Debate sobre libertad de expresión y ley de Libelo

Representantes de medios jurídicos, políticos y periodísticos han intervenido en un debate en torno a la libertad de expresión y la ley de Libelo, organizado por la Fundación de Estudios Sociológicos (Fundes) y moderado por su presidente, Julián Marías.José María Stampa, catedrático de Derecho Penal, habló de la denominada apología del delito, «expresión contestada», dijo, «de significado poco preciso y de actualidad inmediata ante la nueva legislación penal defensista que será promulgada próximamente».

«Cuando la apología del delito o de sus autores se realice por medio de la Prensa o de cualquier medio de comunicación social, singularmente en materia de terrorismo y de los más graves delitos contra la seguridad interior del Estado», dijo Stampa, «habrá que pensar en responsabilidades económicas de la empresa editora o difusora, aparte de las responsabilidades penales que correspondan a los autores de la apología».

Horacio Sanz Guerrero, director de La Vanguardia, comentó la legíslación aplicada en el Reino Unido, primer país que liquidó la censura a finales del siglo XVII y que cuenta con el press council, o tribunal de honor, con finalidades éticas, sin que entre la judicatura, y en el que se encuentran representados todos los medios de difusión ingleses, junto a algunos representantes del Gobierno.

Oscar Alzaga, diputado de UCD, reflexionó entorno a la independencia de la necesaria reforma de la administración de Justicia, hoy coiapsada, y el ex ministro de Justicia y abogado Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate distinguió en los delitos de injuria y calumnia los nuevos derechos surgidos en virtud de la aparición de procedimientos de penetración en la intimidad, y defendió el derecho de la dignidad de la persona, que es, dijo, «una adquisición relativamente reciente de la humanidad».

También intervinieron en el debate, el socialista Enrique Múgica, que aludió al carácter delicado que tiene para la democracia la existencia de una ley de Libelo; Félix Pastor, que también se refirió a los riesgos de una limitación de la libertad de expresión y se mostró contrario a acciones prohibitivas a priori, y Antonio Pedrol, que comparó el derecho al secreto profesional reconocido al periodista con el del abogado, ya regulado y más estudiado en España.