La amistad con Francia

LA BREVE visita del ministro francés de Relaciones Exteriores ha servido, al menos, para descargar la tensión entre Madrid y París, surgida a raíz de las palabras del primer ministro galo sobre la extradición de Tomás Linaza. Todo lo que contribuya a serenar los ánimos en vísperas del deseable replanteamiento de las relaciones hispano francesas, posible después del cambio en la Presidencia de la República (y tal vez en la mayoría parlamentaria) del país vecino, debe ser acogido con esperanza y aplauso. La tradicional francofobia de algunos sectores de la sociedad española puede quedar reforzada ahora por la voluntad electoralista de descalificar al PSOE como cómplice de la política exterior del presidente Mitterrand en materia de extradiciones. Sin embargo, las inequívocas palabras de Claude Cheysson en favor de la integración de España en la OTAN, opción que el PSOE rechaza, han puesto de relieve que las afinidades ideológicas y políticas entre los socialistas de uno y otro lado de los Pirineos no tienen por qué traducirse en opiniones idénticas sobre. cuestiones que conciernen a los intereses y a la estrategia internacional de cada Estado. Las discrepancias entre el PSF y el PSOE a propósito de la Alianza Atlántica, en cuya organización militar, paradójicamente, Francia no participa, pueden favorecer, al menos en el terreno de la propaganda y de los intercambios dialécticos, la posición adoptada por el Gobierno de UCD a este respecto. Sería abusivo, en consecuencia, que las decisiones del Gobierno socialista francés a propósito de la extradición de presuntos terroristas fueran manipuladas en un sentido diametralmente opuesto.

La eventual (y probable) negativa del presidente de la República Francesa a conceder la extradición de Tomás Linaza y de otros ciudadanos españoles acusados de crímenes terroristas en nuestro suelo daría una lamentable solución al dificil dilema con el que la magistratura francesa, tan silenciosa y cautelosa durante el reinado de Giscard, ha obsequiado a François Mitterrand nada más ocupar el cargo. El derecho de asilo no puede amparar a quienes emplean la violencia y el crimen contra las instituciones de un sistema democrático homologable al de los regímenes europeos y amenazado, de añadidura, por una conspiración golpista. La legislación antiterrorista, la jurisdicción especializada de la Audiencia Nacional, sucesos como los ocurridos en Almería o violaciones de los derechos humanos como los denunciados por Amnistía Internacional no suprimen, aunque la ensombrezcan, la existencia en nuestro país de un sistema parlamentario, ni hacen olvidar que esos negativos y condenables rasgos se han dado o se siguen dando también en Francia, Alemania e Italia.

No les falta razón a quienes, aun criticando la eventual denegación del presidente Mitterrand, defienden la necesidad de situar la cuestión de las extradiciones en el contexto global de la lucha contra el terrorismo etarra. Si bien la extradición de Tomás Linaza está sobradamente avalada por razones jurídicas, son mucho más relevantes, y a la larga decisivas, las argumentaciones políticas dirigidas a convencer al Gobierno de París para que colabore activa y seriamente a la erradicación del terrorismo en España mediante el cierre de ese cómodo santuario instalado a pocos kilómetros de la frontera, en el que los activistas de ETA, al amparo del derecho de asilo, se refugian después de perpetrar sus crímenes en nuestro suelo, cobran e invierten las extorsiones mafiosas de los «impuestos revolucionarios », adquieren y almacenan explosivos y armamentos, y proyectan nuevos golpes. La entrega de Tomás Linaza y de otros acusados de abominables delitos de sangre permitiría condenarlos, si se demuestra su culpabilidad, y encarcelarlos, pensando más en su castigo que en su rehabilitación, pero no impediría que otros miembros de esas bandas armadas prosiguieran sembrando la muerte y la desolación en el País Vasco y en el resto de España. En esa perspectiva, aunque se cometa el desafuero de la denegación de las extradiciones, creemos que el objetivo político de nuestra diplomacia debe ser que el Gobierno francés pse,de la tole rante pasividad frente a los refugiados de ETA al activo compromiso en favor de la democracia española y en contra del terrorismo.

El derecho de asilo en territorio francés no puede convertirse por más tiempo en una patente para la exportación del asesinato y de la provocación golpista, El respeto de las libertades en Francia no debe construirse sobre los sangrientos cimientos de la licencia para matar en suelo español con tal de que los terroristas no asesinen gendarmes. El apaciguamiento de las tensiones nacionalistas en Laburdi, Zuberoa y Baja Navarra, territorios históricos vascos incluidos en el departamento de los Pirineos Atlánticos, no debe hacerse a base de intercambiar la neutralidad de los independentistas vascos en Francia contra la tolerante complicidad para que realicen, desde sus bases de Bayona, San Juan de Luz o Hendaya, sus criminales incursiones en España.

El presidente Mitterrand y los socialistas franceses podrían por lo demás aprender un poco de su propia historia y recapacitar sobre las desastrosas consecuencias que tuvieron para su antecesor Leon Blum las vacilaciones e inconsecuencias de la política de no intervención durante nuestra guerra civil. El afianzamiento y consolidación de la experiencia Miterrand depende en algo de la estabilidad democrática de España. El ministro Cheysson ya se refirió, en Madrid, a que ésta era su «segunda capital»: toda una declaración de amistad y de esperanzadores propósitos, que es necesario que se cumplan.