Las compañías eléctricas amenazan con cortar el suministro al Ayuntamiento de Móstoles
Unos cien millones de pesetas adeuda el Ayuntamiento de Móstoles a las compañías Unión Eléctrica e Iberduero por el suministro de energía eléctrica a las dependencias municipales de la localidad y que la Corporación no ha abonado en los últimos años. Las comunicaciones para la ejecución de los, pagos han sido realizadas a través del Gobierno Civil y de la Delegación Provincial de Industria, y en ellas se amenaza con el corte de fluido si no se realiza el pago. Mientras tanto, el Ayuntamiento señala que dichas compañías no han abonado las tasas que les corresponden por distintos conceptos al municipio y que la Administración central le adeuda al municipio unos setecientos millones de pesetas.
«Nos informan que, si no efectuamos los pagos correspondientes, nos cortarán el suministro y no volverán a darnos más servicio», señaló a EL PAIS Bartolomé González, alcalde de Móstoles, quien manifestó que las comunicaciones son una serie de amenazas y condicionamientos hechos a un Ayuntamiento con grandes problemas de financiación. «Todos los ayuntamientos tienen grandes deudas en estos momentos, y nosotros no somos una excepción», indicó el alcalde, que confirmó la deuda de unos cien millones. «Casi simultáneamente nos han llegado dos comunicaciones: una de Unión Eléctrica, a través del Gobierno Civil, y otra de Iberduero, a través de la Delegación de Industria. En ambas nos amenazan y condicionan. Sin embargo», añadió, «tenemos que señalar que estas compañías eléctricas están obligadas a pagar unas tasas a los municipios y por lo menos desde hace cinco años no las pagan».Las dos comunicaciones llegaron a la alcaldía hace poco más de un mes, y en ellas se notificaba al Ayuntamiento las medidas que se podrían tomar si no se efectuaba el pago. Según éstas, se procedería a impugnar los presupuestos municipales si la deuda contraída con ellas no se incluía en los mismos; a la supresión del suministro a todas las dependencias municipales, siempre que no representase un peligro para el orden público y, en caso de corte del fluido, la acción sería de forma definitiva, ya que las compañías no accederían a suministrar energía para ferias ni para ampliación de servicios hasta que no fuese abonada la deuda.
«Lo que hasta ahora no se ha dicho es que estas compañías recurrieron primero a la Delegación Provincial de Hacienda y ésta falló en su contra», señaló asimismo el alcalde, al tiempo que expresaba los motivos que originan las deudas. «Tenemos que hacer grandes esfuerzos», añadió, «para efectuar el pago de las nóminas, para conseguir el mantenimiento de los colegios, para pagar los numerosos servicios municipales de una población cercana a los 200.000 habitantes, mientras el Estado nos está abonando nuestra participación en los impuestos con arreglo al censo de 1975, es decir, cuando contábamos con unos 65.000 residentes. Finalmente, la Administración nos debe cerca de setecientos millones que no acaba de pagarnos».
Un hecho habitual
Al recabar las versiones de las dos compañías eléctricas, EL PAIS se encontró con la ausencia de los responsables del tema. Tras remitir a sus oficinas de Bilbao, en Iberduero señalaron que la persona conocedora del problema no estaba localizable. Sin embargo, a pesar de la ausencia del experto en el tema, en Unión Eléctrica señalaron a este periódico que efectivamente se había comunicado el caso a la Delegación de Industria, pero que no se habían dado los pasos necesarios para proceder al corte de suministro. A su vez, dichas fuentes confirmaron la deuda del Ayuntamiento mostolense e indicaron que no han sido descartadas las acciones para proceder a la suspensión de dicho suministro. Finalmente es de señalar que una de las personas de la compañia que conversó con este periódico dijo textualmente: «Esto es un hecho bastante habitual, ya que nos deben de todos los lados». Por su parte, fuentes del Gobierno Civil señalaron que no es justificativo decir que no se tiene dinero para no pagar, pero que el Gobierno Civil no puede tomar parte en el caso y sólo actuará como mediador y garantizará los servicios mínimos.
Respecto a las deudas de la Administración central con el municipio de Móstoles, Bartolomé González se refirió a la que se le está planteando en estos momentos, «que es muy pequeña en comparación con el total, pero puede servir de ejemplo». Según el alcalde, ante la falta de centros escolares en algunos barrios céntricos del pueblo, se ha tenido que llevar a muchos niños al colegio del Parque Coimbra, situado a seis kilómetros del casco urbano. «Como no les da tiempo a venir a comer a casa a los niños allí escolarizados, el Ayuntamiento», indica el señor González, «consiguió que la Delegación Provincial de Educación les abonase la comida. Pues bien, desde el comienzo de curso no hemos recibido un duro, hemos tenido que adelantar al contratista unas 600.000 pesetas al final del primer trimestre, y ya se le deben al suministrador de los comedores otra cantidad similar. Para colmo, en la Delegación Provincial no se ponen al teléfono ni te atienden, y los ánimos están un poco excitados y podrían producirse problemas de orden público».
Enlazando con este tema, el alcalde señaló que el próximo curso no habrá en Móstoles niños sin escolarizar, pero muchos de los que tienen puesto escolar lo tienen en pésimas condiciones. Indicó que la enseñanza preescolar no existe en Móstoles y los ochocientos alumnos de la formación permanente de adultos sólo cuentan con dos profesores en la actualidad. Precisamente en este último campo es donde el alcalde pone más énfasis. Señala Bartolomé González que a la formación permanente de adultos asisten gran cantidad de muchachos en edades comprendidas entre los catorce y los dieciséis años. «Es fundamental», indica el alcalde, «que esos muchachos tengan cubierto su tiempo, pues la desocupación es una de las fuentes de la delincuencia. Antes teníamos nueve maestros y nos los han reducido a tres. La baja de uno de ellos nos ha dejado casi sin clases».
Hasta ahora, una buena parte de los niños de Móstoles asistían a clase en locales improvisados, tales como centros deportivos y barracones, impropios para la actividad que debería desarrollarse en ellos.
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