De la guerra contrarrevolucionaria, a la entrada del Ejército en la política

Analistas que siguen el fenómeno del terrorismo y las vicisitudes de su combate en diversos países europeos han evaluado de forma negativa las últimas decisiones del Gobierno español en está materia, tanto por lo que se refiere a la cooperación de unidades militares como la formulación dada al llamado mando unificado de la lucha antiterrorista. Los citados medios estiman que las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas deben reducirse al plazo mínimo necesario para liberar de sus actuales cometidos los contingentes de Guardia Civil y Policía Nacional que hayan de relevarlas en los cometidos que ahora realizan unidades militares.

Además subrayan la mayor vulnerabilidad que ofrecen hombres en filas que carecen de profesionalidad y no tienen mayor entrenamiento que el de los breves períodos de instrucción.Parafraseando las afirmaciones de Aníbal Romero en su libro Estrategia y política en la era nuclear referidas a los efectos psicológicos producidos en los ejércitos frustrados por sus fracasos en la guerra contrarrevolucionaria, los analistas predicen que de continuar esa colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista algunos oficiales pueden comenzar a pedir un nuevo rol político para el Ejército dentro de España, convencidos de que el programa represivo no puede ser implementado adecuadamente bajo el control un régimen parlamentario y democrático. Enseguida deducirían que el programa antiterrorista requiere la entrada en mayor escala del Ejército en la política.

La evolución de la actitud política de los ejércitos confrontados a estos problemas de lucha antiterrorista o de guerra revolucionaria es significativa, pues muestra que el carácter político influye en todos los participantes y puede producir importantes transformaciones en el instrumento militar antiterrorista. Los ejércitos encargados de suprimir los brotes terroristas terminan, en la mayoría de los casos, por asurmir posturas políticas y reclamar para sí mismos el derecho a gobernar la sociedad, guiados por doctrinas de «seguridad nacional».

«De acuerdo totalmente» fue lacónico comentario escrito a estas observaciones de un general español en activo, que no ha ocultado su oposición a esas colaboraciones ahora requeridas de las Fuerzas Armadas para la lucha antiterrorista, estimadas de dudosa eficacia práctica. En su opinión, las medidas gubernamentales se han dirigido sobre todo a calmar la opinión interior de los ejércitos después de los asesinatos de los dos últimos tenientes coroneles Romeo Rotaeche y Prieto García en Bilbao y Pamplona, respectivamente, a la salida de misa.

Mientras tanto, sigue pendiente una verdadera reestructuración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, lejos de sumar complementariamente sus esfuerzos, trabajan en la concurrencia ocultándose mutuamente la información y pisándose unos a otros los servicios. Mientras no se establezcan con toda claridad las diferentes misiones que competen a la Guardia Civil -policía fiscal, policía rural y de tráfico-, a la Policía Nacional -defensa y restablecimiento del orden público- y al Cuerpo Superior de Policía -información e investigación-, el solapamiento de las atribuciones y competencias seguirá entorpeciendo el trabajo de todos.

La Guardia Civil

El carácter militar de la Guardia Civil ha sido entendido por algunos como base para prorrogar un régimen cuartelario que traba la operatividad real de los efectivos del instituto, asignados a tareas burocráticas, a los oficiales de asistencia, etcétera, más propias muchas veces de personal civil. Cómo explicar aquella afirmación de un antiguo ministro del Interior que aseguraba que más de la mitad de los coroneles de la Guardia Civil tenían sus destinos en Madrid, siendo así que el despliegue territorial ha sido siempre una de las claves del Cuerpo.La Policía Nacional es el Cuerpo que mejor se ha adaptado a los cambios sociales. El breve folleto recientemente editado por su Estado Mayor, donde se resumen los «conocimientos básicos para el aspirante», es un buen ejemplo de ese espíritu modernizador impregnado de respeto constitucional. Así se entiende que comience con la transcripción de los artículos que nuestra norma fundamental dedica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los preceptos más importantes de la ley de la Policía de diciembre de 1978, donde se pone énfasis en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y en la garantía de la seguridad ciudadana.

Los breves antecedentes históricos que el citado folleto aporta sobre la Policía Nacional están escritos en un lenguaje de reconciliación lejos de la crispación de otros textos. Así, cuando menciona el Cuerpo de Seguridad y Asalto creado por la II República y dividido con la guerra de 1936 en las dos zonas y añade que, al margen de cualquier consideración política, es de destacar que todos fuesen fieles a sus mandos, combatieran bravamente y se distinguieran por su eficacia y preparación».

Todo ello ha tenido alguna inicial, respuesta perceptible en el eco encontrado por la última convocatoria para cubrir 2.000 vacantes, de la que dan idea los siguientes datos: más de 11.000 solicitudes presentadas, entre ellas casi un centenar de vascos. Otro baremo significativo lo constituye el hecho de que de un total de 4.000 hombres destinados en el País Vasco, actualmente sólo veinticinco están en calidad de forzosos, siendo el resto voluntarios.

Estructuras arcaicas

En cuanto al Cuerpo Superior de Policía, sigue anclado en estructuras de promoción y sistemas de premios arcaicos que llenan sus filas de insatisfacción. Los hombres que han venido obteniendo la confianza de los diferentes ministros del Interior han tenido larga fama de caciqueos, pero escaso prestigio profesional, salvo excepciones como la de Francisco de Asís Pastor, de cuyos servicios finalmente se prescindió demanera inexplicable cuando había logrado amplia credibilidad democrática y probado alta eficacia multidireccional.Después del clamoroso caso Conesa, uno de los hechos que más entorpece la colaboración popular con la policía, la designación de Ballesteros, parece basada en alegaciones de conocimientos y pasadas eficacias, pero llega lastrada por inconvenientes similares. Su presencia como coordinador del mando único colegido de la lucha antiterrorista deja muy limitadas perspectivas a estos afanes. Además de que el esquema trazado no ofrece garantías de operatividad real.