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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Del pacto social al pacto político-social

A menudo, el llamado pacto social ha solido ser sinónimo de deshonra y motivo de vilipendio, pero a la hora de la verdad esta agresividad parecía limitarse al reino de las palabras, pues, como señala el profesor Víctor Pérez Díaz -en un reciente y magistral artículo publicado en la revista Papeles, de Economía Española-, «en las sociedades europeas occidentales los obreros han dado y dan su consentimiento como parte de un contrato social a cambio de una participación significativa y creciente en los recursos económicos y políticos de la sociedad». Y así, desde los años cincuenta hasta mediados de los setenta, la historia del movimiento obrero de la Europa occidental se articula en torno a dos procesos fundamentales: «la institucionalización de los mecanismos de voz» y la mejora sustancial (relativa) respecto a salarios, puestos de trabajo y bienestar general. Tampoco este compromiso reformista de los sindicatos debe escandalizar a nadie, hace ahora sesenta años que Gramsci, citando al líder de los mineros norteamericanos, John Lewis, recordaba: «El sindicato forma parte integrante del sistema capitalista. Es un fenómeno tan capitalista como la sociedad anónima».La novedad es que este contrato social empieza a desmoronarse a consecuencia de la crisis actual, que provoca -volvemos al profesor Pérez Díaz- «que los factores que aseguran la acumulación del capital chocan con los términos sustantivos del contrato social», es decir, chocan con el incremento salarial real, el pleno empleo y el bienestar general, y así las cañas se tornan lanzas: congelación/ reducción salarial, desempleo y desmantelamiento del Estado asistencial -«the farewell to the Welfare State», como tan gráficamente lo define, G. Frank. Y es en este momento cuando súbitamente una de las partes rompe el contrato, y la otra, de vacilante táctica y testimonial estrategia, se ve sumida en la perplejidad.

Cómo salir de la crisis

Como viene siendo habitual, las dolencias de las sociedades occidentales se convierten en España en procesos agudos rayanos con la muerte. Para empezar, a los obreros españoles nadie les invitó a participar en ese contrato social, y ahora vienen obligados a soportar tanto las insafisfacciones de su inexistencia Como los sufrimientos de su ruptura. Se enfrentan a la crisis más atónitos, más empobrecidos y más desasistidos que sus compañeros occidentales. ¿Cómo salir de ella? Parece claro -reduciendo el discurso a, categorías simples- que puede haber dos soluciones: el triunfo de una de las partes y la salida pactada.

Es bastante improbable la victoria obrera, y resultaría estremecedora la de su opositor. Estremecedora sí, pero no imposible. Es económicamente viable una drástica involución del sistema capaz de experimentar las teorías del señor Friedman, que acostumbra a contar con los carros de combate como principal aliado económico. En suma, «el liberal-pinochetismo». En plan de «acumulación capitalista primitiva» (salvaje) podría recuperarse la caída de la tasa de ganancia y la formación de capital constante, desmantelando radicalmente la función asistencial del Estado, manteniendo a tres millones de españoles en la indigencia y emprendiendo respecto al resto un proceso de superexplotación. Estremecedora sí, improbable sí, pero no imposible, porque el fascismo -de rostro inhumano, como siempre -existe, todos conocemos a sus evocadores y su proximidad hiede.

No parece, pues, que quede más remedio que construir una estrategia basada en la salida pactada de la crisis, cuyo primer objetivo sea el de la contención, y el siguiente, el de la recuperación. Modesto primer objetivo, por cierto; parece como si se reclamara la ciudadanía del país de la Reina Roja -del fabuloso Alicia en el país de las Maravillas-, a cuyos habitantes les era necesario correr muy de prisa durante mucho tiempo para poder mantenerse en el mismo sitio.

El nuevo contrato social

El instrumento esencial para afrontar la crisis sería un contrato social de nuevo tipo, que podría ser llamado «pacto político-social».

