Rechazada la devolución al Gobierno del proyecto de ley sobre los estados de alarma, excepción y sitio

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer, por seis votos a favor, 239 en contra, y 27 abstenciones, la enmienda a la totalidad del proyecto de ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, formuladas por Fernando Sagaseta (Unión del Pueblo Canario) y Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra) y defendidas por éste último. Bandrés advirtió que esta ley abre el paso a una dictadura constitucional, a lo que Antonio Carro (Coalición Democrática) contestó que lo preocupante sería una dictadura aconstitucional.

En su defensa de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley citado, Juan María, Bandrés manifestó que ante una ley de este carácter hay quién piensa si para proteger la democracia lo que realmente se hace es suspenderla. Señaló que no comprendía la prisa con la que se había elaborado este proyecto de ley -que se tramita por procedimiento de urgencia- después de año y medio de permanencia en la Cámara. Reconoció que los provocadores y los golpistas coinciden objetivamente, pero Iamentó que exista gente que se deje provocar mediante leyes como la que se sometía a debate. Recordó que la situación en Irlanda del Norte es más grave que la del País Vasco y, sin embargo, no es pensable en el Reino Unido una ley que amenace a la democracia.

Bandrés estimó preferible para defender nuestra democracia regular derechos constitucionales, como el de asistencia letrada al detenido, el Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas, la elección de Defensor del Pueblo y la ley que establezca el jurado como medio de participación popular en la justicia. Frente a estos proyectos irrealizados denunció actuaciones como la ley de Defensa de la Constitución, la ley Antiterrorista, el encargo del Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista a una persona sin credibilidad democrática -alusión al comisario Ballesteros- y el escándalo ante el empleo de los obispos vascos de un lenguaje próximo al pueblo. Añadió que con esta ley se sientan las bases de un estado policiaco, y recordó que una ley parecida abrió paso en Chile a la actual dictadura. Dijo que la presente ley puede conducir en nuestro país a una dictadura constitucional.

UCD: "La ley no suspende la democracia"

El centrista Lorenzo Olarte negó que la ley suspenda la democracia y, estimó conveniente prever situaciones y mecanismos de restauración de la normalidad cuando esta sea alterada. Se remontó al derecho romano para justificar las situaciones jurídicas de excepción y aseguró que, mediante la ley a debate, se cumple el mandato del artículo 116 de la Constitución y se manifiesta la voluntad de los españoles de continuar viviendo en democracia.

Previamente, el ministro del Interior, Juan José Rosón, intervino para asumir las mejoras realizadas por la comisión en el proyecto de ley y señalar que el texto resultante es escrupuloso con el derecho de asociación y mantiene la dirección del Gobierno, a pesar de las facultades atribuidas a la autoridad militar en el estado de excepción. Asimismo, aseguró que se garantiza que la autoridad civil continuará entendiendo durante el estado de sitio de las cuestiones que no pasen expresamente a depender de la autoridad militar.

Abstención de PNV y PCE

En la fijación de posiciones de los diferentes grupos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Comunista anticiparon que se abstendrían en la votación de la enmienda a»la totalidad. Por el PNV Marcos Vizcaya dijo que la devolución del texto al Gobierno no lograría la mejora de la ley, mientras qué sí podría perfeccionarse mediante las enmiendas introducidas en la comisión y en el propio pleno. Recordó que la procedencia del proyecto de ley desde septiembre de 1979. aporta la ventaja del momento en que fue elaborado, ya que habría sido peor si el proyecto gubernamental se hubiera redactado después del 23 de febrero.

Por los comunistas, Jordi Solé Tura expresó las reservas de su grupo ante una ley que no significa un remedio para la democracia, que sólo se encuentra en el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y en el reforzamiento del poder civil. Aceptó que se habían producido mejoras en la comisión, pero no las estimó suficientes. Solé Tura se preguntó si la prisa para elaborar esta ley indica que es necesario poder proclamar el estado de excepción inmediata mente y consideró que son pensables presiones extraparlamentarias, tras el 23 de febrero, para la aprobación de esta ley. Entre otros defectos de la ley, dijo que la declaración del estado de alarma no puede servir de cauce a la suspensión del derecho de huelga ni debe suspenderse en la práctica el derecho de asociación durante los estados de excepción y sitio.

Antonio Carro, por CD, manifestó que su grupo votaría a favor y, contestando a una de las objeciones de Bandrés, dijo que lo preocupante sería una dictadura aconstitucional. Aseguró que las cautelas que se establecen son enérgicas, pero legales y dijo que, frente a los ingenuos y románticos, debe preverse la anormalidad que se pueda producir contra la democracia y la Constitución. Añadió que, en todo caso, «nos gustaría que esta ley quede archivada en el cajón del olvido».

El socialista Félix Pons se manifestó contrario a la enmienda a la totalidad, por estimar el proyecto de ley resultante de la Comisión Constitucional base suficiente para el debate en el Pleno. Aseguró que los socialistas acudían al mismo sin el complejo de dar satisfacción a los enemigos de la democracia y que encauzarían las reservas serias mantenidas ante esta ley mediante las oportunas enmiendas. «Esta ley la queremos en el contexto de una sociedad democrática, sin riesgo para que los enemigos de la democracia acaben con ella».