2.500 personas fueron consideradas como peligrosos sociales" en Madrid, en 1980

La ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se ha convertido en los últimos años en una ley represiva, absurda e impresentable, que ha servido a una sociedad hipócrita para quitarse de encima por el método más barato, cómodo y eficaz a ciertas personas que molestaban, según el fiscal de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Madrid, Juan José Martínez Zato. La citada ley, que infringe su propio espíritu al no existir los centros especiales adecuados para las personas consideradas como peligrosos sociales, ha provocado que durante 1980 en Madrid fueran abiertos por esta medida cerca de 2.500 expedientes, a través de los cuales no más del 1% de los detenidos fue privado preventivamente de libertad.

La finalidad de esta ley, cuando fue creada en 1933, era eminente mente preventiva, no represiva, respecto a aquellas personas en las que se podía apreciar una conducta con inclinación delictiva, pero actualmente se ha convertido, según estimaciones de Martínez Zato, "en una ley represiva que ha servido para encerrar sin ningún problema a determinadas personas". Además, en los juzgados de peligrosidad de Madrid -y de toda España, en general- el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona es considerada como peligroso social no conlleva ningún tipo de investigación.

Pregunta. ¿Esta ley ha provocado que en muchos casos se haya quebrado la norma penal de que ninguna persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho?

Respuesta. Por supuesto. Nosotros partimos de la base de que si existen algunas conductas constitutivas de delito sea la jurisdicción ordinaria la que se ocupe de estos casos, pero es absurdo que sea abierto otro expediente en los juzgados de peligrosidad, con lo que en muchos casos se ha vulnerado uno de los preceptos sagrados en el campo penal, que es el que dice que ninguna persona debe ser juzgada dos veces por el mismo hecho. La jurisdicción de peligrosidad no debe ocuparse de delincuentes, pero como tampoco existen centros adecuados donde enviar a los considerados como peligrosos sociales -mendigos, prostitutas o vagos-, estos juzgados se han convertido, en algunos casos, en la forma de librarse temporalmente de unas personas cuyos problemas deben ser solucionados por médicos, psiquiatras o sociólogos, y no por la administración de justicia, que actualmente no está preparada para ello. Además, ante el delito, el precepto penal no está generalmente adecuado a las circunstancias actuales de una sociedad democrática, y en muchos casos influye en nosostros mismos la preocupación por la situación de las cárceles, lugar que no es el más idóneo para enviar a estas personas.

P. Por el contrario, la policía de Madrid no piensa lo mismo y diariamente realiza decenas de detenciones de vagos y prostitutas. ¿Existe, pues, una falta de coordinación entre la labor policíal y la judicial?

R. Con todos mis respetos, discrepo totalmente de las declaraciones que hace tiempo realizó el jefe superior de Policía de Madrid en las que señalaba que era necesario revitalizar la ley de Peligrosidad Social. Esta horrorosa ley no sirve para nada y son rarísimos los casos en los que se consigue la rehabilitación de los internados. La mayoría de los jueces y de los fiscales de toda España coinciden en la opinión de que esta ley es ac tualmente inaplicable, ya que no se consigue absolutamente nada. Este es el punto de vista judicial, pero luego la policía detiene todos los días a centenares de personas, por ejemplo porque piden limosna. ¿Qué hago yo aquí con una prostituta? ¿Para qué vamos a internarla preventivamente, si cuando salga va a dedicarse a lo mismo, puesto que no encontrará otras perspectivas? La rehabilitación es práctica mente imposible si el Estado no ofrece oportunidades.

P. ¿Han pasado hasta el momento muchos trabajadores en paro por el juzgado de Peligrosidad Social?

R. En algunos casos sí, aunque parezca mentira. La rigura del vago va unida, en algunos casos, al paro, especialmente juvenil, y la policía detiene a personas por esta causa. El problema está bien claro. No se trata de reprimir, sino de buscar solución al problema y llegar a las causas que provocan o que producen estas conductas que tanto molestan a ciertos sectores. El vagar es ilógico que sea contemplado por el poder judicial, y sobre todo cuando la rehabilitación es una utopía y los internos cuando salen de estos centros no encuentran un puesto de trabajo. La reforma del Código Penal, pendiente de discusión en el Parlamento, duerme desde hace tiempo el sueño de los justos y todavía no se ha explicado este importante retraso. Sin embargo, a pesar de que esta reforma ya plantea la inmediata derogación de la ley de Peligrosidad, estos juzgados aplican una ley que es impresentable.