Crece la ofensiva en favor de la televisión privada

El Comité Ejecutivo de Unión de Centro Democrático estudiará en su próxima reunión del día 19, un día antes de que se celebre el Consejo de Ministros, entre otros ternas, el de la televisión privada. Este asunto estará incluido en un informe más amplio sobre política informativa del partido en el Gobierno.El tema de la televisión privada puede ser tratado de nuevo en el próximo Consejo de Ministros, e incluso algunos medios apuntan la posibilidad de. que salga algún decreto-ley sobre el tema, mientras que algunos sectores afirmaban que en el Consejo de Ministros del pasado 31 de julio el ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, presentó el decreto con la normativa sobre la televisión privada.

En conferencia de Prensa posterior al Consejo, el propio presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, negó que este punto figurara en el orden del día. El texto, que al parecer ha sido elaborado por el Ministerio de la Presidencia, ha sido contestado por los sectores socialdemócratas de UCD, que, aunque son partidarios de la libertad de televisión, estiman que la normativa referida a este medio debe salir del Parlamento.

El presidente Calvo Sotelo zanjó la cuestión de la oposición a este posible decreto-ley con estas palabras: «En el Consejo de Ministros hay unanimidad en cuanto a lo esencial, y lo esencial son los dos congresos celebrados por UCD, en los que el partido se ha manifestado en favor de la televisión privada. Este principio general necesita un desarrollo. Yo no descarto la posibilidad de algunas divergencias, pero puedo asegurarles que la decisión será unánime».

Inmediatamente antes de hacerse pública esta información sobre la existencia de un proyecto de decreto-ley sobre televisiones privadas, los grupos y empresas que han solicitado alguna cadena o emisora de este tipo comenzaron una campaña de defensa de la televisión privada.

Al frente de esta defensa de la televisión privada se pusieron los periódicos La Vanguardia, Abc, las publicaciones del grupo Z y la agencia Europa Press, que han solicitado la cadena Antena 3, que será dirigida por Manuel Martín Ferrand. El Ya, de Editorial Católica, socio de Tele-80, dirigida por Luis Angel de la Viuda, informaba, por su parte, sobre la inminencia de la reglamentación de las televisiones privadas.

Paralelamente a este frente a favor de la urgente reglamentación de las televisiones privadas, el periódico Diario 16, del Grupo 16, que también ha solicitado una cadena de televisión, informaba sobre la posible próxima destitución de Fernando Castedo como director general de RTVE, porque habría perdido todo el apoyo por parte de su partido, Unión de Centro Democrático, y de Pío Cabanillas, ministro de la Presidencia. El cese de Castedo se haría más fácil, porque, según el periódico, existía una carta del director de RTVE dirigida al anterior presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en la que ponía el cargo a disposición del presidente, lo cual facilitarla su destitución.

El ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, dijo sobre esta información que se trataba de «una serpiente de verano o de una historia de fantasía científica para suplir de algún modo la falta de noticias de estas fechas». El ministro de la Presidencia añadió que la noticia, por su falta de base, no merecía ni siquiera un desmentido formal.

Los consejeros de Televisión Española, incluso algunos de UCD, no dieron importancia a esta carta que ellos desconocían, «carta que incluso aunque sea real», dijeron, «no tendría consecuencia alguna sobre la permanencia o no de Fernando Castedo como director de RTVE». Sobre la televisión privada, los consejeros de RTVE tampoco se han planteado ninguna discusión, ya que, de hecho y al margen de sus ideologías, están administrando una empres a de servicio público.

La regulación, en estos momentos, de las televisiones privadas por un decreto-ley provocaría un conflicto de tipo jurídico político de gran escala. Por una parte, según han explicado fuentes socialistas, este decreto puede crear un conflicto jurídico con respecto a leyes de rango superior. Pero además existe una proposición de ley sobre regulación de televisiones privadas presentada a finales de mayo de este año por un grupo de más de cincuenta diputados de UCD en la Secretaría General del Congreso.

El conflicto político que puede originarse si se aprueba efectivamente ese decreto-ley también puede preverse. Los partidos de la oposición de izquierdas PSOE y PCE se han pronunciado en repetidas ocasiones por la defensa de la televisión pública y defienden que, según el Estatuto de RTVE, la televisión privada es inviable.

Otras fuentes señalan que el PSOE admitiría las televisiones privadas con ciertas condiciones muy rigurosas referidas a la: publicidad, a la cobertura de audiencia (que debería concretarse más bien a lo regional local), a las condiciones económicas de producción y realización, todo ello controlado por una normativa que garantice la objetividad y la participación social o el interés social del medio. Algún otro medio, citando a fuentes de UCD, incluso ha llegado a hablar de un pacto secreto entre el PSOE y UCD por el que el tema de la televisión privada no sería estudiado hasta 1983.

Según fuentes socialistas, dentro del PSOE existe una tendencia mayoritaria que defiende la televisión pública, aunque haya algún sector del partido que esté dispuesto a admitir la televisión privada. De cualquier manera, para el PSOE cualquier decisión sobre este tema de la televisión debería pasar por el Parlamento.

El Partido Comunista defiende prácticamente este mismo su puesto. El Partido Comunista Unificado de Cataluña ha hecho público recientemente un comunicado en el qué denuncia la su puesta intención gubernamental de autorizar las cadenas de televisión privada mediante un decreto-ley. «La televisión privada», dicen los comunistas, «no supone una mayor libertad de expresión, pues esta libertad quedaría reducida a los que disponen de medios para poner en funcionamiento una emisora».

En los medios privados que han solicitado una cadena de televisión se considera, por el contrario, que la televisión privada es un derecho constitucional. Uno de estos grupos, concretamente Antena 3, ha presentado recientemente demanda de recurso de amparo constitucional contra el monopolio de Televisión Española.