La venta de una casa por el arzobispado puede dejar en la calle a siete familias

La operación de compra-venta de una vieja casa del barrio de Embajadores, realizada hace dos años por el arzobispado de Madrid-Alcalá en el precio de medio millón de pesetas, puede llevar al desalojo de las siete familias que hoy todavía la ocupan -cuatro de ellas, pensionistas-, en función del expediente de ruina iniciado el año pasado por los nuevos propietarios del inmueble.

Los hoy todavía vecinos del inmueble creen ver en toda la operación, tanto de venta como de posterior incoación de expediente de ruina, la mano del arzobispado -los compradores no serían, según su versión, más que unos simples testaferros- y la colaboración del Ayuntamiento democrático en un tinglado de especulación urbanística, cosas ambas desmentidas rotundamente por cada uno de los acusados.El edificio en cuestión, una vieja casa de una planta en el número 32 de la calle de Peñuelas, fue construido ya en el siglo pasado y forma parte de la construcción de vecindad -sin llegar a ser una corrala- típica del Madrid del XIX. Tiene trece cuartos, siete de los cuales siguen hoy habitados, en tanto que el resto permanecen semiabandonados, a la espera de que la ruina se cebe en ellos.

La propiedad de la casa correspondía, hace ya años, al obispado de Madrid -en la actualidad arzobispado- como parte integrante del patrimonio de la Congregación de Nuestra Señora del Carmen y Animas Benditas del Purgatorio, jerárquicamente dependiente de la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles.

La citada congregación ofreció, en el año 1978, que los inquilinos que tenían alquilados cuartos en la finca la comprasen. El precio que la congregación puso era de seis millones de pesetas. Los vecinos se negaron a aceptar la operación, unos dicen que esperando que bajaran el precio; otros, aseguran que porque no tenían dinero suficiente.

Lo cierto es que, al cabo del tiempo, concretamente en mayo de 1979, el edificio fue vendido a dos hermanos, los señores José y Juan Béjar Vicente. El precio de esta nueva operación fue sensiblemente inferior a la oferta presentada en su día a los vecinos: medio millón de pesetas.

La escritura de compra-venta fue otorgada ante el notario de Madrid Félix Pastor Ridruejo, uno de los vicepresidentes de Alianza Popular. En ella, a la que pudo tener acceso EL PAIS, se especifica que la compra-venta del edificio se realiza por los dos hermanos, como compradores, y por un representante del arzobispado, Antonio García del Cueto. Dispone este señor de amplísimos poderes de enajenación y compra de bienes inmuebles por cuenta del arzobispado, según consta en el poder que el arzobispo de Madrid, cardenal Enrique y Tarancón, otorgó ante otro notario, Antonio López Fando Rodríguez, en enero de 1978.

La propiedad, condenada a reparar

Los vecinos, que en un principio no aceptaron adquirir la casa por seis millones de pesetas, deciden recurrir a la justicia para conseguir que la nueva propiedad repare los desperfectos que sufre la finca. La demanda es aceptada y, en fallo posterior, el juez decide que ha lugar a la reclamación y condena a los nuevos propietarios a la reparación del edificio.Sin embargo, desde entonces, la reparación no ha sido realizada. Es más, los dos hermanos, nuevos propietarios de la casa, recurren la sentencia y alegan el estado de ruina que, según ellos, padece. La vista del nuevo juicio se celebrará el día 13 de este mismo mes, y los vecinos, hasta entonces, no están dispuestos a que nadie apuntale la casa, tal como pretenden los dueños. Incluso han cerrado el portal con llave para impedir que nadie entre sin su conocimiento previo.

Paralelamente, la propiedad planteó ante la Gerencia Municipal de Urbanismo una solicitud de declaración de ruina de la casa, actualmente en tramitación.

Pero los vecinos no se creen ni que el arzobispado haya vendido el inmueble hace casi dos años, ni que el Ayuntamiento lo que esté haciendo sea investigar si existe o no la ruina en el edificio, de acuerdo a derecho. Para ellos, los nuevos compradores del inmueble son unos testaferros del arzobispado y el Ayuntamiento encubre y favorece una operación especulativa.

Un representante del arzobispado calificó de «absolutamente falsas» las aseveraciones de que la Iglesia fuera quien realmente estuviera manejando la operación y se remitió a las actas notariales existentes en las que se demuestra la venta del edificio. Por parte municipal, las explicaciones son también rotundas: «Lo único que hacemos nosotros es comprobar si una solicitud cursada es legal o no. Y en eso estamos».

Mientras, los vecinos esperan al día 13 para ver si la justicia obliga de una vez a los propietarios a la reparación del edificio, que es lo que ellos, frente a intentos de declaraciones de ruina,-quieren.