Positivo balance de la gestión de la izquierda en el gobierno de la ciudad

Un primer análisis de la actuación de la izquierda al frente del primer ayuntamiento democrático de Madrid después de cuarenta años es claramente positivo. Frente a los puntos negativos de una mayor presión fiscal, un cierto descuido en la prevención de la contaminación atmosférica o la marginación de las asociaciones de vecinos, las decisiones políticas en materia de urbanismo, de transportes o de circulación han permitido ofrecer al ciudadano medio una imagen de efectividad administrativa definitivamente mejor que la dada por anteriores corporaciones.

Probablemente el balance del trabajo realizado en dos años por este Ayuntamiento, libremente elegido por los ciudadanos por primera vez en los últimos cincuenta años, hubiera sido más efectivo si la izquierda hubiera dispuesto de un instrumento de gobierno -la ley de Régimen Local- más acorde con los nuevos tienípos y, al menos, en línea con la nueva filosofía política que invadió los despachos de la Casa de la Villa en abril de 1979, y que, en definitiva, es la que gobierna.Mientras que en otros países europeos la fiscalidad que recae sobre las administraciones locales es de una media del 25% del total de presupuesto -hay países, como Holanda, que alcanzan un 60%-, en España la cifra se sitúa en torno a un 10%, excluido el impuesto sobre la gasolina, que repercute directamente sobre los ayuntamíentos. La ley de Régimen Local tiene también otros mecanismos arcaícos y propios de otros equipos municipales monocolores y digitalistas, como la necesidad de la mayoría de dos tercios para decisiones de importancia, sin contar la falta de estructuración de la financiación de los déficit de las haciendas locales y otros.

El triunfo de la izquierda en los comicios locales, en Madrid, no sólo se recibió, en la madrugada del 3 al 4 de abril de 1979, con una generosa carga policial contra los militantes y simpatizantes socialistas y comunistas, que se habían congregado en la plaza de la Villa para festejar los resultados de las urnas, cuando aún era gobernador civil de Madrid el actual ministro del Interior, Juan José Rosón, sino que hubo de soportar en los primeros meses el examen puntual y riguroso de los llamados poderes fácticos y los políticos que gobernaban la nación con otro color político.

Este era, y es, un país gobernado por UCD, donde casi el 80% de los ciudadanos tienen alcaldes de izquierda o nacionalistas. La confrontación entre ambas administraciones -la central y la local-, potenciada por esa legislación citada (en Madrid y en otros muchos lugares se han suspendido acuerdos tomados por alcaldes), ha privado a los ayuntamientos el ejercer uno de los artículos de la Constitución, el 140, que dice que las corporaciones, locales son autónomas. La llave de la autonomía, el dinero, se ha repartido en ocasiones con una cierta discreción.

Y en esa óptica, y en la de equipos municipales nuevos, con poca experiencia o ninguna (al menos en la mayoría de los concejales de izquierda de Madrid), es desde donde debe estudiarse el trabajo de los equipos municipales de gobierno, que ahora pasan su ecuador.

En los temas de gobierno de una ciudad, los errores y los aciertos se pagan o se disfrutan diez, quince o veinte años después. Madrid está pagando ariora las consecuencias de un crecimiento desordenado, y sin planificación y de una especulación sin precedentes. Descontando el centro del casco urbano, el resto de los barrios y distritos de la ciudad producen la misma sensacion que un cuadro hecho por un gigantesco pintor que hubiera arrojado desde lejos la pintura sobre un lienzo enorme.

Decisiones políticas de importancia

A la creación y puesta en marcha de una política urbanística (de izquierda, naturalmente, aunque Enrique Tierno niegue que exista un urbanismo de izquierdas), hasta entonces inexistente, y que contemple la ciudad como un conjunto unitario, el actual Ayuntamiento ha conseguido de Coplaco (organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que ostenta la máxima competencia en la materia) la revisión por el Ayuntamiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Probablemente la decisión más importante tomada en estos dos años, por cuanto en ella le va el futuro a esta ciudad. Una revisión completa de un plan anterior, caduco a sus dieciocho años de existencia, cuyo objetivo central es evitar, en lo que aún sea posible, la masificación de la ciudad.

