Por una comisión nacional para la paz y la neutralidad de España
Parecía como si con la llegada del verano los asuntos políticos fueran a remansarse, de tal modo que los ciudadanos pudieran al fin disfrutar de al menos una breve tregua estival en sus sobresaltos cotidianos y en lo que para muchos es un atormentado desarrollo de toda clase de asuntos. Pero los indicios empiezan a ser muy contrarios a esa posibilidad.A mi juicio, la UCD y el Gobierno, en su perspectiva de la confrontación electoral 82/83, no están dispuestos a dejar de crear nuevas situaciones traumáticas. Me refiero, naturalmente, al anunciado propósito de acelerar el ingreso de España en la OTAN, según quedó claro en las insólitas manifestaciones hechas en Washington por el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, y confirmadas después de la manera más resonante por el Ejecutivo, que el 10 de julio incluso lanzó el globo sonda de que podría convocarse al Congreso de Diputados a sesión extraordinaria en agosto «para debatir la cuestión de la OTAN ».
Veamos brevemente algunos detalles de procedimiento, pues el Gobierno Calvo Sotelo, que en marzo fue acogido con un amplio margen de crédito -por parte de los partidos políticos, medios de información y ciudadanía en general-, en su comportamiento reciente está adoptando actitudes que de la forma quizá más eufemística podríamos empezar a calificar como de muy poco dignas. En ese sentido, habrá de recordarse que en su discurso de investidura el actual presidente del Gobierno prometió muy seriamente concertar su política, y anunció que se constituirían mesas ad hoc para los distintos problemas, sin perjuicio de que el debate final fuera al Parlamento. No es eso lo que se está haciendo.
Realrrente, la única mesa que funciona, nada ad hoc, está en la Moncloa. Desde luego, el presidente tiene perfecto derecho a proceder así. Pero, entonces, lo menos que cabe exigir es que no hubiera proclamado semejantes promesas o que, habiéndolas hecho, hubiera anunciado su definitiva cancelación.
En los temas económicos, lo conseguido hasta ahora, el ANE, a pesar de su nombre, es un acuerdo más salarial que de empleo, pues lo único claro en él es el sacrificio de dos puntos en los salarios para 1982. Por lo demás, la reconversión industrial se ha despachado, sin consultas de ninguna clase, con el habitual recurso al real decreto ley; y el Plan Trienal de Inversiones, empezado a esbozar, no pasa hasta ahora de ser un mero trámite gubernativo interno
Por otra parte, en la cuestión autonómica, en vez de abrirse la más amplia discusión pública, seguida de un debate parlamentario ad hoc, lo que se hizo -en plan tecnocrático- fue encargar un informe al grupo Enterría, dejando al Parlamento en la más extraña situación, casi como comparsa de decisiones precocinadas. Todo esto, por las formas y los fines, creo que es sumamente grave que esté aconteciendo, cuando construimos la democracia en medio de las más diversas y graves situaciones.
Ahora, en los idus de julio, la situación raya en lo absolutamente increíble. La forma de plantear el tema OTAN pretende dar la impresión de que el Gobierno cuenta ya con el visto bueno de los grandes partidos sobre el procedimiento a seguir. No es así, pues que se sepa, no ha habido conversaciones al respecto. Y si en parte pudo haberlas, por su carácter extremadamente reservado, por no llamarlas secretas, serían inaceptables.
Pero, además de increíble, la «Operación OTAN-agosto» es muy grave. Resulta imposible admitir, cuando el país está sumido en los problemas de una depresión económica que ya dura ocho años, cuando la cifra de parados se aproxima a los dos millones, y cuando ni el Gobierno ni las fuerzas de seguridad han conseguido verdadera eficacia en la lucha antiterrorista, que se nos venga a decir, aunque sea con voz impasible y ademán circunspecto, que el problema más urgente de España es la OTAN, y que el tema ha de resolverse precisamente a treinta días vista.
Tal forma de proceder resulta más que preocupante para todos los que del Gobierno esperamos, por lo menos, una cierta dignidad.
Respeto a la Constitución
No vamos a desarrollar aquí y ahora los argumentos a favor o en contra de la OTAN. Esperemos que haya tiempo para ello. En cualquier caso, es evidente que, por ser un tema de tanta trascendencia, no cabe despacharlo como pretende hacerlo el señor Calvo Sotelo. Sencillamente, la entrada de España en la OTAN significa una verdadera mutación constitucional a la luz del artículo 8 de nuestra Carta Magna, el cual, en su apartado 1, dice que «las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». En ningún momento se habla de que esa defensa haya de ser compartida en una alianza concreta, del signo que sea. Y si se va a compartir, entonces hay que modificar la Constitución. Así de claro.
