Los abogados ya tienen un código de actuación para mediar en secuestros

El Consejo General de la Abogacía hará público el próximo lunes el dictamen elaborado por una comisión especial en el que se articula el marco legal de actuación de los abogados cuando sean requeridos en condición de tales para intervenir en un caso de secuestro, coacción o extorsión. Este marco legal o código de conducta será comunicado a los colegios profesionales, para cuyos miembros será de hecho vinculante.Entre las normas de carácter general que contiene el dictamen figura como línea básica de actuación de los abogados la distinción entre lo que sea profesional y lo que no lo sea. En este último caso, el abogado no contará con el amparo del colegio ni podrá acogerse al secreto profesional ni percibir honorarios.

El dictamen ahora concluido por la comisión que preside el consejero y decano del Colegio de Abogados de Valencia, Manuel Delgado Piñals, ha llevado más de un mes de trabajo, en el que se ha incluido un pormenorizado estudio de las jurisprudencias, a este respecto, de países como Francia e Italia, en los que es más habitual la figura delictiva en la que se solicita la mediación del letrado.

España se convierte, de esta manera, en el primer país cuya abogacía cuenta con un código de conducta de estas características. Su articulación es respuesta a la demanda en tal sentido de los colegios integrados en el Consejo, especialmente los del norte de España, que son los más afectados por este tipo de delitos.

Medios del Consejo hacen hincapié en que el marco legal articulado mediante el referido dictamen no tendrá carácter retroactivo, es decir, que no podrá ser aplicado a conductas pasadas, «sino que se orienta hacia el futuro, con el fin de dotar a los abogados de determinadas normas legales entre las que poderse mover cuando sean requeridos para mediar en un secuestro».

La decisión del Consejo General de la Abogacía de formar una comisión especial que fijara el código de conducta ahora limitado fue consecuencia de la fuerte polémica que se originó a raíz de la actuación del abogado donostiarra Ruiz Balerdi en el secuestro del industrial valenciano Luis Suñer. Este fue el último caso en el que de manera pública un abogado intervino como mediador