Dos decisiones polémicas

En cuanto a circulación y transportes, hay que anotar otras dos decisiones trascendentales, una de ellas ciertamente impopular: la puesta en práctica de la llamada Operación de Regulación de Aparcamiento (ORA) en el centro de la ciudad, que limita, al estilo de la antigua zona azul, el tiempo de aparcamiento de vehículos a una hora y media (excepto para residentes, que gozan del privilegio de aparcar libremente en su barrio) y que afecta a los barrios de Arapiles, Sol, Universidad, Justicia, Palacio, Trafalgar, Recoletos y Goya. Aparcar en esa zona cuesta a razón de quince pesetas cada media hora, con la obligación adicional de cambiar de lugar el vehículo cada noventa minutos. Esta medida se ampliará prácticamente al doble de espacio urbano el próximo 18 de mayo.

La segunda es la absorción por el Ayuntamiento de las veintiuna líneas periféricas que tenían concesiones privadas desde hacía doce años. A pesar de la evidencia de que el servicio era notablemente peor que el que ofrece la Empresa Municipal de Transportes, la medida provocó fuertes enfrentamientos entre la izquierda y el grupo de concejales de UCD en la oposición, por cuanto había en el medio de la operación grandes intereses económicos. No obstante, parece que hay razones objetivas suficientes para, en un contexto de precio, político de las tarifas de transportes, poder exigir una mayor calidad a una empresa pública que a una empresa privada.

El proyecto de creación de aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, la próxima construcción de aparcamientos para residentes, la idea de la creación de un billete combinado metro-autobús-tren y la presión que el Ayuntamiento ha ejercido sobre los ciudadanos en cuanto a la obligatoriedad de pagar las multas de circulación (operación de embargo y precintado de vehículos para los impagados) permiten contemplar con un cierto optimismo el futuro de la circulación en la ciudad. Sumando a lo anterior las recientes aperturas de líneas de metro y las previstas para los próximos tiempos, la primera de las cuales será la de Pacífico-Oporto, que se inaugurará en los próximos días y que facilitará doce estaciones más para la zona sur, la peor dotada en cuanto a transportes. Estadísticamente es comprobable que la media de la velocidad de los vehículos en el centro se ha elevado considerablemente en los últimos doce meses.

32.000 millones para el Plan de Saneamiento

Aunque esta obra de ingeniería llega tarde y es una herencia de la Corporación anterior con sólo ligeros retoques, al equipo actual hay que reconocerle la voluntad política de poner en marcha la complicada y costosa operación. Se trata de un plan que logrará la depuración de las aguas residuales de la ciudad hasta un 95% y que permitirá, al decir de los responsables, que los peces vuelvan al río Manzanares en 1984. Es la obra de mayor envergadura que tiene el Ayuntamiento en sus manos y también la más cara: 32.000 millones largos de presupuesto que pagarán los vecinos a través del incremento de las cuotas del agua, aunque para la aceleración de las obras se acudió a un crédito exterior de 7.000 millones de pesetas. Al menos en esta decisión sí habrá una mayor justicia distributiva, ya que los más ricos, que también son los que consumen más agua potable, serán los que más paguen.

Y para enumerar las decisiones y medidas más importantes tomadas por esta Corporación, habría que hacer la siguiente lista: cambio de nombre de veintisiete calles (entre ellas, las de Generalísimo, José Antonio y Calvo Sotelo); cambio de color de los taxis (en buena par te, para satisfacer una antigua petición de los trabajadores del sector); desconcentración municipal en favor de las juntas de distrito; despido de funcionarios por corrupción y negligencia; comienzo de la reforma administrativa del Ayuntamiento (un monstruo de 22.000 funcionarios -actualmente, unos 3.000 en excedencias de varios tipos-, sin contar los 7.400 trabajadores de la EMT); consecución del primer convenio colectivo (posteriormente anulado por la Administración central), tras la celebración de las primeras elecciones sindicales municipales; recopilación de la información urbanística madrileña (síntesis del planeamiento de Madrid); reorganización de la Gerencia Municipal de Urbanismo (exigencia de dedicación exclusiva de los funcionarios); legalización de las irregularidades urbanísticas de Mercamadrid; regulación y control de la venta ambulante: resurgimiento de las fiestas de los carnavales y de las fiestas de los barrios; convenio con el Ministerio de Sanidad para la creación de centros de urgencia y creación de centros de distrito de promoción de la salud; inauguración de numerosas zonas verdes y repo blación de árboles en barrios y en la M-30; velódromo popular Príncipe de Vergara; servicio de orientación telefónica para los madrileños; campaña para mejorar la calidad en bares y cafeterías, etcétera.

