Expertos internacionales elaborarán un contrainforme económico

El Gobierno vasco va a encargar a un grupo de expertos del Estado español, e incluso extranjeros, la elaboración de un dictamen para contraponerlo al informe económico redactado por la comisión de expertos que considera «globalmente rechazable a nivel político e incluso técnico», según pudo saber ayer EL PAIS de fuentes solventes del ejecutivo vasco. Las mismas fuentes indicaron que los planteamientos sobre política económica hechos en su informe por los expertos buscan la aplicación de los actuales criterios de UCD y PSOE, tendentes a convertir la autonomía hacendística reconocida a Euskadi en su estatuto en una «simple descentralización administrativa que choca contra el espíritu y la letra de aquél».Aunque el Gobierno vasco considera el informe de los expertos «formalmente respetuoso» en lo que se refiere al concierto económico, se muestra molesto por que en base a aquel se está desarrollando una campaña de intenciones contra el cupo con que debe contribuir Euskadi a las cargas generales del Estado que no asume, y más concretamente contra el sistema de fijación del mismo. «Es curioso cómo de todo el informe sólo se ha destacado lo que hace referencia al concierto económico vasco. Acaso hay interés en desviar la atención de los demás territorios del Estado hacia este punto, para tapar la verdadera realidad, que es que el informe esconde una interpretación restrictiva de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)».

Lo primero que cuestiona el Gobierno vasco del informe de los expertos es la propia personalidad de los mismos: «Difícilmente pueden ser imparciales expertos nombrados por los partidos de entre sus afiliados», afirmaron las citadas fuentes. «Dicha comisión», añadieron, «está destinada a dar un barniz técnico a opiniones políticas totalmente discutibles y que en la mesa de negociación difícilmente se pueden sacar adelante ».

Para las fuentes consultadas, de las pocas cosas positivas que tiene para el Gobierno vasco el informe mencionado es que se reconoce que la metodología utilizada para calcular el cupo de 1981 y el que regirá entre 1982 y 1986 es correcta.

En cuanto al criterio de aportación de la comunidad autónoma vasca al sostenimiento de las cargas del Estado que no asume, las fuentes del Gobierno vasco consultadas recuerdan que los expertos, al referirse a la necesidad de que la imputación del cupo se haga sólo en función de la renta, se olvidan de que es precisamente por esta vía (y no en función de la renta y población) como se ha calculado el cupo para 1981.

Acaso la discrepancia más fuerte del Gobierno vasco con el informe se refiere a lo que en éste se define como inversión nueva, en virtud de la cual Euskadi debería realizar dicha inversión previo acuerdo con el Estado y en base a las aportaciones que reciba vía fondo de compensación interterritorial. «Un mecanismo de esta naturaleza», opinan los expertos vascos, «eliminaría la capacidad que históricamente ha tenido el País Vasco, en virtud del régimen de conciertos económicos, en relación a este tipo de inversiones».