Desconcertante actitud de UCD en la negociación del Estatuto valenciano

Un clima de desconcierto sobre cuál será la postura final de UCD acerca del Estatuto de Autonomía presidió ayer, en Valencia, las reuniones de la Mesa del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano y de la Junta de Portavoces del mismo órgano. Las enmiendas presentadas por el grupo ucedista al dictamen de la comisión redactora del Estatuto fueron recibidas ayer, ya que habían sido enviadas por correo desde Madrid.

Ninguno de los representantes de UCD, que mantuvieron contactos ayer con los miembros de otros dos partidos presentes en el Plenario (PSOE y PCE), dijo poder asegurar la responsabilidad de su grupo ante la Junta de Portavoces, por lo que se ignora cuál será la postura final de UCD en el Plenario que se celebra hoy, en Alicante, para debatir el Estatuto de Autonomía valenciano.El diputado ucedista Luis Berenguer, portavoz oficial de su grupo, no asistió a la reunión. En esta situación, el diputado comunista Emérito Bono, perteneciente al sector más nacionalista de su partido, declaraba que el llamado Estatuto de Benicasim «es un estatuto de coña. Nos estamos armonizando», dijo, «antes de la ley de armonización de las autonomías».

En cuanto al contenido concreto de las enmiendas de UCD al dictamen de la comisión, las más importantes, tal como se esperaba, intentan hacer retroceder el texto pactado hacia las posturas propugnadas inicialmente por este partido en lo referente a las diputaciones provinciales.

UCD presenta una enmienda al apartado dos del artículo 47 del texto, en la que se propone sustituir la expresión de que las Cortes valencianas podrán delegar en las diputaciones provinciales la ejecución de las funciones que no sean de interés general de la comunidad autónoma y pertenezcan a las áreas de obras públicas, sanidad, cultura y asistencia social, por la fórmula delegarán. Ello establece una obligatoriedad ausente en el texto pactado y que refuerza a las diputaciones en detrimento de la Generalidad.

Por otra parte, los centristas proponen también que las Cortes valencianas decidan, por un mínimo de tres quintos, qué competencias serán de interés general de la comunidad autónoma y, por tanto, pertenecientes a la Generalidad en lugar de a las diputaciones, mientras que en el texto pactado se establecía la mayoría simple.