Fuerte presión fiscal

Todo ello -la lista podría ser mucho más larga- en el haber, ya que el debe es también necesariamente largo, comenzando por el propio talante de alcalde y concejales. Un talante incapaz de aguantar la crítica, especialmente en los primeros tiempos, cuando la falta de experiencia plagó de errores la gestión municipal. La izquierda, comenzando por su alcalde y por su primer teniente de alcalde, Ramón Tamames, tiene una apacidad de receptividad hacia la crítica notablemente inferior que la derecha. Y este es un hecho constatable. Debe que continúa con la fuerte presión fiscal municipal que ha tenido que soportar el ciudadano en los últimos dos años y que al decir de los empresarios ha podido llevar a la quiebra a muchos pequeños y medianos empresarios. Y debe que se completa con la falta de sensibilidad de este Ayuntamito frente al problema del paro; la marginación a que se ha sometido a las asociaciones de vecinos; el afán por promover una cultura protegida; la falta de tacto hacia el colectivo de funcionarios y hacia el grupo de concejales de UCD; el escaso trabajo desarrollado por las juntas de distrito; las viviendas sociales; la probable negligencia continuada en la previsión de la contaminación ambiental, aunque el Ayuntamiento no tenga competencia decisoria en el tema, etcétera.

Aunque, no obstante, el balance es positivo y alentador. Se está lejos aún de tener esa ciudad alegre, culta y limpia que soñó el alcalde a los cien días de su mandato, y lejos también de la convivencia que propugnó el mismo día de su toma de posesión, ante el crucifijo y la Constitución. Tampoco los gorriones -al menos en su acepción poética- han vuelto a Madrid. Pero la labor realizada en dos años permite ver con optimismo los otros dos de mandato de que aún dispone la izquierda. La ciudad es hoy mejor y más habitable que ha ce dos años, aunque tendrán que ser los electores los que juzguen el trabajo de esta Corporación en las elecciones de 1983.

La oposición de UCD

Párrafo aparte y final merecería el grupo de concejales de Unión de Centro Democrático. Un grupo inicialmente compacto y con experiencia municipal, que, tras perder la alcaldía, se dedicó más a la oposición chirriante y escasamente constructiva que a la tarea de colaboración con la izquierda en el gobierno de la ciudad; y que se preocupó más de convertirse en cantera política del Gobierno que en grupo de trabajo del Ayuntamiento. Así, al menos ocho de sus principales oorícejales saltaron a los siguientes puestos: José Luis Alvarez, ministro de Transportes; Juan Torres, presidente del Consejo de Intervención del Metro; Javier Soto, director general de Administración Local; Luis María Enríquez, director general de Urbanismo; Javier Tusell, director general del Patrimonio; Florentino Pérez, director general de Infraestructura del Transporte; Miguel Herrero, portavoz del Grupo Parlamentario de UCD en el Congreso, y Jaime Cortezo, que abandonó el partido al integrarse en el Consejo General del Poder Judicial.

Una oposición, en suma, forma lista, de pressing continuo, sin ideas, que fue capaz de bloquear durante cuatro semanas el Ayuntamiento, en el otoño de 1979, por el ya citado mecanismo de los dos tercios. al no estar de acuerdo con los decretos del alcalde de nombramientos de presidentes de comisiones informativas y de juntas de distritos, puestos que recayeron en su totalidad en socialistas y comunistas. Una oposición que se parapetó continuamente tras los medios de comunicación -"Tenemos que enterarnos de las cosas del Ayuntamiento por la Prensa», era la cantilena continua de los ucedistas-, y que no ha sabido, en fin, estar a la altura del cambio.