las de arresto menor (hasta un mes y un día) y las de arresto mayor (hasta seis meses y un día)-, pero se va a eliminar al mismo tiempo la posibilidad de reducir las penas por redención a través del trabajo, tal y como ocurre en la actualidad.

Las posibles soluciones para paliar el estado de hacinamiento en las prisiones, causa directa de la elevada tasa de suicidios que se producen anualmente en el interior de las cárceles, van a ser igualmente abordadas con la máxima urgencia, especialmente las relativas a la construcción de nuevas cárceles.

Racionalizar la construcción

Actualmente, las prisiones se construyen mediante el sistema de concurso su basta, lo que, a juicio del director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, presenta dos graves inconvenientes: uno, relativo a la seguridad, ya que todos los planos de la cárcel a construir se ofrecen a todas las empresas que concursan, lo que aumenta considerablemente el peligro de filtraciones de suma utilidad para los proyectos de fuga de sus futuros inquilinos. Y otro, de rentabilidad económica y social, ya que suelen transcurrir alrededor de cuatro años desde la convocatoria de la subasta hasta la construcción del centro penitenciario.Galavís está convencido de que los presupuestos más baratos resultan a largo plazo los más caros, no sólo porque durante esos cuatro años los salarios y los costes aumentan considerablemente, sino porque la tardanza no contribuye a resolver el problema del hacinamiento.

Mediante una racionalización de la construcción de las nuevas cárceles, encargándolas a «empresas solventes y empleando para la edificación los últimos avances técnicos y materiales prefabricados», se conseguiría, según el director general, levantar un nuevo centro penitenciario en doce meses.

Esas empresas, «solventes y restringidas», que, a juicio de Galavís, deben construir las nuevas cárceles, tienen que poner especial cuidado, además, en que sólo tenga toda la información sobre los planos el menor número de personas posible, como medida de seguridad.

La racionalización que propugna Galavís, y sobre cuya necesidad asegura «haber convencido a la Administración», incluye la construcción en todos los puntos de la geografía española de un mismo tipo de cárcel, cuyas características, según los proyectos elaborados actualmente, son las siguientes: celdas individuales y más «estéticas»; mejores zonas deportivas y de recreo, mayor número de salas comunitarias; incorporación de los últimos avances tecnológicos, tanto para incrementar la seguridad, como el control del movimiento de entradas v salidas de la población reclusa, y finalmente, y esto constituye una auténtica novedad, la instalación de energía nuclear en todos los centros y la utilización de las Fincas colindantes al edificio penitenciario como centros de autoabastecimiento mediante la instalación de granjas y tierras de cultivo.

Cárceles de 850 millones

Este será el modelo de las aproximadamente veinticinco cárceles que van a construirse de aquí a 1985, según el director general. En estos momentos, la capacidad penitenciaria es de 17.000 plazas, mientras que el número de internos rebasa los 22.000, y se calcula que para el año 1985 esta cifra alcance Ios 30.000. El coste aproximado de cada una de las nuevas cárceles es de 850 millones de pesetas, y albergará 350 reclusos.El amplio plan de modernización de las cárceles españolas «tiene muchas probabilidades de convertirse en realidad en la fecha prevista», señala Enrique Galavís, «porque tenemos lo más importante: el Ministerio de Hacienda nos ha destinado una partida de 40.000 millones de pesetas, cantidad que, de ser ratificada por el Parlamento en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, permitirá llevar adelante todos los proyectos ».

«Sin embargo», advierte Galavís, «es una tontería hablar tic cárceles más seguras si antes no se resuelve otro importante problema que tenemos en estos momentos: la vigilancia exterior de los recintos penitenciarios, encargada ala Guardia Civil». En la mañana de ayer, Galavís mantuvo una entrevista con el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, para debatir este problema. El general Aramburu expuso que no disponía de suficiente número de hombres para garantizar dicha seguridad pero que en muy breve plazo tiene previsto solicitar un aumento de la plantilla de la Guardia C1vil.

En otro orden de cosas, cabe destacar que Enrique Galavís manifestó ayer a este periódico que el traslado de los presos políticos vascos a las cárceles ce Soria y Nanclares de Oca (Vitoria) es inminente.