No a los pactos con Estados Unidos, sí a la OTAN

Esta es la tesis que muy calificados y representativos sectores de la opinión pública española han venido manteniendo desde que tuvieron conocimiento de las condiciones en que en 1953 se concedió a los norteamericanos el derecho de construir y utilizar las bases aéreas, la naval y las demás instalaciones militares de que disfrutan en territorio español.Esas condiciones fueron cuidadosamente ocultadas en el pasado a nuestro pueblo, pero lo curioso es que, establecida la democracia, no ha habido hasta ahora gran interés por unos u otros en revelar la verdadera situación. Algunos libros, entre los que se cuenta el reciente y magnífico de Angel Viñas Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, son de las pocas excepciones que se han dado a esa regla general dominante de no hurgar en un tema que hiere nuestra dignidad nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre con esos pactos? Algo tan extraordinario como que no obligan a los norteamericanos a defender a España en el caso de que fuéramos objeto de una agresión por razón de la existencia de todas esas instalaciones militares de que ellos pueden disponer.

Estados Unidos nunca ha permitido que su presencia en terr,ltorio español pudiera ser interpretada como una alianza militar. Se ha preocupado de hacerlo constar así en los diarios de sesiones de su Senado, sin cuya aprobación no puede contraer ningún compromiso de esa naturaleza.

Tengo ante mis ojos una fotocopia del diario de sesiones de 22 de septiembre de 1970, en el que se transcriben las declaraciones de altos representantes del Departamento de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que les requirió para que dieran explicaciones sobre el alcance de la renovación de los acuerdos por cinco años, recién suscrita en Washington, el 6 de agosto de aquel año, por el secretario de Estado, míster Rogers, y el ministro de Asuntos Exteriores español, López Bravo. Aquellas comparecencias condujeron a que el Senado acordara que «nada en el citado acuerdo será interpretado como una obligación nacional contraída por Estados Unidos de defender a España».

Ningún compromiso

Es interesante señalar que el entonces subsecretario de Estado, mister Alexis Johnson, en su larga declaración por escrito, había manifestado lo siguiente: «Otras disposiciones de este acuerdo ponen en claro indirectamente que no existe ningún compromiso por parte de Estados Unidos respecto a España. Por ejemplo, Estados Unidos no está obligado por este acuerdo a mantener fuerzas militares en España. Aunque la Administración prevé que mantendremos algunas fuerzas en España durante el plazo de cinco años del acuerdo, si en cualquier momento cambiáramos de opinión, no hay nada en el acuerdo que impida la retirada inmediata de. España de todas las fuerzas y equipos militares. A este respecto el artículo 33, párrafo e), dispone que "el Gobierno de Estados Unidos podrá retirar en cualquier momento las construcciones no permanentes instaladas a sus expensas, así como su personal, propiedades, equipo y material". En el supuesto de que fuera contemplada cualquier retirada importante durante el plazo de este acuerdo, ello sería objeto, naturalmente, de consultas con España, pero no necesitamos la conformidad de España para llevar a cabo tal retirada». Los subrayados son míos.

Todo esto preocupó extraordinariamente a los dirigentes de la oposición democrática española y dolió mucho (es de justicia proclamarlo así) a hombres del régimen fenecido que no encontraron, sin embargo, alternativa viable a la situación que ellos mismos crearon cuando en 1953 buscaron a cualquier precio el respaldo político internacional de Estados Unidos. Poreso, dos meses antes de la aludida renovación de 1970, 120 personas significativas de aquella oposíción democrática aprovechamos una visita del secretario de Estado míster Rogers a Madrid, para hacerle llegar una nota en la que mostrábamos nuestro desacuerdo con tal renovación. Copia de ella fue enviada al mismo tiempo a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo.

