Poco entusiasmo del Gobierno y del PSOE ante el contenido de la ley para ordenar el proceso autonómico
El proyecto de Ley Orgánica de Ordenación del Proceso Autonómico (LOOPA) fue entregado el pasado martes al Gobierno y al PSOE por Eduardo Garcia de Enterría, presidente de la comisión de expertos, al mismo tiempo que era presentado oficialmente el informe sobre la financiación de las comunidades autónomas.
Al parecer, el articulado de esta ley no ha entusiasmado ni a los socialistas ni al Gobierno, que la consideran excesivamente centralista. Dirigentes del PSOE estiman que este proyecto, que consta de cuarenta artículos, puede permitir una interpretación restrictiva de los estatutos.Dirigentes de los partidos mayoritarios echan en falta una delimitación clara de las competencias y lamentan la ambigüedad de algunos apartados. Así, mientras los redactores del proyecto dan criterios sobre conflictos de competencias que tienden a sobrevalorar la preeminencia del derecho estatal, no establecen claramente unas listas con las competencias propias de la comunidad autónoma, las compartidas y las exclusivas del Estado. No obstante, fuentes de la comisión de expertos han indicado a Europa Press que esta ley intenta ser una previsión del Estado sobre sí mismo, destinada a preparar la estructura y los elementos jurídicos precisos para afrontar la transformación que exige la Constitución. Los mismos medios agregan que la LOOPA establece mecanismos capaces de asegurar en todo momento la coordinación y coherencia de la acción pública y la comunicación permanente de carácter institucional entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas.
Los principios básicos de esta ley figuraban ya en el primer informe de la comisión de expertos sobre autonomías difundido el pasado mes de mayo. Allí se apuntaba que el proyecto entregado el martes a centristas y socialistas debería incluir en su título primero una serie de disposiciones generales tendentes a facilitar la reducción de los excesos semánticos «a que ha dado lugar el empleo impreciso, tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía, de la expresión competencias exclusivas».
Otro criterio que propugnan los expertos consiste en explicitar un principio constitucional según el cual la ejecución por las comunidades autónomas de la legislación del Estado permite al Gobierno central, vigilar la observancia de la legislación que aplican.
En cuanto a la negociación de traspasos de competencias, el informe aludido impulsaba la creación de comisiones sectoriales, únicas para todas las comunidades autónomas, si bien precisaba que la ley no podía imponer la sustitución de las comisiones mixtas de transferencias que están ya en funcionamiento. En cuanto a las transferencias de funcionarios se indicaba, sin ambigüedad, que deberían quedar puestos a disposición de la comunidad autónoma si ésta asumiese las funciones que aquéllos ejercían.
