Retirada la acusación de la Caja de Ahorros de Orense contra su ex director general Ricardo Martín Esperanza
Ha sido retirada la acusación particular de la Caja de Ahorros de Orense contra su ex director general Ricardo Martín Esperanza, en el juicio cuya vista oral se inicia mañana, lunes, en la Sala II del Supremo, por acuerdo de la asamblea general de consejeros de la entidad.
El procedimiento contra el ex director general, antiguo consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, se inició en 1974. El asunto se resumió en los medios informativos como el escándalo, financiero de «lo de Orense». La opinión pública se dividió, considerando, unos, que era el particular Watergate de Ricardo Martín Esperanza, y otros, que se trataba de una maniobra, convirtiéndolo en víctima de una situación de la Caja, que motivó la intervención y tutela del Banco de España hasta hace dos años e hizo prever la fusión de la Caja orensana con otra entidad de crédito gallega para regularizar su gestión.Las implicaciones alcanzaron a ex directores de sucursales, como los de Castro Caldelas y Avión, que fueron juzgados y condenados, respectivamente, a siete y diecisiete años de prisión, así como a fuertes indemnizaciones, sin que pudiese ser procesado el director de la Caja en Verín, que huyó a Venezuela. También se produjeron bajas de empleados de la entidad, entre las que cabe citar la del director de la sucursal de A Rua, hermano del presidente de la Junta de Galicia.
Gracias a las remesas de emigrantes durante el segundo quinquenio de los años sesenta, la Caja orensana experimentó un espectacular crecimiento de su pasivo, el mayor de cuentas de ahorro-emigrante de todas las cajas de España. Coincidiendo con este incremento, la Caja, que dirigió durante veinticinco años Ricardo Martín Esperanza, concedió créditos de importante cuantía a entonces grandes empresas, como la de Barreiros, con mediación de ejecutivos que luego ocuparon cargos ministeriales, y otros, de carácter más extraño, como pueden ser los préstamos concedidos a un fallecido dentista de la familia Martín Esperanza, residente en Sevilla, o a un colegio mayor chino de Madrid.
En el auto de procesamiento contra el ex director general, a quién defiende el catedrático de Penal Ferrer Sama, se le señaló una fianza de mil millones de pesetas. Sin embargo, la petición actual del fiscal de la Sala II del Supremo, por responsabilidades civiles, es de 153 millones de pesetas. En medios próximos a la Caja orensana se indica que gran parte de esa cifra corresponde al pago de «extratipos» abonados, a clientes de esta Caja.
La acusación privada de la entidad fue encomendada al también catedrático de Penal Rodríguez Mourullo. Las acusaciones contra Ricardo Martín fueron de presunta malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y supuestas irregularidades administrativas y contables.
La negativa de que la Caja se personase en la causa, que inicia su vista oral el lunes, fue acordada por los consejeros, en base a que no sufren detrimento los intereses patrimoniales de la entidad, ya que se reserva el derecho a las indemnizaciones que por responsabilidad civil le puedan corresponder y también por razones humanitarias cara al en causado, quien a raíz de la iniciación de este sumario sufrió senos quebrantos de salud que han puesto en peligro su vida en vanas ocasiones.
Por otra parte, fuentes financieras orensanas aseguran la completa ruina del ex director general de la Caja orensana, por su implicación en empresas de Eduardo Barreiros, en la quiebra de las cuales fue alcanzado totalmente.
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