La democracia energética

EL CONSUMO de energía en España durante el período 1973-1979 ha tenido un aumento equivalente al de los siete años precedentes, cuando su precio era mucho más favorable y las condiciones económicas generales permitían mantener un rápido crecimiento de la producción. A pesar del tránsito de una energía barata y abundante a otra cara y escasa, en España, a diferencia de otros países de la OCDE, los sucesivos Gobiernos no supieron dar una respuesta adecuada a las nuevas circunstancias. La evolución del consumo de energía ha sido en gran parte el resultado de una serie de medidas de política económica adoptadas con la ingenua alegría de quienes viven ignorando las nuevas realidades del petróleo.Entre 1973 y 1979, la cantidad de energía consumida en España aumentó en términos físicos un 26%, mientras que países como Japón y Austria, que han tenido un crecimiento muy superior en su producción de bienes y servicios y han conseguido mantener tasas de pleno empleo, conservan un nivel de necesidades energéticas próximo al de 1973. Tales economías han sido posibles por una reducción sustancial del consumo de energía en la industria, que ha compensado el crecimiento en el consumo doméstico y en el sector transportes; por una política de precios realista, que ha repercutido las alzas exteriores en los precios interiores, y por la contención salarial. Pero los Gobiernos japonés y austriaco han sido también muy cuidadosos con el comportamiento del sector público, de forma tal que los déficit presupuestarios se han dedicado con preferencia a la realización de inversiones encaminadas a la sustitución del petróleo y al ahorro, energético. En Japón, la siderurgia ha reducido entre 1973 y 1978 el 29% el consumo de petróleo por unidad producida y el 8% el de la energía total. En España, en cambio, el consumo de energía eléctrica de la siderurgia en un período análogo no ha disminuido, sino que ha crecido en un 46%.

En los años anteriores a la ejecución del PEN (1973-1979), los consumos españoles de energía (electricidad y petróleo), distribuidos por usos finales, han crecido así: consumo doméstico, 43%; transporte, 21%, e industria, 36%. La lógica preferencia de los consumidores por los consumos energéticos (gasolina, butano, calefacción) ha sido, además, estimulada por la contención de algunos precios -butano y gasóleos- y la compensación de unas alzas salariales que, en última instancia, superaban las elevaciones de precios. El mayor consumo del transporte no se ha traducido en una mejora neta del sector, y es, en gran medida, el resultado de un descenso de la productividad en la energía consumida (obsolescencia del parque de camiones y autobuses). En la industria las subvenciones para fue¡ y gasóleo industrial se han mantenido más tiempo del necesario; luego ha sido la energía eléctrica la que ha mantenido unos costes energéticos inferiores a los resultantes de quemar petróleo. En resumen, los incentivos para aumentar la eficacia energética no han funcionado, y lo que se ha producido es una sustitución masiva en favor de la electricidad, al resultar sus precios más atractivos que los del fuel o gasóleos industriales.

El cambio de política energética operado después de 1979, repercutiendo las alzas del petróleo en los consumos finales, ha tenido unas consecuencias inmediatas. En los meses transcurridos de 1981 ha disminuido por vez primera el consumo total de gasolina y la industria comienza a introducir técnicas e innovaciones que permiten un mayor ahorro energético. La energía primaria total consumida en 1981 disminuirá en un 2% respecto a 1980. Además, la mayor utilización del carbón en las térmicas y en las fábricas de cemento está reduciendo nuestra dependencia respecto al petróleo.

Estos nuevos datos van a incidir sobre la programación del PEN, que partió en sus proyecciones de producción de un crecimiento del consumo quizá exagerado. El comportamiento de la demanda se consideró como un dato fijo, sin analizar su relación con los precios de la energía o la evolución de la renta disponible. Tampoco se tuvieron en cuenta las grandes posibilidades de aumentar la eficacia energética a través de nuevos transformadores o la autoutilización de la energía obtenida en muchas industrias, sobre todo si resultaba más económica que la de la procedencia de la red. El problema es espinoso porque las eléctricas se han endeudado para desarrollar unas inversiones que hoy día pueden resultar superiores a las necesidades energéticas futuras del país. Si la política energética de los últimos años ha vivido de espaldas a nuestra costosa dependencia del petróleo, sería también antieconómico que el desarrollo del PEN dirigiese un volumen excesivo de inversiones hacia un sector que no dispondrá de suficientes consumidores finales.