Roberto Calvi, el principal encartado en el escándalo de la logia P-2 italiana, era consejero del Banco Occidental

El famoso Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, el mayor banco privado de Italia, miembro de la logia masónica Propaganda 2 (P-2), actualmente encarcelado en una prisión romana, y que intentó suicidarse el pasado miércoles, era consejero del Banco Occidental. El consejo de administración de este banco fue sustituido el jueves, tras la compra del 51% de las acciones de la entidad por el Fondo de Garantía de Depósitos.

El Banco Ambrosiano posee un paquete de acciones, que supone el 10% del total, del Banco Occidental, y Calvi era su representante en el consejo de la entidad española. A pesar de ello tan sólo asistió en una ocasión a una reunión de los administradores del Occidental. De este modo, y sin que tengan ninguna relación aparente, se han unido las noticias de la compra del Banco Occidental con las del escándalo italiano más importante de los últimos tiempos.Por otra parte, y tras la firma del acuerdo entre los antiguos administradores del Banco Occidental y el Fondo de Garantía de Depósitos, ayer se respiraba una sensación de alivio en medios financieros. No se produjeron colas de retirada masiva de depósitos del banco y el nuevo consejo empezó su trabajo de gestión para sanear la entidad. El subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, dirigió ayer una circular a los presidentes, consejeros delegados y directores generales de todos los bancos y entidades de crédito que operan en España en la que, tras confirmarles el acuerdo y su contenido sucinto (véase EL PAIS de ayer) entre el Banco Occidental y el Fondo de Garantía de Depósitos, les ruega que «dejen de inmediato en suspenso toda medida restrictiva que hubieran podido tomar respecto a sus relaciones tanto de corresponsalía como de cualquier otro tipo en cuanto a operaciones bancarias con los dos citados bancos» (Occidental y su filial el Comercial Occidental).

El Banco Occidental no cotizó ayer en bolsa, como se había anunciado. Con él son ya trece los bancos -nueve comerciales y cuatro industriales- cuya cotización está suspendida en la Bolsa madrileña, informa la agencia Comtelsa. El caso del Occidental afectó a 6.435.244 acciones, de quinientas pesetas nominales, que habían cotizado por última vez el pasado día 1 de julio, a 131.

Desde las cinco de la tarde en punto, en que acudió a la sede de Corporación Bancaria el notario, hasta las nueve y media de la noche del jueves, duró la última sesión de negociaciones entre el Fondo de Garantía de Depósitos y los abogados del Banco Occidental para cerrar el laborioso acuerdo que se llevaba gestando desde hacía más de un mes. Posteriormente, en el Banco de España, como sede del Fondo, se firmó el texto. En resumen la operación ha consistido en la compra por parte del Fondo del 51 % de las acciones del Banco Occidental al precio simbólico de una peseta, lo que supone un monto de aproximadamente cuatro millones de pesetas. Este paquete suponía un valor nominal de algo más de 2.300 millones. Asimismo, los responsables del banco aportan garantías adicionales, tanto reales como personales, para reforzar la cobertura de riesgos del Banco Occidental con sus empresas asociadas.La fórmula negociada con el Occidental (que incluye a su filial el Banco Comercial Occidental) recoge tres experiencias acumuladas en los últimos años: la compra de acciones por valor de una peseta, las garantías personales del consejo saliente y el mismo relevo de consejo de administración. El nuevo consejo está formado por Antonio María Echevarren, José Ramón García Arango (que será con toda seguridad el primer ejecutivo de la entidad en la figura de consejero delegado), Alvaro Cuervo, Manuel Ortínez y Juan Antonio Ruiz de Alda.

El Banco Occidental llevaba dos años sin repartir dividendos, y las especulaciones sobre su mala marcha estaban a la orden del día en los círculos financieros. En estos momentos, Arthur Andersen terminaba una auditoría encargada por los actuales administradores. Su problema fundamental no se localiza en las pérdidas, sino en el inmovilizado que supone algunas de las casi 120 empresas participadas, de las cuales casi ochenta estaban bajo su control (inmobiliarias, constructoras, promociones regionales, etcétera). Dispone de una red de 119 oficinas, de las cuales casi una cuarentena está localizada en Madrid, que dan trabajo a 1.742 empleados.

Según la última memoria de la entidad, a 31 de diciembre de 1980 el capital de la entidad se elevaba a 4.630 millones de pesetas, siendo las reservas antes de la aplicación de resultados de 2.900 millones, incluyendo 385 procedentes de la regularización de inmuebles llevada a cabo, lo que totaliza unos recursos propios de 7.530 millones de pesetas.