La acusación particular en el sumario de Almería solicitará procesamientos por asesinatos

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Los miembros de la Guardia Civil que participaron en los sucesos de Almería, en los que resultaron muertos, mientras permanecían detenidos como supuestos terroristas, tres jóvenes, impidieron que fuera sofocado el incendio registrado en el vehículo en el que viajaban las víctimas en su traslado hacia Madrid. Un guardia civil de paisano, que se identificó como miembro de la brigadilla de Almería, rehusó la ayuda que ofrecía un grupo de pescadores que pasaron por el lugar del incendio mientras éste tenía lugar, al tiempo que aseguraba que las víctimas del accidente habían sido ya evacuadas para su asistencia sanitaria.

Estos hechos, que ya habían sido denunciados por el portavoz comunista en la Comisión de Interior del Congreso, Simón Sánchez Montero, en el transcurso del informe gubernamental sobre cómo habían ocurrido los sucesos, contradicen sustancialmente la vesión oficial, según la cual, tras caer el automóvil por un terraplén se incendió «sin que el auxilio que se pretende prestar de inmediato a los ocupantes pueda ser efectivo».

De otra parte, declaraciones de los guardias civiles implicados en el sumario aseguran que no existió la referida oferta de ayuda por parte de nadie.

Sin embargo, como se desprende de las declaraciones sumariales realizadas ayer por cinco pescadores miembros del club almeriense El Palmeral, que pasaron en automóvil por el lugar de los hechos en la madrugada del domingo día 10, el ofrecimiento de ayuda fue rechazado por la Guardia Civil, que asimismo impidió a estas cinco personas descender de su vehículo, obligándoles a continuar su marcha.

Según ha manifestado a EL PAÍS Francisco de Casas Peinado, «hemos declarado ante el juez lo mismo que pudimos ver en aquella madrugada». Casas Peinado viajaba en referido vehículo donde los cinco pescadores se dirigían hacia Zújar (Granada), junto al conductor del mismo, que fue quien habló con la Guardia Civil. «Serían las siete menos veinte de la mañana del domingo día 10 cuando pasamos por la carretera de Gergal, y en un determinado punto vimos un ,gran resplandor y posteriormente, a medida que nos acercamos, unas fuertes llamaradas que subían hasta la carretera desde un barranco. El conductor del vehículo, en el que viajábamos otras cuatro personas que íbamos a participar en una competición de pesca, paró el coche y trató de bajarse. En ese momento, un hombre de paisano, que se identificó como miembro de la brigadilla de la Guardia Civil, nos impidió abrir el vehículo y nos informó que los accidentados en el siniestro del coche que ardía en el barranco habían sido ya evacuados. "Aquí no pasa nada", nos dijo, y nos obligó a seguir nuestro camino».

Este relato, repetido a EL PAÍS por Casas Peinado, coincide sustancialmente con las declaraciones prestadas por los otros cuatro pescadores que viajaban en el mismo vehículo, según ha podido saber EL PAÍS. Los otros cuatro pescadores que ayer prestaron declaración ante el juez especial que instruye el sumario por estos sucesos, de manera individual, fueron Juan López Almecija, que conducía el vehículo, José Linares Hernández, Enrique Quesada Troncoso Y Antonio Esteban Ruiz.

Nueva etapa en el sumario

Estas declaraciones, sobre cuyo contenido se negaron a aportar datos los abogados de la acusación particular y de la defensa, suponen el comienzo de una nueva etapa en el sumario y marcan el camino hacia nuevas investigaciones sumariales.

De otra parte, parece establecido que ocho de los diez guardias civiles que integraban la caravana que conducía detenidas a las víctimas hacia Madrid no habrían respondido a la orden de abrir fuego sobre el vehículo que ocupaban los tres jóvenes muertos. En la versión oficial sobre los hechos se señala que, al observar el teniente coronel jefe de la comandancia que mandaba la expedición cómo se arrojaban del Ford Fiesta en el que iban las víctimas, los dos guardias civiles que les acompañaban, y una vez efectuada la oportuna maniobra por el vehículo que marchaba detrás para evitar el atropello de los dos guardias civiles, éste ordenó abrir fuego a las ruedas para evitar que huyeran los detenidos. No obstante, parece que tan sólo dispararon el referido teniente coronel, su teniente ayudante y el guardia conductor del coche que ocupaban los tres guardias civiles, razón por la que son tan sólo estos tres miembros de la Benemérita los afectados por la petición de procesamiento hecha por el fiscal.

Asimismo, las pruebas periciales unidas ayer al sumario sobre la base de los informes técnicos presentados por dos ingenieros industriales que han estudiado la situación en la que se encuentra el vehículo siniestrado, podrían establecer la posibilidad de que éste se encontrara en punto muerto en el momento de caer por el terraplén desde la carretera. De confirmarse este supuesto, supondría una nueva contradicción con la versión oficial, según la cual el coche, a una velocidad aproximada de cuarenta kilómetros a la hora, derrapó y fue a caer por el terraplén como consecuencia de la propia inercia de su marcha, y una vez sin control, al haber sido abandonado por su conductor, uno de los dos guardias civiles que saltaron del vehículo para evitar la supuesta agresión de que eran objeto por parte de los detenidos.

A este respecto, la acusación particular, que tampoco aportó nuevos datos sobre el informe pericial de los ingenieros industriales, por impedírselo el secreto sumarial, abundó en su evidencia de que el coche cayó por el terraplén en dirección contraria a su marcha. Esta creencia se sustenta -según explicó Darío Fernández Alvarez- en la constatación de la secuela de cristales rotos que quedaron sobre el terraplén tras la caída del vehículo, así como en determinadas manchas de pintura que pueden apreciarse en algunas piedras sobre las que rodó el vehículo.

Abunda a favor de esta creencia el testimonio, ya incluido en el sumario, de un hermano de una de las víctimas y varios amigos de aquél que inspeccionaron la zona de accidente al día siguiente de ocurrir éste.

De otra parte, según ha podido saber EL PAÍS en medios próximos a la Guardia Civil, parece que a medida que avanza la investigación sumarial y surgen nuevos datos que contradicen la versión oficial de los sucesos, el clima de opinión que originalmente se detectaba entre la propia institución, y que se caracterizaba por una especie de pacto de silencio sobre lo ocurrido, comienza a registrar determinadas opiniones favorables a la exigencia de responsabilidades personales.

Coincidiendo con esta constatación, también parece complicarse el contencioso que afecta al abogado de la acusación particular, al que la Guardia Civil de Almería, al menos por parte de algunos jefes y oficiales de la comandancia de esta ciudad, está poniendo estos días dificultades para el ejercicio de su profesión -de acuerdo con el testimonio del propio letrado- en la asistencia a un sargento de dicha comandancia, que permanece desde hace dos meses arrestado por una falta grave de régimen interno.

En este sentido, el propio sargento, José Bonill, con el que EL PAÍS logró ayer hablar breves momentos, ha desmentido la nota de la comandancia, en la que se niega que Darío Fernández estuviera asistiendo al referido suboficial, así como que fuera expulsado de aquélla por el capitán Masegosa, tal como asegura que ocurrió el propio letrado.

Por último, por lo que se refiere a la posible exhumación de los cadáveres, el juez instructor aún no se ha pronunciado al respecto, y dos de los forenses que intervienen en la causa, con los que ha hablado este periódico, Antonio Plaza Amador y Basilio Compán Hanza, aseguraron que les sorprendería que el magistrado ordenara la referida exhumación.