Los ejemplos en otros países

Las experiencias del funcionamiento del ombudsman municipal han sido estudiados casi exclusivamente en España por el letrado del Tribunal Constitucional Alvaro Gil Robles en su obra El control parlamentario de la Administración (El ombudsman), en cuya reedición actualizada trabaja actualmente.Gil Robles opina que la base legal del ombudsman puede estar en el artículo 137 de la Constitución, donde se habla de la autonomía de los municipios.

En la mencionada publicación de Alvaro Gil Robles se explica que los ejemplos más destacados del ombudsman municipal son las experiencias de Zurich, Jerusalén y algunas ciudades de Estados Unidos. En París esta figura existe, pero con carácter estatal y en Londres se reduce a un comisario que depende del Parlamento británico.

El caso de Zurich

En la ciudad de Zurich, el ombudsman es elegido por el órgano legislativo local (la Corporación municipal) por un tiempo de cuatro años, con posibilidad de ser reelegido. Es independiente frente a la Corporación y al ejecutivo local (la comisión permanente). El cargo es incompatible con cualquier otro trabajo y, por tanto, se le exige dedicación plena y exclusiva. En el ámbito de su competencia caen todos aquellos casos en los que el ciudadano considere faltos de razón, injustos o lesivos para sus intereses. También pueden recurrir a él los extranjeros. Los funcionarios pueden plantear también sus problemas ciudadanos o funcionariales.

La queja puede ser oral o escrita, y a partir de ahí se abre un expediente indagatorio.

Todo el procedimiento es gratuito y en todo momento el ombudsman disfruta de contacto directo con el alcalde, así como el acceso directo a documentos y expedientes.

Respecto a los poderes de que dispone, el fundamental consiste en presentar los informes que elabore ante la Corporación y más tarde a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Carece de poder sancionatorio o acusatorio ante los tribunales.

El ombudsman incluye en sus informes las recomendaciones que considere adecuadas para el caso.

Para realizar este trabajo, el defensor de los derechos cívicos cuenta con un equipo de dos secretarios técnicos ayudantes y con un presupuesto de 137.000 francos suizos, alrededor de siete millones de pesetas.