"El INH no podrá ser juez y parte al distribuir los productos petrolíferos"
El Consejo de Ministros designó ayer a Claudio Boada como primer presidente del nuevo Instituto Nacional de Hidrocarburos, confirmando así la noticia adelantada por EL PAIS el pasado 24 de abril y despertando la expectación de los medios económicos madrileños en torno a la política y al equipo del ente público más importante de España tanto por su activo como por su rentabilidad. Claudio Boada ha declarado a este periódico que «el INH no podrá ser juez y parte en la distribución de los productos petrolíferos». Este tema parece haber sido delicadamente tratado por el decreto-ley fundacional del ente petrolero para no herir la susceptibilidad ni los intereses de los grupos privados.Por otra parte, el decreto-ley de creación del INH, que entró en vigor el pasado 24 de abril, no ha sido convalidado por las Cortes, ya que la oposición no lo aceptó como tal por tratarse de temas de gran trascendencia que afectaban al patrimonio del Estado y a empresas que nacieron al amparo de leyes y no de decretos. El Congreso tramitará, sin embargo, el decreto-ley como proyecto de ley con la consiguiente discusión en ponencia, comisión y pleno.
«Espero que Claudio Boada sea cauto en su presidencia del INH hasta que se apruebe el proyecto de ley», nos ha declarado Javier Solana, máximo responsable de los temas económicos en la ejecutiva del PSOE, «ya que se arriesga a que salga algo cambiado de las Cortes».
El Partido Socialista Obrero Español contestó la creación del INH, entre otras razones, por haber dejado fuera el controvertido tema de la distribución de productos petrolíferos, en manos de Campsa, así como el carbón, considerado actualmente de vital importancia como fuente de energía.
El "jeque" Boada
Claudio Boada, ex presidente del INI durante el ministerio de José María López de Letona, y actual presidente de Ford-España y de los bancos de Madrid y Catalán de Desarrollo (ambos propiedad de Banesto), ha sido centro de especulaciones desde que rumores oficiosos le señalaron como el hombre más poderoso de España en el campo energético por el deseo de Calvo Sotelo y la complacencia mal disimulada de Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto. El jeque Boada preside ya desde ayer un ente de derecho público que agrupa a todas las participaciones estatales en el sector del petróleo y sus derivados. Atraído por la aventura empresarial que supone coordinar el ente, Claudio Boada piensa formar un equipo directivo de unas cincuenta personas, en el que predominarán más jóvenes que carrozas del sector, y nombrará vicepresidente del ente al abogado del Estado José María Amusátegui, que ya fue vicepresidente del INI bajo su mandato.Los rumores que circularon en torno a la existencia de un «contrato blindado» con garantías de plazo, sueldo e indemnizaciones han sido desmentidos por el interesado: «La aventura me parece tan apasionante que voy a perder dinero, naturalmente con mucho gusto, con el paso de la empresa privada a la pública, porque al Estado», ha dicho Claudio Boada, «no se le pueden regatear sueldos».
Según hemos podido confirmar, el presidente del INH tendrá idéntico salarlo que el presidente del INI, Carlos Bustelo, que ronda de seis a ocho millones de pesetas al año, aproximadamente el doble que el sueldo del ministro. Una ventaja adicional que tiene Claudio Boada sobre Carlos Bustelo -aparte de que sus empresas tienen abundantes beneficios, en contraste con las pérdidas de las empresas que han quedado condenadas al INI- es que, según el decreto-ley, no podrá ser cesado hasta que termine su mandato de cuatro años.
En cuanto a las críticas, que señalaban un aumento del gasto innecesario para un nuevo edificio donde colocar el rótulo INH -Boada no quiere sentarse en ninguna de las empresas del ente- y una nueva burocracia, han sido rebatidas por el presidente, quien aseguró que la mera coordinación del anterior desbarajuste energético va a suponer una economicidad muy importante.
Claudio Boada ha considerado la creación del INH como un paso muy grande para el futuro energético español, respetando a los grupos privados (ERT y CEPSA, del Banco Central, y Petromed, del Banesto) y organizando todas las acciones del Estado.
El reparto de los distintos dueños representantes del Estado en el mundo petrolero, semejante a jeroglífico, puede resumirse en las siguientes participaciones: Petroliber (52% de Patrimonio- Hacienda y 48% entre Fierro-Central y otros privados), Hispanoil, prospección fuera de España (70% de INI-Industria y 30% de Patrimonio-Hacienda), Campsa (mayoría del Estado, 52%, sumando las minorías de Patrimonio-Hacienda y Banco de España y resto de bancos y otros privados en Bolsa), Empetrol (90% del INI-Industria, y resto, ERT y Banca Catalana), Eniepsa, prospección en España (ciento por ciento INI-Industria), Enagás (ciento por ciento INI-Industria) y Butano (50% de INI-Industria y 50% de la corporación filial de Campsa).
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