El fiscal marroquí crea una nueva figura delictiva para castigar duramente a la dirección socialista
La vista de la causa seguida contra el secretario general del Partido Socialista marroquí, Abderrahim Buabid, y otros cuatro miembros del Buró Político de dicha formación, fue suspendida ayer hasta el próximo día 24, después de que el fiscal del rey modificara la calificación de la acusación principal y solicitara para los acusados la pena máxima.
De acuerdo con el Código Penal marroquí, y para la acusación de alteración de orden público, retenida inicialmente por el fiscal, pero abandonada luego, las penas contra los dirigentes socialistas podrían haberse elevado a, como máximo, cinco años de reclusión El nuevo delito que el fiscal atribuye a los acusados es de "atentado contra las prerrogativas constitucionales del jefe máximo de la nación, el rey Hassan IV, y desconfianza en la gestión de los asuntos del Estado por este último.Dicha acusación la basa el ministro fiscal en el artículo 31 de la Constitución marroquí, que establece, entre otras cuestiones, que el rey "firma y ratifica" los tratados y convenciones internacionales de Marruecos. El comunicado, publicado el día 7 de septiembre último por la Unión Socvalista de Fuerzas Populares (USFP) criticando algunos aspectos de la resolución última de Nairobi sobre la organización de un referéndum en el Sahara, contiene, según el Fiscal, elementos que atentan contra esas prerrogativas del monarca.
Por la mañana de ayer intervino solamente la defensa, que la integran más de cien abogados, de todos los colegios provinciales de Marruecos. El jefe de la defensa, Mohamed Seddiki, decano del Colegio de Abogados de Rabat, dijo que los abogados defensores nunca pensaron que un día tendrían que defender a un hombre que ha sido maestro de todos ellos, y con una trayectoria política patriótica y nacionalista tan clara como Abderrahim Buabid.
El propio Buabid rechazó la acusación formulada por el fiscal y señaló que las resoluciones de Nairobi no eran ninguna convención ni ningún tratado internacional firmado por Marruecos, que su contenido todavía no ha sido comunicado tan siquiera oficialmente a Marruecos, y que, en último término, el comunicado del Buró Político de la USFP que dio lugar a su detención iba destinado a alertar a una opinión pública nacional ante el excesivo triunfalismo de la Prensa oficialista.
Buabid recordó que tanto el rey Hassan II como todos los marroquíes han jurado defender hasta la última pulgada del Sahara, y que creía un deber advertir contra algunos aspectos de la citada resolución que parecen ir contra esa marroquinidad del Sahara, muy en particular el hecho de que Marruecos haya aceptado la instalación de una administración interina internacional.
No obstante, Buabid solicitó que, puesto que el fiscal ha modificado la calificación de la acusación principal, se abra de nuevo el expediente del proceso para complemento de información. Al levantar, un par de horas más tarde, la sesión, hasta el día 24, el juez, Abdelhadi Baraui, no precisó si la demanda de Buabid había sido aceptada, o si el día 24 será simplemente anunciado el veredicto.
Si esta demanda es aceptada, en realidad, el Gobierno marroquí, que ha tratado hasta ahora de circunscribir este proceso a un marco meramente penal, se vería ante un auténtico debate político, lo cual, en gran medida, ya ha ocurrido, en donde se discuta efectivamente la gestión de la política exterior marroquí.
Ni la defensa, ni los observadores políticos creen que se llegará a ello, ya que de esa manera se prolongaría un juicio que el Gobierno marroquí parece interesado en acortar al máximo y terminarlo de la mejor manera posible para él.
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