El Parlamento y los "peligros" de la información

Uno de los puntos débiles del nuevo reglamento del Congreso, si no se remedia, es la actitud de prevención y desconfianza hacia la opinión pública que subyace en más de un artículo del proyecto. Tal posición se refleja, por una parte, mediante el reforzamiento de las cauciones en favor de las deliberaciones secretas sobre te mas delicados, y por otra, a través de una cierta consideración de los periodistas como seres política mente peligrosos, en virtud de su afán de comunicar a los ciudadanos lo que ocurre.En el artículo 97, la Comisión de Reglamento ha incorporado, entre los supuestos para que la Mesa sancione a un diputado, la revelación del contenido de sesiones secretas. El fantasma de las informaciones llegadas a la opinión pública sobre cuestiones secretas de interés general, como las irregularidades de Radiotelevisión Española (RTVE), Ia violación de derechos humanos o el intento golpista, actuó de acicate para reforzar el silencio de los diputados en el futuro.

En cuanto al trabajo de los periodistas en el Congreso de los Diputados, afortunadamente no ha prosperado la tesis inicial, muy querida para Landelino Lavilla, de que la asistencia de informadores a las reuniones de las comisiones quedará prohibida cuando el objeto de éstas fuera redactar «dictámenes que hayan de elevarse al Pleno». El argumento que se daba era que así se evitaba el efecto repetitivo que se trasladaba a la opinión pública sobre los trabajos parlamentarios. Una razón así podría acabar nada menos que con la existencia de la otra Cámara, el Senado. Permanece, en cambio, en el nuevo como en el viejo reglamento una noción corporativista de la información, que se traduce en la exigencia de que quienes puedan asistir a las sesiones parlamentarias sean «los representantes debidamente acreditados de los medios de comunicación social», y en una tendencia, en la práctica, a conocer las caras de quienes hacen información parlamentaria. Además de los informadores «debidamente acreditados», cada periódico dispone en estos momentos de una sola acreditación a utilizar indistintamente por cualquier redactor. Cuando, como es frecuente, concurre la convocatoria de comisiones diversas, a las que periódicos como EL PAIS desean que asistan los informadores especializados en los respectivos temas, las gestiones que hay que realizar son ímprobas, y no siempre obtienen éxito, a pesar de la probada amabilidad del personal encargado de la información en el Congreso.

Desde todos los puntos de vista, parece políticamente insostenible el afán mantenido por la Mesa del Congreso para limitar el acceso a la Cámara de caras nuevas de periodistas, olvidando que el Parlamento, institución básica de nuestro sistema democrático, requiere el máximo de difusión de sus trabajos, y debería corresponder a los propios medios, en función de la especialización profesional y del mejor servicio público a la audiencia a la que se deben, decidir en cada caso las personas acreditadas para realizar la información. Ni razones de seguridad -basta que los servicios correspondientes comprueben que el periodista va debidamente documentado y que no porta armas- ni razones de espacio -sólo en contadísimas ocasiones se llenan las tribunas de Prensa, que, por otra parte, son ampliables- justifican el espíritu ordenancista con que los responsables de la Cámara abordan estos problemas. Una muestra reciente de esta falta de sensibilidad fue la respuesta sonriente del secretario general del Congreso, Nicolás Pérez Serrano, cuando el miércoles pasado se le comentaban estas cuestiones: «Os quejáis de vicio».En este ambiente, no es extraño que los periodistas manifestaran su alarma cuando la Comisión de Reglamento aprobó una disposición por la que se da carta blanca a la Mesa para que regule «la concesión de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones que puedan asistir». Este texto, puesto en relación con la vieja idea de algún miembro de la Mesa de limitar los movimientos de los informadores en la Cámara -actualmente se les prohíbe el paso a las tribunas de público-, y especialmente de impedirles el contacto directo con los diputados en los pasillos próximos al hemiciclo, es suficiente para suscitar la inquietud profesional.