Sin democracia

Decíamos en la nota que si España formara parte de la OTAN como las demás nacíones de la Europa occidental, «en las que existen bases americanas», la obligación de defensa por parte de Estados Unidos y los ejércitos de la Alianza Atlántica, en los que estaría integrado el español, no ofrecería duda, pero la dificultad para ingresar en tal organización radicaba en nuestra falta de libertades y de instituciones democráticas. «La oposición de mocrática identificada con el país», concluíamos, «no encuen tra excusa que pueda justificar el retraso de la evolución de sentido democrático que, además de sus bienes intrínsecos, nos proporcionaría -colocándonos al nivel de las instituciones políticas occidentales- el bien fundamental de no participar en pactos o acuerdos que por su naturaleza puedan ensombrecer nuestro prestigio y aumentar el riesgo de ser atacados sin que queden cubiertas adecuadamente las necesidades de la defensa nacional».

Como algunos recordarán, sesenta y tantos de los firmantes de aquella nota tan razonable fuimos sancionados con multas que variaron entre 100.000 y 25.000 pesetas. A uno de los multados, José María de Areilza, le correspondió enfrentarse a finales de 1975 y principíos de 1976, como ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobiemo de don Juan Carlos, el presidido por Arias Navarro (cuando faltaba más de un año para el establecimiento de la democracia mediante las elecciones de junio de 1977), con el problema de dar por terminados los pactos de que se trata cuyo plazo de cinco años había vencido, o renovarlos en las condiciones menos desventajosas posible. Lo primero, por razones obvias, era imposible, y como experto que siempre ha sido en el mundo de la diplomacia, logró que la renovación de los pactos, por un período que terminará el próximo día 21, fuera con el rango de Tratado Internacional (con intervención del Senado estadounidense) en lugar de ser un mero acuerdo entre dos Gobiernos. Consiguió también que los norteamericanos se comprometieran a retirar en,1979, de la base naval de Rota, los submarinos portadores de proyectiles nucleares Polaris, compromiso que cumplieron. Pero lo que no logró Areilza, ni han logrado después otros ministros de Asuntos Exteriores igualmente expertos, es que Estados Unidos se comprometa a defender a España mediante un tratado al margen de la Alianza Atlántica. De ahí que el texto de la resolución, por la que el Senado norteamericano ratificó el Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Madrid el 24 de enero de 1976, que ahora vence, contenga el siguiente párrafo:

«Estados Unidos, mientras reconoce que este Tratado no amplía el actual compromiso defensivo de Estados Unidos en el ámbito del Tratado del Atlántico del Norte, ni crea un compromiso de mutua defensa entre Estados Unidos y España, espera que se desarrollen relaciones ampliadas tales entre la Europa occidental y una España democrática que sean conducentes a la completa colaboración de España con la Organización del Tratado del Atlántico del Norte en sus actividades y en sus obligaciones de mutua defensa.

Fin a la relación desigual

Un Gobierno democrático español como el que existe (o los que han existido desde el 15 de junio de 1977) está en el deber de poner fin a una relación tan desigual como la que hoy tenemos con Estados Unidos. Nuestra entrada en la OTAN no aumentará. los riesgos que desde 1953 estamos corriendo con la presencia de sus fuerzas armadas en nuestro territorio. El presidente Calvo Sotelo ya ha proclamado que España no admitirá la presencia de armas nucleares en su suelo, y que en las islas Canarias no se establecerá ninguna base militar de utilización conjunta.

Verdad es que hubiera sido preferible ingresar en la Comunidad Económica Europea antes de hacerlo en la OTAN, pero aquel ingreso se ha ido demorando y la fecha del 21 de septiembre se echa encima. Si los dos congresos de UCD proclamaron el propósito de sumarnos a la Alianza Atlántica y,con ese programa ganamos las elecciones de 1979, ha llegado la hora de dar el paso. Ante la invariable actitud norteamericana, sigo pensando que es inaceptable pactar la renovación de la actual situación. Creo que sólo cabe su inevitable prórroga hasta que formemos parte de la OTAN en pie de igualdad con las demás naciones europeas integradas en ella.