Hasta ahora la negociación colectiva en nuestro país se ha caracterizado por su atomización y su contenido, referido fundamentalmente a salarios y jornada. En estos momentos este modelo de noigociación empieza a resultar ineficaz, se impone la necesidad de concentrar la negociación (y en éste aspecto hay que destacar los aspectos positivos del AMI) y de modificar radicalmente su contenido. Hoy, el contenido del nuevo contrato social pasa por negociar el salario indirecto, el empleoy laparticipación de los trabajadores en los «mecanismos de voz». Objetivos interdependientes que exceden el marco clásico de las relaciones laborales invaden el área política y exigen, por otra parte, una garantía de cumplimiento de lo pactado que sólo puede dar la Administración.

La atomizada negociación del salario directo ha venido ocasio nando el corporativismo de gran empresa, el pagar a trabajos idénticos salarios muy diferentes, el marginar al ejército de parados, etcétera. En suma, lo que se ha conseguido es repartir dinero cada vez entre menos gente para que con este dinero puedan adquirir cada vez menos cosas. La solución pasa necesariamente por que los sindi catos se vuelquen en la negociación del salario indirecto y busquen, más que la defensa salarial individual, la cobertura asistencial del colectivo, y si de lo que se trata es de rearmar el Estado asistencial reforzando los equipamientos colectivos, la sanidad, la educación, los transportes públicos, etcétera, nos, encontraremos con que uno de los agentes básicos de esta negociación será la Administración, lo que indirectamente supondrá la previa concertación política.

A estas alturas resulta tan angustioso y evidente el tema del desempleo que huelga escenificar su dramatismo y cuantificar sus catástrofes. La posibilidad de concluir 1981 con dos millones de parados no es un futurible desdeñable, cifra esta a la que habría que añadir lo que con precisión Aurelio Desdentado denomina «el ejército eventual de reserva dentro de la - población ocupada». La necesidad de un pacto sobre el empleo es acuciante; un pacto que persiga un triple objetivo: la ordenación, reparto y regulación del empleo existente, el re forzamiento del mercado en los sectores cuaternario y quinario y la extensión de la protección del desempleo (recordemos que en el primer trimestre de 1979 el índice de desprotección era del 62,4% y que desde entonces acá se ha incrementado, por desgracia, la escandalosa cifra). Y este tríptico de deseos tampoco se podría conseguir a través de simples acuerdos bilaterales entre las representaciones de trabajadores y empresarios, de nuevo se impondría la presencia de la Administración.

Queda en último lugar que los trabajadores negocien su presencia en los «mecanismos de voz» y que se concrete el ejercicio de sus derechos de expresión, presión, influencia y poder. Si se pretende pactar la salida de la crisis y que dicho pacto se cumpla será imprescindible que participen los trabajadores en aquellos institutos de cuyo comportamiento depende la viabilidad de lo pactado, y, evidentemente, esto no se puede limitar a una presencia testimonial y folklórica en el INEM o en el IMAC, se exigirá un real reparto de poder e influencia en el área de la Seguridad Social y del sector público... Lo que produciría en última instancia también que el Gabinete de Gobierno se invistiera como garante del pacto; garantía que difícilmente podría ofrecer si, por ejemplo, fuera exclusivamente representante de los intereses bancarios y de sus grandes empresas cautivas...

Sobre la base de está triple, y quizá heterodoxa, ambición (salario indirecto/ empleo/ presencia institucional) se estaría en condiciones de pactar el reparto equitativo del sacrificio para salir de la crisis y se estaría entonces en condiciones de hablar de productividad y absentismo, de reorganización y reestructuración industrial, de moderación salarial y paz laboral, con las garantías suficientes de que se iba a cumplir lo pactado.

Hemos puesto muchas cosas en cuestión a la vez, desoyendo el consejo de Popper, para quien todo se puede poner en cuestión, pero no todo a la vez, pero quizá la única salida razonable que nos quede frente a esta terca e impertinente crisis sea a través de un pacto social de nuevo tipo: cuestionarlo todo a la vez y aunar voluntades para concertar una solución entre todos, pues ya comienza a deslumbrar la luz roja de la emergencia.

Marcos Peña es inspector técnico de Trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de febrero de 1981