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CANARIAS

Querella contra el juez que ordenó el desahucio de un hotel del Puerto de la Cruz

Los setenta trabajadores de un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife) y la totalidad de sus clientes, unos trescientos turistas nacionales y extranjeros fueron ayer desalojados por la Policía Nacional, en cumplimiento de una sentencia judicial. Por su parte, los trabajadores presentaron una querella criminal contra el juez de primera instancia del municipio de La Orotava, que había dado la orden de desahucio.Dicha sentencia judicial había puesto fin a un pleito mantenido durante cerca de un año entre Inmobiliaria Insular, comunidad de propietarios, del hotel de tres estrellas Anatonia, y la empresa explotadora del mismo, Propulsora de Turismo, la cual lo había cedido, a su vez, a otra empresa, Tripsa, con sede en Madrid, que posee otros dos hoteles en la isla.

La comunidad de propietarios de la que es, según han señalado representantes de los trabajadores, máximo accionista Vicente Calderón, ex presidente del Atlético de Madrid, reclamaba a la empresa explotadora la devolución del inmueble libre de personal, al haber expirado el contrato de arrendamiento y negarse a conceder una prórroga. El citado juzgado ha dado la razón a los propietarios y ha obligado a Propulsora de Turismo a cumplirla; sin embargo, Tripsa, sentencia, que es la actual empresa concesionaria, se ha negado a ello, ha remitido toda la responsabilidad a Propulsora de Turismo, con lo que se creó una situación muy confusa. El pasado 29 de junio se procedió al desalojo en un primer intento, pero los trabajadores se encerraron en el hotel y lo impidieron. Desde entonces han permanecido en lo que denominaron encierro vigilante hasta ayer, en que, a pesar de haber resistido durante unas dos horas en la misma actitud, fueron conducidos a las dependencias policiales en medio del susto de los turistas alojados en el hotel, que también fueron conducidos al exterior.

Según declaró Ignacio Rodríguez, secretario general de la Federación Canaria de Sindicatos Unitarios (FCSU), éstos habían presentado anteriormente una alegación que sería rechazada ante dicho juzgado para que el desalojo no se efectuara hasta que la Magistratura decidiera cuál de las dos empresas citadas iba a atender sus derechos laborales.

Ayer, el mismo colectivo anunció que había presentado ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife una querella criminal contra el juez correspondiente. «Es la primera de esta naturaleza que se ha presentado en la Audiencia Provincial, ya que estimamos qué existen elementos posiblemente delictivos en la actuación del juez», declaró el citado portavoz.

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