El juez tomará declaración a los implicados en la presunta estafa Promocisa

El titular del Juzgado de Instrucción número 17 ha cursado las citaciones correspondientes para tomar declaración a los implicados en la presunta estafa Promocisa, representantes bancarios, de instituciones y compañías de seguros, relacionados con el tema, y ha ordenado al jefe de Policía de Alcorcón precintar los archivos de la oficina de Promocisa, ante «ciertos y alarmantes movimientos que venían produciéndose en la documentación que allí se guarda», según declararon ayer en conferencia de Prensa los representantes de los afectados por el asunto.

Los representantes de los afectados enviaron una carta abierta al ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Ortiz, en la que ponen de manifiesto la «indefinida indecisión» de tal organismo y el «desentendimiento» del tema por parte de dicho ministro.La querella realizada por los afectados de Promocisa ha sido interpuesta por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes, y ha sido dirigida contra tres grupos de personas: los responsables de la gestión de venta de los pisos, los representantes de los bancos implicados en la presunta estafa, Banco Central e Industrial del Sur, y contra los representantes de las compañías de seguros relacionadas con el asunto, sin perjuicio de que puedan concurrir otras responsabilidades.

El pasado día 15 de julio fueron puestos en conocimiento del juez correspondiente los hechos que llevan a la presunta estafa del caso Promocisa, por si pueden ser constitutivos de delito, trámite que fue admitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 17 después de haberse roto e marco de negociaciones que venían manteniendo los afectados con los promotores para solucionar el tema sin llegar a tomar medidas judiciales. En este asunto, que llevaba más de dos años de continuadas negociaciones, han resultado afectadas cerca de 6.000 familias, de las cuales casi la mitad sigue sin obtener su vivienda y sin haber recuperado el dinero invertido.

Por otra parte, los afectados enviaron ayer una carta abierta al ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Ortiz, en la que manifiestan el desentendimiento que éste ha mantenido sobre el tema, cuya competencia había recabado para sí el Consejo de Ministros, reunido el 6 de Junio de 1980, que tomó la decisión de declarar el asunto de trascendencia social. La decisión de interponer las citadas querellas, señala el escrito, se ha venido a producir «después de firmar un convenio propiciado por la Administración y no resuelto por falta de la ayuda administrativa prevista en un plan económico que no consistía en ninguna aportación a fondo perdido, sino que estaba respaldado por el patrimonio de Promocisa».