El acusador privado del caso de Almería informa al Consejo General de la Abogacía sobre el expediente incoado contra él
Darío Fernández, abogado que se encarga de la acusación privada en el llamado caso de Almería, ha puesto en conocimiento del Consejo General de la Abogacía la decisión de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Almería de abrirle expediente sancionador por una posible falta disciplinaria.A este respecto, el propio decano del citado colegio profesional de Almería, Rogelio Pérez Burgos, ha declarado a EL PAIS sobre las razones de este expediente, del que en su opinión es prematuro hablar, ya que apenas se ha iniciado la investigación, «que puede haber habido una posible infracción de términos del Estatuto en cuanto a la publicidad profesional». Rogello Pérez Burgos, quien señaló reiteradas veces que él se encontraba en Madrid a raíz de producirse estos hechos, aclaró asimismo que el expediente incoado contra Darío Fernández no se relaciona en absoluto con el caso de Almería.
Efectivamente, ha sido el asesoramiento del letrado Darío Fernández al sargento de la Guardia Civil Bonill, que venía realizando con anterioridad a los trágicos sucesos en que perdieron la vida tres jóvenes santanderinos, el origen de este nuevo conflicto. Ya que a pesar de que el Código de Justicia Militar señala la imposibilidad de que un sancionado por el mismo cuente con la asistencia de un letrado, sí existe para el abogado la posibilidad de visitar al detenido, a petición de éste, siempre que no se encuentre incomunicado. Darío Fernández puso en conocimiento de su colegio profesional la extorsión de este derecho de visita al sargento Bonill, llevada a cabo por dos veces en la comandancia de la Guardia Civil de Almería, hecho que nunca se había producido con anterioridad a los sucesos de Almería. Sin embargo, una vez abierto el expediente investigador, sus colegas no encontraron motivo alguno para la protesta de Darío Fernández. «Lo sorprendente», ha señalado éste a EL PAIS, «es que hayan llegado a esa conclusión sin tomar declaración a ninguno de los testigos que presenciaron mi expulsión violenta de la comandancia, como la esposa del sargento Bonill y el propio detenido. En cuanto a las razones que se aducen para abrirme expediente, sólo puedo decir que me muevo con la discreción y el respeto debidos a la causa y al ejercicio de mi profesión. Por otra parte, tampoco puedo evitar el recibir llamadas, y es de normal cortesía atenderlas. Si algunos de mis comunicantes son periodistas que hacen uso de mis palabras y mi nombre, yo nada puedo hacer por evitarlo».
Por otra parte, hay que señalar que ayer un médico forense recogió muestras de las manchas que aparecen en el viejo cuartel de la Guardia Civil de Casafuertes, para ser examinadas a petición del acusador privado en el proceso que se sigue contra tres guardias civiles acusados del asesinato de tres jóvenes en Almería. Fulgencio Pérez Dobón, abogado defensor de uno de los guardias civiles implicados en el suceso, declaró a este periódico que las citadas manchas «son evidentemente de pintura, ya que como cualquiera puede ver, tienen el mismo color que la pintura del zócalo». El abogado de la defensa añadió también que «estamos a la espera del informe de balística y a la investigación biográfica de los tres jóvenes muertos».
Fulgencio Pérez Dobón, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Almería, que acaba de incoar expediente sancionador al letrado Darío Fernández Alvarez, declaró a este respecto a EL PAIS: «Acabo de tener conocimiento de este expediente por la Prensa, ya que yo, como es lógico, he estado ausente de la junta cuando se ha tratado el tema de Darío Fernández y no he participado en las votaciones».