Pero además del importante problema constitucional -que exige cuando menos un referéndum nacional- hay que preguntarse por qué surge ahora la cuestión de la OTAN con tanta fuerza, después de más de sesenta años de ininterrumpidos elogios de unos y otros respecto a la neutralidad de Alfonso XIII durante la gran guerra y a la de Franco durante la segunda guerra mundial. ¿A qué se deben entonces estas prisas de ahora? A menos que se demuestre lo contrario, todo indica que la extremada urgencia radica en la perentoria aspiración de consolidar, como sea, a la UCD, frente a las tendencias de disgregación interna, y también frente a la erosión continua de su electorado. En medio de tan azarosos avatares, la UCD pretende consolidarse y mantenerse en el Gobierno aunque sea utilizando procedimientos involucionistas como los ya previstos de modificar la ley Electoral a fin de hacerla más restrictiva para el Parlamento y más alcaldista en lo concerniente a los ayuntamientos. Y de forma simultánea, la UCD busca una mayor imbricación -enfeudamiento en el Imperio se llamaba en la Edad Media- entre España y Estados Unidos mediante la «operación OTAN-agosto», que comportaría la posibilidad de plantear las próximas elecciones, con el maniqueísmo más tosco, el enfrentamiento entre los partidarios del modelo occidental (¿el de los casi dos millones de parados?) y los que están por cosas tan antipatrióticas como la paz y la neutralidad, la distensión y la convivencia, el desarme, etcétera,
No caigamos otra vez la nación española en el cepo de una ruinosa fractura entre liberales y carlistas, rojos y azules, o España y anti-España. Estemos alertas ante la hipótesis bien verosímil de que dividir el país con apriorísticos y mezquinos fines electoreros a propósito de la OTAN equivale a poner una bomba de relojería de gran potencia, que amenazaría seriamente el inestable equilibrio de la democracia. Incluso habrá quienes podrán decir que actuar así, como lo está haciendo el Gobierno, es macroterrorismo político. Y ,queda otra interrogante: «Cómo vamos a poder seguir pidiendo el Premio Nobel de la Paz para don Juan Carlos si España ingresa en un bloque militar como la OTAN?
Tampoco caigamos en el cepo de considerar que ingresar o no en la OTAN es una disyuntiva nítida de derechas a favor y de izquierdas contra, o de ricos pro y póbres anti. No hay seguramente país europeo más de derechas por su composición sociológica que Suiza y, sin embargo, es una nación neutral desde 1815 : para nada ha necesitado la OTAN desde que se creó en 1949. Como tampoco hay muchos países con niveles de bienestar, libertades y cultura que puedan equipararse a Suecia; y para defender todo ello, incluso con vecinos que algunos llamarían muy peligrosos, a los suecos les basta, también desde 1815, con sus propias Fuerzas Armadas nacionales.
El grueso de la opinión pública no puede permanecer al margen de cuestión tan decisiva. Por eso creo que no basta con los comités anti-OTAN creados hasta ahora, como no son suficientes las declaraciones de los partidos políticos. Es toda la sociedad civil la que debe pronunciarse sobre el tema, con pleno conocimiento de causa. Por ello mismo, no me parece ocioso proponer que se constituya una Comisión Nacional para la paz y la neutralidad de España.
En esa Comisión Nacional podrían participar todos aquellos que con conocimientos y capacidades suficientes pudieran contribuir a que el debate sobre las cuestiones de la defensa y de las futuras relaciones internacionales de España se hiciese teniendo en cuenta los intereses generales de la nación, y no simplemente a base de los fines minoritarios de un Gobierno determinado o de un grupo político concreto.
El tiempo apremia. Todos los elementos contrarios a la libre discusión y a su plena transparencia ya están en marcha para dar una salida muy poco racional, y muy poco nacional, a uno de los temas más graves y menos urgentes que hoy tiene España de cara a su futuro. La responsabilidad de todos los verdaderos demócratas -contrarios a enfeudamientos y a tristes acciones veraniegas de manipulación de la opinión pública- es concertarse para evitar semejante operación, que ya desde ahora se configura de manera manifiestamente contraria a los más elementales usos y derechos democráticos.
